Dicen los contrarios a Andrés Manuel López Obrador, que fracasó la consulta ciudadana del pasado domingo, que fueron muchos millones de pesos gastados inútilmente.
Contundentemente respondió AMLO a sus adversarios que no hubiera costado nada dicha consulta si se hubiera agregado una boleta más en las elecciones pasadas referente a lo que se le preguntaba al pueblo, pero se negaron y exigieron que se dejara para después, consabidamente del costo millonario del que hoy se escandalizan.
Y para variar el INE les juntó piedras a los contrarios a este ejercicio con múltiples exabruptos, mañas, triquiñuelas y cosas indebidas que saben hacer porque ya tienen callo en esas trapacerías y por instrucciones seguramente de Lorenzo Córdoba.
Algo para reflexionar. Hace unos días en la CDMEX metieron a prisión a un matrimonio por una denuncia de una asociación protectora de animales, ya que según los denunciantes torturaron y mataron a un perro. Pero resulta que el perro estaba atacando al hijo de ese matrimonio y a otra persona más. Opinamos que cualquier papá o mamá haría lo mismo al ver a un perro atacando a su hijo que dada la ferocidad del can puso en riesgo la vida del infante. Les preguntamos a los defensores a ultranza de los animales ¿qué hacen contra la autoridad cuando ésta expide permiso a los cazadores para asesinar venados, cóconos, jabalíes, aves, borregos silvestres, etc.?
En qué momento han alzado la voz cuando en los conejillos de indias, ratones, etc. se experimenta en ellos inyectándoles substancias nocivas, les dan alimentos transgénicos, etc. provocándoles graves tumores, llagas cancerígenas, padecimientos mortales, etc. Cuando se engordan pollos, cerdos, ganado vacuno, caprino, etc. y luego se les mata con métodos no muy tiernos y luego nos los comemos. Luego entonces y como en el primer caso ¿importa más la vida de un animal que la de un humano en peligro? ¿O como en los casos posteriormente citados por qué no actúan esas asociaciones en defensa de los animales?
En otro tema, hace unos días la diputada local Sandra Anaya, exigió el despido inmediato de un funcionario del municipio de Guadalupe Victoria por el presunto trato misógino ejercido por el precitado funcionario en contra de una dama a través de las redes sociales, señalamiento público hecho en las páginas de este medio.
Qué bien que la diputada en mención salga en defensa de las damas y que de comprobarse el ilícito caiga el peso de la ley sobre el presunto infractor. No se puede aceptar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres dice la legisladora, (y lo decimos nosotros también), ya sea física, psicológica o sexual, pues la quejosa le solicitó información al demandado y no sólo no atendió la petición de la ofendida, sino que a cambio recibió insultos. ¿Por qué arreglos callaría la legisladora cuando se trató de sancionar al misógino del Congreso, Antonio Ochoa o ‘lord huevos’ por faltarle al respeto públicamente a ella?
Pero y al respecto surge un cuestionamiento hacia la diputada y es el siguiente: Si legalmente es punible un acto de misoginia trátese de quien se trate, igualmente debe sancionarse lo que sería la contraparte, es decir un trato despectivo, discriminatorio y humillante en contra de una persona o grupo de varones por parte de una dama y que el término más común ajustado a los hechos es calificado como “feminazi”.
Nos explicamos: Hace meses se le hizo llegar un escrito por parte de una asociación civil. En su oficina recibieron oficialmente hace un año un escrito de esa asociación pero se les negó ser recibidos por esa legisladora que porque no estaban agendados y estaba muy ocupada, que dejaran su teléfono y luego se comunicarían con ellos y vueltas y vueltas a su oficina y nada de entrevista ni de llamada.
En primer lugar se violó en derecho de audiencia, luego, se dio un trato discriminatorio, ya que la legisladora es de la corriente de la derecha aunque ocupe inmerecidamente un escaño por Morena y los solicitantes son del grupo de la izquierda y por ser varones los reclamantes, ella actuó como feminista, por lo tanto no es congruente su conducta al defender, (acertadamente), a las damas contra la misoginia y por otro lado ejercer violencia de género en el caso que nos ocupa. ¿Quién podría sancionar estos hechos? Nadie, sólo el poder legislativo, pero como el presidente de la Jucopo es su cuatacho, pues ahí quedaría todo.
Por eso el pueblo ya no les cree nada a los políticos, (salvo muy honrosas excepciones), aunque juren en las campañas que son los mejores, que siempre estarán de puertas abiertas, que velarán por los intereses del pueblo y muchas mentiras más. Lo que sí prometen los afectados, que harán llegar sus reclamos a Mario Delgado y en la primera oportunidad a ya saben quién.
