/ viernes 18 de octubre de 2019

Autonomía financiera en tiempos de austeridad

“La austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente”.- Solón

Uno de los pilares de la autonomía constitucional de entes como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional Electoral (INE) entre otros de la misma naturaleza jurídica es sin duda la autonomía financiera.

Es decir, la capacidad de formular su propio presupuesto y ejercerlo conforme a la ley sin injerencia del Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. Dicha autonomía financiera va de la mano con la autonomía técnica y la autonomía de gestión que también debe caracterizar a los órganos constitucionales autónomos.

Sólo desde el interior de las instituciones se conocen adecuadamente sus necesidades y se está en condiciones de analizar y poner sobre la mesa aquello que resulta indispensable para un mejoramiento tanto de la operatividad como de la funcionalidad.

Sin embargo, queda claro que a los ojos de la ciudadanía algunas de estas instituciones no justifican los millones de pesos que se les asignan presupuestalmente año con año, por lo que la legitimidad con la que se conducen en su actuar queda de alguna manera en entredicho.

Por ejemplo, el INE ha solicitado para 2020 un presupuesto de casi 12,500 millones de pesos, al mismo tiempo que los partidos políticos no han cumplido por entero su eterna promesa de reducir los recursos con los que operan; la CNDH tuvo en 2019 un presupuesto de poco menos de 2,000 millones de pesos, mientras que otro órgano autónomo como es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), contó con un poco menos de 1,000 millones de pesos.

Asimismo, la nueva lógica que ha intentado implementar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador gira en torno a la denominada “austeridad republicana”, a partir de la cual se busca limitar lo más que se pueda el gasto, promover el ahorro y evitar a toda costa la serie de lujos, dispendios y derroches que llegaron a caracterizar a otros gobiernos.

Con este nuevo principio que en realidad siempre debió haber estado previsto en la vida pública mexicana, se persigue que las instituciones funcionen únicamente con lo necesario, lo cual sin embargo puede llegar a contradecirse con ese viejo adagio de que nunca habrá presupuesto que alcance, tanto en la infraestructura como en los recursos humanos que laboran en las oficinas públicas.

En razón de lo anterior, a finales del mes pasado las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados se manifestaron en contra de la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consistente en reducirles casi 2,000 millones de pesos a varios organismos autónomos, pues al decir de estas fuerzas políticas se buscaba asfixiarlos y debilitarlos, además de que se observaba un embate del gobierno federal contra estos entes, lo cual es un ataque a la institucionalidad y a la vida democrática del país.

En contraparte, Mario Delgado, coordinador de Morena, apuntó que siempre hay espacio para la austeridad republicana y se puede encontrar un gasto excesivo e innecesario, por lo que se tiene que hacer más con menos a efecto de que los recursos se destinen al bienestar de la población.

Racionalizar el gasto siempre será fundamental de acuerdo con lo que demanda la sociedad civil; por otro lado, los órganos constitucionales autónomos en su conjunto son oficinas estratégicas del Estado mexicano que han venido a imponer una nueva mecánica en las relaciones políticas y en los pesos y contrapesos del entramado social. Sin dinero no pueden funcionar pero hay que colocar todo en su justa dimensión y en su preciso contexto, en aras también del bien común.

La autonomía financiera debe ser vista entonces como un espacio de posibilidades constitucionales, políticas y sociales para que los entes autónomos funcionen como es debido sin incurrir en los viejos esquemas del pasado a partir de los cuales el dispendio era la directriz, era la excepción y no la regla.

Los presupuestos deben ser elaborados cada vez más con una visión apegada a la realidad social que se vive, a la desaceleración que puede llegar a caracterizar a la economía mundial -la mexicana incluida, por supuesto-, y a los escenarios en donde el dinero público tiene que ser aprovechado solventemente. Sin un ejercicio adecuado de los recursos económicos que son de todos los mexicanos, nunca sobra recordarlo, no hay presupuesto ni dinero que valga. Entenderlo es en definitiva una tarea compartida.

Así las cosas, si bien es cierto que a los órganos constitucionales autónomos hay que defenderlos siempre, pues detrás de ellos no están tanto sus actuales titulares sino un conjunto de conquistas ciudadanas que han costado mucho y no necesariamente dinero, más que tiempos de sombras, los momentos actuales deben ser de expectativa y de poder plantear posibilidades creativas para una ingeniería financiera adecuada.

“La austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente”.- Solón

Uno de los pilares de la autonomía constitucional de entes como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional Electoral (INE) entre otros de la misma naturaleza jurídica es sin duda la autonomía financiera.

Es decir, la capacidad de formular su propio presupuesto y ejercerlo conforme a la ley sin injerencia del Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. Dicha autonomía financiera va de la mano con la autonomía técnica y la autonomía de gestión que también debe caracterizar a los órganos constitucionales autónomos.

Sólo desde el interior de las instituciones se conocen adecuadamente sus necesidades y se está en condiciones de analizar y poner sobre la mesa aquello que resulta indispensable para un mejoramiento tanto de la operatividad como de la funcionalidad.

Sin embargo, queda claro que a los ojos de la ciudadanía algunas de estas instituciones no justifican los millones de pesos que se les asignan presupuestalmente año con año, por lo que la legitimidad con la que se conducen en su actuar queda de alguna manera en entredicho.

Por ejemplo, el INE ha solicitado para 2020 un presupuesto de casi 12,500 millones de pesos, al mismo tiempo que los partidos políticos no han cumplido por entero su eterna promesa de reducir los recursos con los que operan; la CNDH tuvo en 2019 un presupuesto de poco menos de 2,000 millones de pesos, mientras que otro órgano autónomo como es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), contó con un poco menos de 1,000 millones de pesos.

Asimismo, la nueva lógica que ha intentado implementar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador gira en torno a la denominada “austeridad republicana”, a partir de la cual se busca limitar lo más que se pueda el gasto, promover el ahorro y evitar a toda costa la serie de lujos, dispendios y derroches que llegaron a caracterizar a otros gobiernos.

Con este nuevo principio que en realidad siempre debió haber estado previsto en la vida pública mexicana, se persigue que las instituciones funcionen únicamente con lo necesario, lo cual sin embargo puede llegar a contradecirse con ese viejo adagio de que nunca habrá presupuesto que alcance, tanto en la infraestructura como en los recursos humanos que laboran en las oficinas públicas.

En razón de lo anterior, a finales del mes pasado las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados se manifestaron en contra de la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consistente en reducirles casi 2,000 millones de pesos a varios organismos autónomos, pues al decir de estas fuerzas políticas se buscaba asfixiarlos y debilitarlos, además de que se observaba un embate del gobierno federal contra estos entes, lo cual es un ataque a la institucionalidad y a la vida democrática del país.

En contraparte, Mario Delgado, coordinador de Morena, apuntó que siempre hay espacio para la austeridad republicana y se puede encontrar un gasto excesivo e innecesario, por lo que se tiene que hacer más con menos a efecto de que los recursos se destinen al bienestar de la población.

Racionalizar el gasto siempre será fundamental de acuerdo con lo que demanda la sociedad civil; por otro lado, los órganos constitucionales autónomos en su conjunto son oficinas estratégicas del Estado mexicano que han venido a imponer una nueva mecánica en las relaciones políticas y en los pesos y contrapesos del entramado social. Sin dinero no pueden funcionar pero hay que colocar todo en su justa dimensión y en su preciso contexto, en aras también del bien común.

La autonomía financiera debe ser vista entonces como un espacio de posibilidades constitucionales, políticas y sociales para que los entes autónomos funcionen como es debido sin incurrir en los viejos esquemas del pasado a partir de los cuales el dispendio era la directriz, era la excepción y no la regla.

Los presupuestos deben ser elaborados cada vez más con una visión apegada a la realidad social que se vive, a la desaceleración que puede llegar a caracterizar a la economía mundial -la mexicana incluida, por supuesto-, y a los escenarios en donde el dinero público tiene que ser aprovechado solventemente. Sin un ejercicio adecuado de los recursos económicos que son de todos los mexicanos, nunca sobra recordarlo, no hay presupuesto ni dinero que valga. Entenderlo es en definitiva una tarea compartida.

Así las cosas, si bien es cierto que a los órganos constitucionales autónomos hay que defenderlos siempre, pues detrás de ellos no están tanto sus actuales titulares sino un conjunto de conquistas ciudadanas que han costado mucho y no necesariamente dinero, más que tiempos de sombras, los momentos actuales deben ser de expectativa y de poder plantear posibilidades creativas para una ingeniería financiera adecuada.