/ miércoles 25 de mayo de 2022

A Conciencia...

Debido a la escasa atención de parte de las autoridades, los especialistas de la salud mental hemos levantado la voz desde siempre y señalado que se ha tomado a la salud mental como bandera política y adorno discursivo. Demagogia pura y nula empatía parece ser la formula que utilizan.

La pandemia vino a desnudar a todo el sistema de salud. Se demostró que no estábamos preparados para enfrentar una emergencia sanitaria de tal magnitud y mucho menos, para lidiar con las secuelas de la misma, en específico, las que inciden en nuestra salud mental.

En consecuencia, las autoridades tenían que reaccionar de alguna manera y hace unas semanas se reformó la Ley General de Salud, que busca que la pirámide de atención se invierta y sea la prevención de las enfermedades mentales a través de la atención comunitaria la que cobre mayor peso, ya que de por sí hay un presupuesto paupérrimo para la salud mental y el mismo es absorbido casi en su totalidad por los hospitales psiquiátricos. Por esta razón, se pretende seguir la tendencia mundial de desaparición de los mismos para terminar con el modelo asilar y que la atención se brinde en hospitales generales.

En Durango no ha sido la excepción. El alto índice de suicidios ha hecho que la autoridad voltee para hacer algo al respecto más por la presión social que por convencimiento. Desde el Congreso del Estado la diputada Gabriela Hernández López tuvo una gran movilidad en torno a la implementación de la Ley de Salud Mental. Se trabajó en el proyecto y se pretendía que fuera reforzado por expertos en la materia, sólo que en nuestro estado quedó demostrado que si no eres funcionario no eres experto.

Se llevó a cabo un foro con especialistas en salud mental, pero se dejó de lado a la mayoría. De 38 médicos especialistas en psiquiatría en el estado, únicamente fueron convocados dos, las directoras del ISMED y del Hospital de Salud Mental que, por supuesto tienen mucho que aportar, pero hay más profesionales que pueden abonar con su experiencia. De psicólogos ni hablamos, pues en las imágenes había si acaso tres, cuando hay muchas universidades formadoras de profesionistas e instituciones con personal que podrían aportar mucho.

Mucho menos se tomó en cuenta a profesionistas de la enfermería, educación, pedagogía, terapia de la comunicación humana, trabajo social, entre otros. Simplemente para los legisladores locales estas profesiones prácticamente no tienen importancia en el tema que abordamos. Para ellos es más importante decir que se puede participar a través de internet para que dichas propuestas sean enviadas al baúl de las cosas sin relevancia, como comúnmente sucede con todo lo que hacen.

Lo que mal empieza mal acaba. Siempre hay que agradecer el interés y las buenas intenciones, pero ya ha quedado demostrado que con esto no es suficiente. Habrá que esperar la presentación con bombo y platillo de la ley de salud mental para que, por desgracia, luego quede como letra muerta.

Debido a la escasa atención de parte de las autoridades, los especialistas de la salud mental hemos levantado la voz desde siempre y señalado que se ha tomado a la salud mental como bandera política y adorno discursivo. Demagogia pura y nula empatía parece ser la formula que utilizan.

La pandemia vino a desnudar a todo el sistema de salud. Se demostró que no estábamos preparados para enfrentar una emergencia sanitaria de tal magnitud y mucho menos, para lidiar con las secuelas de la misma, en específico, las que inciden en nuestra salud mental.

En consecuencia, las autoridades tenían que reaccionar de alguna manera y hace unas semanas se reformó la Ley General de Salud, que busca que la pirámide de atención se invierta y sea la prevención de las enfermedades mentales a través de la atención comunitaria la que cobre mayor peso, ya que de por sí hay un presupuesto paupérrimo para la salud mental y el mismo es absorbido casi en su totalidad por los hospitales psiquiátricos. Por esta razón, se pretende seguir la tendencia mundial de desaparición de los mismos para terminar con el modelo asilar y que la atención se brinde en hospitales generales.

En Durango no ha sido la excepción. El alto índice de suicidios ha hecho que la autoridad voltee para hacer algo al respecto más por la presión social que por convencimiento. Desde el Congreso del Estado la diputada Gabriela Hernández López tuvo una gran movilidad en torno a la implementación de la Ley de Salud Mental. Se trabajó en el proyecto y se pretendía que fuera reforzado por expertos en la materia, sólo que en nuestro estado quedó demostrado que si no eres funcionario no eres experto.

Se llevó a cabo un foro con especialistas en salud mental, pero se dejó de lado a la mayoría. De 38 médicos especialistas en psiquiatría en el estado, únicamente fueron convocados dos, las directoras del ISMED y del Hospital de Salud Mental que, por supuesto tienen mucho que aportar, pero hay más profesionales que pueden abonar con su experiencia. De psicólogos ni hablamos, pues en las imágenes había si acaso tres, cuando hay muchas universidades formadoras de profesionistas e instituciones con personal que podrían aportar mucho.

Mucho menos se tomó en cuenta a profesionistas de la enfermería, educación, pedagogía, terapia de la comunicación humana, trabajo social, entre otros. Simplemente para los legisladores locales estas profesiones prácticamente no tienen importancia en el tema que abordamos. Para ellos es más importante decir que se puede participar a través de internet para que dichas propuestas sean enviadas al baúl de las cosas sin relevancia, como comúnmente sucede con todo lo que hacen.

Lo que mal empieza mal acaba. Siempre hay que agradecer el interés y las buenas intenciones, pero ya ha quedado demostrado que con esto no es suficiente. Habrá que esperar la presentación con bombo y platillo de la ley de salud mental para que, por desgracia, luego quede como letra muerta.

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