Julius Hermann von Kirchmann, nació en 1802 en Merseburg, y murió en octubre de 1884 en Berlín. Hijo del mayor del electorado Sajonia. Inició estudios de Derecho en la Universidad de Leipzig.
Trasladándose después a la de Halle, donde finalmente se graduó. Fue asesor de justicia y cuatro años más tarde Juez Penal. Presidente de la Cámara de Apelación de Querfurt. Para 1846 se estableció en Berlín donde fue designado procurador del rey.
Kirchmann, en su calidad de procurador del Estado de Prusia, pronunció una conferencia resonante en la que negó radicalmente el carácter científico del derecho por su incapacidad de reflejarse en conceptos definitivos ya que su objeto cambiante lo impedía. “El sol, la luna, las estrellas, dijo Kirchmann, brillan hoy como hace milenios, la rosa sigue floreciendo hoy como en el paraíso; el derecho, en cambio, ha variado con el tiempo. El matrimonio, la familia, el Estado, han pasado por las formas más variadas… Si tras largos esfuerzos se han llegado a descubrir las leyes de la naturaleza y de sus fuerzas, esas leyes valen tanto para el presente como para los tiempos primitivos y seguirán siendo verdaderas en el porvenir. No sucede, en cambio, lo mismo con la disciplina del derecho… Dos palabras rectificadoras del legislador bastan para convertir bibliotecas enteras en basura”.
Esto dijo el controvertido jurisconsulto, citado por los más variados cultivadores de la Filosofía del Derecho. En una primera instancia es atribuible su teoría al Poder Legislativo. En efecto, es el legislador con sus pésimas leyes, mal redactadas; peor aún, mal escritas y así promulgadas, es el que crea el caos y la confusión en su aplicación. Los legisladores ignoran por completo la sociología jurídica, disciplina que los ayudaría a probar y comprobar la eficacia del derecho.
Es decir, cuando éste se cumple efectivamente en la sociedad, toda vez que para que el derecho exista, la ley es condición necesaria más no suficiente para que se aplique en la colectividad, esto solamente se demuestra con las herramientas proporcionadas por esa asignatura fundada por Augusto Comte, aunque es lo que menos importa a los hacedores de la ley que se la viven pensando en la reelección u otro peldaño.
Por esto es de capital importancia, el pronunciamiento hecho por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que admite abiertamente la crisis que campea en nuestro máximo tribunal, dada la arraigada corrupción en los tribunales, cuando dijo que si la corrupción es inadmisible en cualquier acto gubernamental, es más grave cuando lo que se vende es la justicia. El ministro aceptó que el Poder Judicial y más específicamente los jueces y tribunales, están completamente alejados de la sociedad de los justiciables y cerca de poderes fácticos a quienes sirven atendiendo otro tipo de intereses.
Desde luego que el estado de cosas dominante y predominante en el poder judicial no es de ahora y no es nuevo, por el contrario han sido del dominio público las actuaciones de jueces, magistrados y los propios ministros. Como caso icónico esta la reciente salida de Eduardo Medina Mora, que por obscuros subterfugios llegó primero a la PGR y posteriormente a la Corte sin ningún otro antecedente que su apego a grupos e intereses facciosos y sus conexiones parlamentarias. Hubo de huir, si no es que lo corrieron, cuando salió a la luz pública su cuantiosa fortuna, inexplicable desde cualquier ángulo toda vez que no corresponde a los salarios percibidos por más exagerados que fueran, como son los más de seiscientos mil pesos percibidos en este cargo.
A partir pues de la “mea culpa” del ministro Zaldívar en todo el poder judicial federal, no queda ninguna oportunidad de defender el pernicioso desempeño de los tribunales estatales, que corren la misma suerte de aquellos. Aún con un instituto de capacitación no han logrado preparar a sus funcionarios. La ineptitud, ignorancia, abulia, holgazanería e irresponsabilidad, también son corrupción.
Le aseguro a usted mi querido lector que no obstante el panal de títulos y certificados de “doctores”, “maestros” o “especialistas” otorgados por sabrá Dios qué escueluchas, los juzgadores en este caso de nuestro estado no pasan un examen.
