/ sábado 15 de febrero de 2020

¿A quién le creemos?

De un tiempo a la fecha, en Durango todo se dirime en los medios impresos, electrónicos y las redes sociales, cuando tenemos instituciones y órganos jurisdiccionales competentes para interponer querellas, demandas o denuncias.



Hace apenas unos cuantos días, el diputado Esteban Villegas Villarreal, la SCT, Miguel Ángel Reveles de la CAMIC, Antonio Bracho director de Seguridad Pública Municipal y Sandra Amaya diputada por Morena estuvieron en los medios por distintas razones. Esos son sólo unos ejemplos, pero todos los días, las figuras públicas aprovechan todo para estar en los medios y en las redes sociales.

El presidente de la JUCOPO del Congreso, Esteban Villegas -que por cierto dio una prueba de que se puede ser plural con el nombramiento de la mesa directiva-, arremetió contra la SCT por el delicado tema de las licitaciones públicas, competencia de esta instancia federal. El diputado cuestionó la asignación de las obras en perjuicio de los constructores locales. Afirmó que podría haber posibles actos de corrupción al asignar los contratos, ya que no es posible que los últimos lugares resulten los beneficiados y por coincidencia o casualidad son para compañías foráneas. Por supuesto que la SCT reviró: Que las empresas locales en 2019 fueron 93 las beneficiadas por sólo 30 foráneas. Hicieron público que en 2020, de 79 licitaciones de 38, 31 son para los locales y 7 de otros estados.

¿Alguna autoridad competente tomó nota de estos hechos? No podía faltar el tercero en discordia: Miguel Ángel Reveles. El Presidente de los constructores capítulo Durango declaró a los medios que desde hace mucho tiempo se les asigna el 20% de la obra federal por eso en 2019 el sector perdió 9 mil empleos. Los datos de Miguel Ángel Reveles no coinciden con la SCT. ¿Quién dice la verdad, el Presidente de la CAMIC o la instancia federal? Lo más lógico sería que los dos organismos convocaran a una rueda de prensa y con las pruebas del caso se le aclare a la sociedad lo que realmente sucede… ¿Quién dijo yo?

Otro tema que ha dado mucho de qué hablar es el que protagonizaron Antonio Bracho Marrufo y Sandra Amaya. Esto empezó por el supuesto robo de un automóvil propiedad de un familiar de la diputada, quien supuestamente le pidió al funcionario la solución inmediata y de no hacerlo acudiría a los medios con la intención de dañar su imagen. Así lo declaró el funcionario municipal.

De la misma forma, Antonio Bracho recurrió a los medios para denunciar lo dicho por Sandra Amaya y que por ningún motivo permitiría las supuestas amenazas de Sandra. Lo mismo que en los casos anteriores: No sabemos dónde quedó la bolita, o si al final hubo arreglo con las disculpas respectivas. ¡Benditos medios!

De un tiempo a la fecha, en Durango todo se dirime en los medios impresos, electrónicos y las redes sociales, cuando tenemos instituciones y órganos jurisdiccionales competentes para interponer querellas, demandas o denuncias.



Hace apenas unos cuantos días, el diputado Esteban Villegas Villarreal, la SCT, Miguel Ángel Reveles de la CAMIC, Antonio Bracho director de Seguridad Pública Municipal y Sandra Amaya diputada por Morena estuvieron en los medios por distintas razones. Esos son sólo unos ejemplos, pero todos los días, las figuras públicas aprovechan todo para estar en los medios y en las redes sociales.

El presidente de la JUCOPO del Congreso, Esteban Villegas -que por cierto dio una prueba de que se puede ser plural con el nombramiento de la mesa directiva-, arremetió contra la SCT por el delicado tema de las licitaciones públicas, competencia de esta instancia federal. El diputado cuestionó la asignación de las obras en perjuicio de los constructores locales. Afirmó que podría haber posibles actos de corrupción al asignar los contratos, ya que no es posible que los últimos lugares resulten los beneficiados y por coincidencia o casualidad son para compañías foráneas. Por supuesto que la SCT reviró: Que las empresas locales en 2019 fueron 93 las beneficiadas por sólo 30 foráneas. Hicieron público que en 2020, de 79 licitaciones de 38, 31 son para los locales y 7 de otros estados.

¿Alguna autoridad competente tomó nota de estos hechos? No podía faltar el tercero en discordia: Miguel Ángel Reveles. El Presidente de los constructores capítulo Durango declaró a los medios que desde hace mucho tiempo se les asigna el 20% de la obra federal por eso en 2019 el sector perdió 9 mil empleos. Los datos de Miguel Ángel Reveles no coinciden con la SCT. ¿Quién dice la verdad, el Presidente de la CAMIC o la instancia federal? Lo más lógico sería que los dos organismos convocaran a una rueda de prensa y con las pruebas del caso se le aclare a la sociedad lo que realmente sucede… ¿Quién dijo yo?

Otro tema que ha dado mucho de qué hablar es el que protagonizaron Antonio Bracho Marrufo y Sandra Amaya. Esto empezó por el supuesto robo de un automóvil propiedad de un familiar de la diputada, quien supuestamente le pidió al funcionario la solución inmediata y de no hacerlo acudiría a los medios con la intención de dañar su imagen. Así lo declaró el funcionario municipal.

De la misma forma, Antonio Bracho recurrió a los medios para denunciar lo dicho por Sandra Amaya y que por ningún motivo permitiría las supuestas amenazas de Sandra. Lo mismo que en los casos anteriores: No sabemos dónde quedó la bolita, o si al final hubo arreglo con las disculpas respectivas. ¡Benditos medios!