En esta grave crisis de salud que no vemos cuando termine, como sociedad y ciudadanos hemos incurrido en omisiones, como por ejemplo la movilidad social, el uso adecuado de cubrebocas, entre otras cosas. Cuando las autoridades de salud pública hicieron de nuestro conocimiento que nos enfrentábamos al virus más peligroso de la historia de la humanidad, se nos repitió hasta el cansancio los protocolos preventivos que tenemos que hacer, que dependen de cada uno de nosotros, de forma individual y colectiva, y no de un presidente de la República, gobernador de un Estado, un secretario de Salud federal o estatal. En este contexto, las autoridades están haciendo la parte que les corresponde, pero por más que hagan, si nosotros no hacemos la nuestra, nada ni nadie podrá salvarnos.
Independientemente de los llamados que nos hagan las autoridades responsables de salud, no hay que olvidar que tienen facultades legales para obligarnos a respetar los protocolos, llegado el momento, para que este virus no se siga propagando como hasta la fecha sucede aquí en Durango y los fallecimientos que tanto lamentamos y que pudimos evitarlos. En los Congresos federales y estatales, les corresponde a las diputadas y diputados legislar nuestras leyes, para nosotros los ciudadanos cumplirlas. Viene esto a colación por la reciente ley aprobada hace unos días en el Congreso del Estado, la que tiene que ver con el uso obligatorio del cubrebocas para todos como medida preventiva y con el objeto de bajar el número de contagios, principalmente en nuestro municipio, ya que ocupamos un honroso segundo lugar después de Chihuahua.
Por la aprobación de esta ley, el Consejo Estatal Ciudadano que dirige Jorge Clemente Mojica Vargas, en un comunicado enviado a la diputada Sandra Amaya, Carlos Maturino y Esteban Villegas Villareal en su calidad de coordinadores parlamentarios de sus respectivos partidos, expresó su desacuerdo sobre cómo se aprobó dicha ley. El reclamo de dicho consejo es que las medidas coercitivas establecidas en esta ley son discriminatorias, ya que considera que van dirigidas “A sectores que mayoritariamente sí están cumpliendo, donde los contagios son claramente menores como son empresas, comercios, restaurantes e instituciones”. De acuerdo a Jorge Clemente Mojica Vargas, en dicha ley no hay piso parejo. Lo que el ingeniero Mojica quiso decir, o todos coludos o todos rabones.
El desacuerdo con los diputados que votaron por la ley por parte del Consejo Estatal Ciudadano, afirma que no se les da importancia a los sectores donde hay más riesgo de contagio. Que es “el de la población que se moviliza y se reúne sin acatar las medidas básicas de prevención, específicamente el uso correcto del cubrebocas”. Tenemos que partir de la premisa de que esta ley es de las llamadas autoaplicativas, que son obligatorias desde el momento en el que se publican en el diario oficial del Estado. Ante cualquier violación por un ciudadano, se deberá aplicar la sanción que corresponda. No sería malo recordar que en nuestro país no existen leyes privativas, las leyes son para todos, incluyendo para quienes las aprueban. Las sociedades más felices son aquellas que respetan la legalidad.
