Caso de la doctora A. Calvillo, más dudas que respuestas
Lo sucedido en Durango en recientes fechas en torno al caso de la doctora Azucena Calvillo Carrillo, trabajadora del IMSS y del Hospital 450, ha tenido alcance más allá de las fronteras del territorio nacional.
La opinión pública ha oscilado desde la incredulidad y el enojo hasta la risa y el asombro. Y es que ya no es sólo lo acontecido a la médico especialista, sino el hecho de que quienes han manejado o asesorado todo este asunto desde las oficinas del Bicentenario, insulten la inteligencia de la sociedad al pensar que creerá cosas tan inverosímiles.
Más allá de si la doctora era culpable o inocente no existe duda alguna, sus derechos humanos fueron vulnerados y se dio una flagrante violación al debido proceso, causando gran molestia al gremio médico y sociedad en general con la dicotomía de pasar de ser el héroe al villano.
Irónicamente, mientras el Senado mexicano otorgaba la medalla Belisario Domínguez al personal del sistema nacional de salud por la incansable lucha contra el Covid-19, en Durango, se le criminalizaba ipso facto a una mujer integrante de este sistema. ¿Por qué motivo? Esa es una interrogante que debe de ser respondida a la brevedad.
En el Bicentenario se actuó tarde. Sin reflejos políticos. Hasta que los diversos gremios del sistema de salud y sociedad en general manifestaron al unísono el repudio del actuar de la Fiscalía, vieron cómo el agua les llegaba hasta el cuello. Aún es hora en que todos los analistas políticos se preguntan a quién escucha el gobernador, porque es evidente que, si realizamos un análisis longitudinal de su gobierno, ha tenido crisis provocadas desde adentro, las cuales han tratado de resolver de manera burda, torpe y hasta insultante.
Lo irónico, es que siguen ahí contra todo pronóstico. Si algo ha dejado a desear el sexenio de Rosas Aispuro aparte del cambio que nunca llegó, ha sido la operación y comunicación política deficiente, nulo reflejo político y toma de decisiones de manera tardía, así como la impartición de justicia de manera selectiva.
Aunque por orden del gobernador se retiraron los cargos a Azucena Calvillo (cuestión que confirma que no existe la independencia pregonada entre la Fiscalía y el poder ejecutivo), más que cerrar el caso, aún quedan muchas preguntas al aire que tienen que ser respondidas por alguien. Lo prudente en este caso sería la separación temporal del cargo de la fiscal Ruth Medina Alemán y que se investigue a fondo para poder disipar cualquier duda, pues la credibilidad de esta institución está más mermada que nunca.
Con influyentismo o sin éste de parte de la doctora Silva Delfin, delegada del IMSS en Tamaulipas, no hay que olvidar que existe una víctima: Su hermano, el magistrado Silva Delfin, a quien a pesar de todo lo sucedido, no se le puede dejar en ese estado de indefensión.
No se puede seguir gobernando al estilo de los setentas y sólo dar carpetazo al asunto. La sociedad ya no acepta esta forma de gobierno. No hay gobernanza ni gobernabilidad, no hay autocrítica ni aceptación de personas que disientan. Esperemos que tome la mejor decisión en este momento, aunque sea en el final de su sexenio. Esta situación no puede quedar en borrón y cuenta nueva, se necesitan respuestas ante el hecho más vergonzoso que hemos tenido en la historia reciente.
EN EL TINTERO… De todo lo negativo hay que resaltar la oportuna intervención de Sergio González Romero, secretario de Salud, quién de cierta manera dejó de lado su cargo para exigir justicia… Cada día queda más claro que Esteban Villegas tiene una gran cercanía con el titular del poder ejecutivo estatal, de otra manera, este caso lo habría explotado mediática y políticamente al ser médico, pero se limitó a observarlo desde la “sana distancia” con unas cuantas declaraciones.
