/ domingo 18 de agosto de 2019

Alumnos de Aguilera jamás cambiarán sus tácticas de presión

Hace exactamente un año que la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, se encontraba en las primeras planas de la prensa local y nacional, donde a ocho columnas se daba cuenta a la opinión pública de un homicidio, provocado al interior de la institución, derivado de los excesos rudos de las famosas y tradicionales novatadas.

Dicho crimen hasta la fecha no ha sido lo suficientemente aclarado, pese a que se hizo el simulacro de encarcelar a meros chivos expiatorios, pero que alguien esté purgando la condena como el verdadero culpable, ni de broma.

Después de lo complicado que se tornó dicho delito para no cumplir con la justicia, y dar por cerrado el caso, al final se ventiló que los padres de la víctima en una posición deleznable y poco digna, aceptaron la indemnización que las autoridades les ofrecieron, a cambio de que las cosas quedaran ahí, mientras que de los autores materiales y sus cómplices; como el caso de Camelia y el dinero, “nunca más se supo nada”.

Es muy lamentable que después de repasar esa página vergonzosa de impunidad, esa cultura estudiantil exhiba de nuevo su poderío, sin matizar siquiera sus tácticas de presión, tomando como trincheras de combate la sede de la Secretaría de Educación y otras dependencias oficiales; además el secuestro de vehículos de empresas particulares que nada tenían que ver, pero que en el fondo mucho ayudaban a que se activaran las negociaciones.

Si estas acciones son el filón de oro que les reditúa, jamás estarán dispuestos a cambiar sus tácticas de presión. De ahí que no rehúyen a la confrontación ni al cierre de instituciones. Han recurrido a ello durante toda su trayectoria y, evidentemente saben manejarlo con maestría. Por eso saben exactamente cómo exhibirse ante la opinión pública y cómo apretar ante las autoridades para lograr las concesiones que se proponen.

Saben medir los tiempos y en qué momento dar el golpe. Saben en qué puntos pegar del enemigo a doblegar, haciendo gala de la movilización y en los momentos álgidos rehuir a la negociación, a la que la mayoría de las veces evaden mañosamente para ganar tiempo y de ahí reactivar la combatividad que los lleva siempre a salirse con la suya.

De ahí que sus tácticas ladinas y marrulleras sean el As rentable de sus deseos. A tal grado que sus demandas no están sujetas a ceder ni un milímetro en el terreno de la negociación. Lo que obliga muchas veces a las autoridades correspondientes a no negociar por debajo de la mesa, cosas que rebasan su competencia y que por el bien de la gobernabilidad sean otras las que no tengan empacho en comprometerse.

La ciudadanía se queja del abuso de que son objeto las instituciones gubernamentales, ya que a la fecha no ha visto ningún freno en la conciencia de los estudiantes y el epicentro de sus excesos sigue ninguneado, ya que la anarquía y poderío que muestran a cada instante, la institución adolece de parapetos que sirven para dar fe soterrada de los acontecimientos y que en base al desahogo que reflejan, se deduce que su supuesta autoridad está ahí sólo para legitimar los usos y costumbres.

La gente se queja del abandono que sufren las dependencias cuando son víctimas del atropello. La ciudadanía reprocha el abandono en que se encuentra la seguridad. La fuerza pública está replegada, por no decir escondida, mientras la expresión del exceso estudiantil estrangula las actividades oficiales.

El largo historial, muestra las evidencias de la tolerancia que siempre se les ha dispensado a los alumnos de Aguilera. De ahí que los estudiantes que en la actualidad están bajo su tutela profesional, no temen las consecuencias que implican sus acciones y movimientos. Pareciera que las vías siempre están libres para que actúen a sus anchas y descalificar cualquier llamado a la razón, a la que hacen caso omiso, dada la costumbre de torcerla en aras de la conveniencia que los mueve.

Lanzaron a la opinión pública un manifiesto muy sui géneris, que en ningún momento justificaba el peso de sus planteamientos, con el tamaño de sus excesos. Lo que dio pie para pensar que ese escrito era sólo un distractor para la ciudadanía y un pretexto para disfrazar el verdadero fondo del movimiento, que estriba en exigir en corto y por debajo de la mesa las plazas que no acreditaron ante los lineamientos del Servicio Profesional docente.

Dicho conflicto emanado por la inconformidad de no obtener plaza todos los egresados, los llevó a tomar el camino de la rijosidad, donde las pulsiones de pugilistas, los exhibieron ante la opinión pública como los continuadores y trasmisores a la vez, de la cultura del mocho del marro para transigir siempre la fuerza de la razón.

Es de sobra conocido que la osadía de estos estudiantes no practica la mesura, ni reconoce las buenas formas con que se les trata. No existe juego pequeño en la estrategia de sus exigencias; ni límites en forzar el proceso de la selección de plazas ni el número a ocupar de éstas. De ahí que la propaganda disfrazada que enviaron sus voceros a los medios de comunicación, implicaba a las autoridades en un serio desafío.

Desafío al que le tuvieron que entrarle, dada la responsabilidad que representan ante la educación de los niños y la exigencia de quienes tienen el derecho a ejercerla. Desafortunadamente los estudiantes se han crecido tanto que han hecho del derecho de petición una exigencia ilimitada, donde la genialidad de las autoridades, sólo sirve para que conceda sus deseos.

Sin lugar a dudas que la exigencia es radical y la solución no es posible en el marco del derecho, aunque en el hecho, ahí permea la interrogante. Cierto que la reforma educativa anterior contemplaba una drástica admisión al magisterio, ahora no debe ser laxa, pero sí justa, donde la parte solicitante debe reflexionar entre el uso y el abuso.

La opinión pública conoce perfectamente los límites legales que no puede rebasar la autoridad educativa. Por eso, blindada en un manto de institucional decoro, admite algunas veces que sean otras instancias las que condesciendan con “pájaros de cuenta” y que en el inventario de los daños y perjuicios no tengan recato en aplicarles “el borrón y cuenta nueva”.

Hace exactamente un año que la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, se encontraba en las primeras planas de la prensa local y nacional, donde a ocho columnas se daba cuenta a la opinión pública de un homicidio, provocado al interior de la institución, derivado de los excesos rudos de las famosas y tradicionales novatadas.

Dicho crimen hasta la fecha no ha sido lo suficientemente aclarado, pese a que se hizo el simulacro de encarcelar a meros chivos expiatorios, pero que alguien esté purgando la condena como el verdadero culpable, ni de broma.

Después de lo complicado que se tornó dicho delito para no cumplir con la justicia, y dar por cerrado el caso, al final se ventiló que los padres de la víctima en una posición deleznable y poco digna, aceptaron la indemnización que las autoridades les ofrecieron, a cambio de que las cosas quedaran ahí, mientras que de los autores materiales y sus cómplices; como el caso de Camelia y el dinero, “nunca más se supo nada”.

Es muy lamentable que después de repasar esa página vergonzosa de impunidad, esa cultura estudiantil exhiba de nuevo su poderío, sin matizar siquiera sus tácticas de presión, tomando como trincheras de combate la sede de la Secretaría de Educación y otras dependencias oficiales; además el secuestro de vehículos de empresas particulares que nada tenían que ver, pero que en el fondo mucho ayudaban a que se activaran las negociaciones.

Si estas acciones son el filón de oro que les reditúa, jamás estarán dispuestos a cambiar sus tácticas de presión. De ahí que no rehúyen a la confrontación ni al cierre de instituciones. Han recurrido a ello durante toda su trayectoria y, evidentemente saben manejarlo con maestría. Por eso saben exactamente cómo exhibirse ante la opinión pública y cómo apretar ante las autoridades para lograr las concesiones que se proponen.

Saben medir los tiempos y en qué momento dar el golpe. Saben en qué puntos pegar del enemigo a doblegar, haciendo gala de la movilización y en los momentos álgidos rehuir a la negociación, a la que la mayoría de las veces evaden mañosamente para ganar tiempo y de ahí reactivar la combatividad que los lleva siempre a salirse con la suya.

De ahí que sus tácticas ladinas y marrulleras sean el As rentable de sus deseos. A tal grado que sus demandas no están sujetas a ceder ni un milímetro en el terreno de la negociación. Lo que obliga muchas veces a las autoridades correspondientes a no negociar por debajo de la mesa, cosas que rebasan su competencia y que por el bien de la gobernabilidad sean otras las que no tengan empacho en comprometerse.

La ciudadanía se queja del abuso de que son objeto las instituciones gubernamentales, ya que a la fecha no ha visto ningún freno en la conciencia de los estudiantes y el epicentro de sus excesos sigue ninguneado, ya que la anarquía y poderío que muestran a cada instante, la institución adolece de parapetos que sirven para dar fe soterrada de los acontecimientos y que en base al desahogo que reflejan, se deduce que su supuesta autoridad está ahí sólo para legitimar los usos y costumbres.

La gente se queja del abandono que sufren las dependencias cuando son víctimas del atropello. La ciudadanía reprocha el abandono en que se encuentra la seguridad. La fuerza pública está replegada, por no decir escondida, mientras la expresión del exceso estudiantil estrangula las actividades oficiales.

El largo historial, muestra las evidencias de la tolerancia que siempre se les ha dispensado a los alumnos de Aguilera. De ahí que los estudiantes que en la actualidad están bajo su tutela profesional, no temen las consecuencias que implican sus acciones y movimientos. Pareciera que las vías siempre están libres para que actúen a sus anchas y descalificar cualquier llamado a la razón, a la que hacen caso omiso, dada la costumbre de torcerla en aras de la conveniencia que los mueve.

Lanzaron a la opinión pública un manifiesto muy sui géneris, que en ningún momento justificaba el peso de sus planteamientos, con el tamaño de sus excesos. Lo que dio pie para pensar que ese escrito era sólo un distractor para la ciudadanía y un pretexto para disfrazar el verdadero fondo del movimiento, que estriba en exigir en corto y por debajo de la mesa las plazas que no acreditaron ante los lineamientos del Servicio Profesional docente.

Dicho conflicto emanado por la inconformidad de no obtener plaza todos los egresados, los llevó a tomar el camino de la rijosidad, donde las pulsiones de pugilistas, los exhibieron ante la opinión pública como los continuadores y trasmisores a la vez, de la cultura del mocho del marro para transigir siempre la fuerza de la razón.

Es de sobra conocido que la osadía de estos estudiantes no practica la mesura, ni reconoce las buenas formas con que se les trata. No existe juego pequeño en la estrategia de sus exigencias; ni límites en forzar el proceso de la selección de plazas ni el número a ocupar de éstas. De ahí que la propaganda disfrazada que enviaron sus voceros a los medios de comunicación, implicaba a las autoridades en un serio desafío.

Desafío al que le tuvieron que entrarle, dada la responsabilidad que representan ante la educación de los niños y la exigencia de quienes tienen el derecho a ejercerla. Desafortunadamente los estudiantes se han crecido tanto que han hecho del derecho de petición una exigencia ilimitada, donde la genialidad de las autoridades, sólo sirve para que conceda sus deseos.

Sin lugar a dudas que la exigencia es radical y la solución no es posible en el marco del derecho, aunque en el hecho, ahí permea la interrogante. Cierto que la reforma educativa anterior contemplaba una drástica admisión al magisterio, ahora no debe ser laxa, pero sí justa, donde la parte solicitante debe reflexionar entre el uso y el abuso.

La opinión pública conoce perfectamente los límites legales que no puede rebasar la autoridad educativa. Por eso, blindada en un manto de institucional decoro, admite algunas veces que sean otras instancias las que condesciendan con “pájaros de cuenta” y que en el inventario de los daños y perjuicios no tengan recato en aplicarles “el borrón y cuenta nueva”.