Sin remedio: por el poder, los políticos, amigos y grupos de interés, seguirán litigando en los medios y no en las instancias competentes. Juan Carlos Corral, un asesor que cobra muy caro y Ernesto Aguilar, siguen siendo los voceros del senador de la República José Ramón Enríquez Herrera. Estos dos personajes, por segunda ocasión convocaron a una rueda de prensa con el objeto, según ellos, de presentar pruebas irrefutables para poner en claro dónde se encuentran los famosos 14 millones de pesos que la autoridad municipal había asegurado fueron transferidos a distintas cuentas bancarias. Y, por supuesto, la sociedad tiene derecho de estar informada sobre qué se hace con nuestros impuestos.
Otra cosa es que se pretenda que se presenten las pruebas en ruedas de prensa y se den como ciertas, cuando el procedimiento es hacerlo en las instancias competentes, que éstas formen parte de una carpeta de investigación y sean, durante el proceso, desahogadas en el momento oportuno. Volvemos a decir: tenemos el derecho de ser informados de lo que sucede en Durango, y los medios son, sin duda, el mejor instrumento para que lleguen a la opinión pública. De acuerdo a Ernesto Aguilar, 9 de los 14 millones de pesos están sustentados y documentados. Qué más quisiéramos, pero llegar al fondo del asunto le compete a la Fiscalía Anticorrupción, instancia donde el Municipio presentó la denuncia formal por el faltante de los 14 millones de pesos.
Aprovechando el viaje, otro tema que dará mucho de qué hablar es el contrato que se firmó con una empresa para cambiar el alumbrado público, del que se ha comentado hay un sobreprecio de 800 millones de pesos, lo cual, de resultar cierto, serían posibles delitos. La Fiscalía Anticorrupción, al tener conocimiento ya debería estar tomando cartas en el asunto. Dicho contrato pasó por todas las instancias correspondientes, comisiones, se votó en el Cabildo y fue aprobado en el Congreso del Estado, lo cual lo hace legal. Y estuvo bien, pero no fue lo correcto. Valga la analogía: hoy Emilio Lozoya tiene graves problemas porque firmó un contrato para vender una empresa con un sobreprecio de 260 millones de dólares, y esto en cualquier lugar se llama corrupción. Si hubo irregularidades en el contrato, la actual administración municipal tiene la obligación de aclarar estos hechos, y no de manera política o mediática, sino por la vía legal en los órganos que correspondan. No vaya a suceder lo mismo de siempre, que convocan a ruedas de prensa y de esa forma mandan mensajes políticos para 2021 y 2022.
Ni un centavo de nuestros impuestos debe ir a parar al bolsillo de los funcionarios públicos por la sencilla razón de que los recursos públicos son de la sociedad, y dichos funcionarios sólo los administran con la obligación de ser transparentes en el manejo de dichos recursos. Ya es tiempo de que en Durango se aplique en serio la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos por la vía que corresponda, según sea el caso, administrativa o penal.
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