/ martes 26 de julio de 2022

Ceguera legislativa LGBTTTIQ

Las diputadas y diputados de las últimas 4 legislaturas en Durango han decidido de motu proprio no discutir y votar la reforma que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo, no obstante que es un Derecho Humano reconocido en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que en términos claros significa padecer de ceguera legislativa.

Y es que los legisladores duranguenses, como expertos que son en el tema de hacer leyes, deben saber que los hechos, escenarios y acontecimientos sociales son las pautas que dictan el contenido de la ley, vamos, son las llamadas fuentes reales o materiales del Derecho.

Más allá de aspectos morales, religiosos, de creencias particulares o de ideología partidista, el matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo es un hecho que ocurre en la realidad, por lo que materialmente genera diversos escenarios y acontecimientos sociales que deben ser regulados jurídicamente para evitar anomias.

Es importante señalar que una de las funciones que tiene el Estado es la de proveer de los medios necesarios para que los individuos alcancen un mínimo de bienestar social; es inconcuso que uno de los medios que en gran medida facilitan el acceso a ese estado de bienestar es la ley, porque lo establece en igualdad de condiciones para todos, de ahí que el Estado tenga la obligación de crearla bajo esos parámetros.

Me parecen desafortunadas las declaraciones del diputado Benítez Ojeda cuando dice que “cada quien –refiriéndose a sus compañeros diputados- vote conforme a su conciencia”. No, se equivoca, los legisladores deben votar en función a la voluntad de sus representados y en atención a lo que sea necesario para que el Estado colme sus fines; la decisión tiene que quedar en la conciencia de quien es libre de optar si se casa o no, independientemente de la conciencia de las y los diputados.

Hace unos meses los legisladores duranguenses se regodeaban porque elevaron a rango constitucional el “Derecho a la Paz en Durango”; el presidente de la JUGOCOPO, López Pescador, dijo que “la reforma consolida el cumplimiento a lo relativo al Estado de Derecho”; el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo García, señaló que este Derecho “favorecerá el desarrollo personal, familiar y social de la entidad”. El tema es contradictorio: legislan un escenario que no se materializará en los hechos pero no legislan para materializar un escenario que ya es un hecho.

Las diputadas y diputados de las últimas 4 legislaturas en Durango han decidido de motu proprio no discutir y votar la reforma que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo, no obstante que es un Derecho Humano reconocido en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que en términos claros significa padecer de ceguera legislativa.

Y es que los legisladores duranguenses, como expertos que son en el tema de hacer leyes, deben saber que los hechos, escenarios y acontecimientos sociales son las pautas que dictan el contenido de la ley, vamos, son las llamadas fuentes reales o materiales del Derecho.

Más allá de aspectos morales, religiosos, de creencias particulares o de ideología partidista, el matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo es un hecho que ocurre en la realidad, por lo que materialmente genera diversos escenarios y acontecimientos sociales que deben ser regulados jurídicamente para evitar anomias.

Es importante señalar que una de las funciones que tiene el Estado es la de proveer de los medios necesarios para que los individuos alcancen un mínimo de bienestar social; es inconcuso que uno de los medios que en gran medida facilitan el acceso a ese estado de bienestar es la ley, porque lo establece en igualdad de condiciones para todos, de ahí que el Estado tenga la obligación de crearla bajo esos parámetros.

Me parecen desafortunadas las declaraciones del diputado Benítez Ojeda cuando dice que “cada quien –refiriéndose a sus compañeros diputados- vote conforme a su conciencia”. No, se equivoca, los legisladores deben votar en función a la voluntad de sus representados y en atención a lo que sea necesario para que el Estado colme sus fines; la decisión tiene que quedar en la conciencia de quien es libre de optar si se casa o no, independientemente de la conciencia de las y los diputados.

Hace unos meses los legisladores duranguenses se regodeaban porque elevaron a rango constitucional el “Derecho a la Paz en Durango”; el presidente de la JUGOCOPO, López Pescador, dijo que “la reforma consolida el cumplimiento a lo relativo al Estado de Derecho”; el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo García, señaló que este Derecho “favorecerá el desarrollo personal, familiar y social de la entidad”. El tema es contradictorio: legislan un escenario que no se materializará en los hechos pero no legislan para materializar un escenario que ya es un hecho.