/ lunes 8 de agosto de 2022

Acontecer Político

El llamado que realizó el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP), tanto a la administración estatal, como a los 39 municipios del estado, pone el dedo en la llaga ante las complicaciones financieras que vive el Gobierno del Estado, así como algunos municipios de la entidad, como es el caso del Mezquital.

De esta manera, todos los sujetos obligados tienen que cumplir a cabalidad con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; la Ley de Archivos para el Estado y Ley para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Durango.

Una vez que el gobernador electo, Esteban Villegas Villarreal, designó como coordinadora a Marcela Andrade Martínez y como parte de este equipo a Jesús Salazar Ibarra, Héctor Vela Valenzuela, y a José Erick Israel Gómez; así como parte del gobierno saliente al secretario general de Gobierno, Jorge Clemente Mojica, la contralora Raquel Arreola, la coordinadora del gabinete Rosario Castro y al secretario de Finanzas, Arturo Díaz Medina.

El organismo autónomo no dudó en convocar a las autoridades a dejar fuera las simulaciones, para que se realice un proceso serio y detallado en cada una de las dependencias y áreas del gobierno estatal, como en cada uno de los ayuntamientos.

Muchos se preguntarán en qué ayuda realizar este proceso protocolario en las administraciones de gobierno; pero este mecanismo permitirá y facilitará a los gobiernos entrantes tomar decisiones entorno a las acciones de habrán de realizar en base a las condiciones económicas que existan en cada una de ellas.

Si bien, es un proceso que implica integrar expedientes, revisiones posteriores y que involucra a todas y todos los funcionarios, es un evento impostergable que debe realizarse en la conclusión del periodo legal de administración o bien cuando hay un cambio de titular..

Sin embargo, la entrega-recepción también servirá para analizar la posibilidad de realizar algunos cambios en las dependencias de gobierno, lo que muchos llaman una “reingeniería en la administración”, como el caso de fusionar algunas oficinas ante los problemas financieros que se enfrentan.

En lo que se refiere al municipio de la capital, se habla de que se cuenta con finanzas sanas, lo que permitirá concluir con un proceso de entrega-recepción en un corto plazo.

Hay que recordar que los problemas financieros que tuvo que enfrentar Jorge Salum del Palacio, por herencia de la administración anterior, fue la deuda de 150 millones de pesos a proveedores, misma que a la fecha se redujo de manera considerable en este trienio.

Pero será hasta finalizar este esquema que los nuevos gobernantes tendrán una visión clara de las condiciones que prevalecen en cada área de gobierno.

El llamado que realizó el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP), tanto a la administración estatal, como a los 39 municipios del estado, pone el dedo en la llaga ante las complicaciones financieras que vive el Gobierno del Estado, así como algunos municipios de la entidad, como es el caso del Mezquital.

De esta manera, todos los sujetos obligados tienen que cumplir a cabalidad con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; la Ley de Archivos para el Estado y Ley para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Durango.

Una vez que el gobernador electo, Esteban Villegas Villarreal, designó como coordinadora a Marcela Andrade Martínez y como parte de este equipo a Jesús Salazar Ibarra, Héctor Vela Valenzuela, y a José Erick Israel Gómez; así como parte del gobierno saliente al secretario general de Gobierno, Jorge Clemente Mojica, la contralora Raquel Arreola, la coordinadora del gabinete Rosario Castro y al secretario de Finanzas, Arturo Díaz Medina.

El organismo autónomo no dudó en convocar a las autoridades a dejar fuera las simulaciones, para que se realice un proceso serio y detallado en cada una de las dependencias y áreas del gobierno estatal, como en cada uno de los ayuntamientos.

Muchos se preguntarán en qué ayuda realizar este proceso protocolario en las administraciones de gobierno; pero este mecanismo permitirá y facilitará a los gobiernos entrantes tomar decisiones entorno a las acciones de habrán de realizar en base a las condiciones económicas que existan en cada una de ellas.

Si bien, es un proceso que implica integrar expedientes, revisiones posteriores y que involucra a todas y todos los funcionarios, es un evento impostergable que debe realizarse en la conclusión del periodo legal de administración o bien cuando hay un cambio de titular..

Sin embargo, la entrega-recepción también servirá para analizar la posibilidad de realizar algunos cambios en las dependencias de gobierno, lo que muchos llaman una “reingeniería en la administración”, como el caso de fusionar algunas oficinas ante los problemas financieros que se enfrentan.

En lo que se refiere al municipio de la capital, se habla de que se cuenta con finanzas sanas, lo que permitirá concluir con un proceso de entrega-recepción en un corto plazo.

Hay que recordar que los problemas financieros que tuvo que enfrentar Jorge Salum del Palacio, por herencia de la administración anterior, fue la deuda de 150 millones de pesos a proveedores, misma que a la fecha se redujo de manera considerable en este trienio.

Pero será hasta finalizar este esquema que los nuevos gobernantes tendrán una visión clara de las condiciones que prevalecen en cada área de gobierno.