/ viernes 19 de octubre de 2018

Comentarios constitucionales

Estado de Derecho en las entidades federativas

Hace apenas algunos días se presentó por parte de World Justice Project, el Índice de Estado de Derecho en México 2018, enfocado a las Perspectivas y experiencias en las 32 entidades federativas, y de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en los ocho factores que fueron evaluados, la gran mayoría de ellas obtuvo puntajes por debajo de la calificación media en una escala de cero a uno (en el que uno es mayor respeto al Estado de Derecho), lo cual será objeto de reflexión y comentarios.

Conviene aclarar que los ocho factores a evaluar son los siguientes: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil y Justicia penal. Cada uno de esos factores se subdivide en subfactores, por ejemplo, en Orden y seguridad hay tres subfactores: ausencia de homicidios, ausencia de crimen y si las personas se sienten seguras.

Los resultados obtenidos no son de extrañar a persona alguna, pues al dar seguimiento al Índice de Estado de Derecho, se puede uno percatar que nuestro país se posicionó, el año pasado, en el lugar noventa y dos de ciento trece, lo que vino a representar que bajó cuatro posiciones, lo cual no es halagüeño para la sociedad y el Estado mexicanos.

Lo novedoso de este año es que la organización independiente y multidisciplinaria antes mencionada decidió realizar la medición del Estado de Derecho en el ámbito de las entidades federativas, lo cual permite conocer lo que acontece en cada una de ellas, cuya realidad es diferente.

En efecto, el contexto y las particularidades que existen en cada una de las entidades federativas hace que el puntaje varíe y que unas salgan mejor evaluadas que otras, por ejemplo, Nuevo León es la que saca el puntaje más alto en el factor “Límites al poder gubernamental”, lo cual es comprensible debido a que el titular del Poder Ejecutivo fue candidato sin partido, y en el Congreso las y los legisladores que triunfaron en la contienda electoral sí fueron postulados por algún partido político, y le han hecho mayor contrapeso; en el factor “Gobierno abierto”, el de más alto puntaje fue la Ciudad de México, en donde existe una ciudadanía muy participativa y un gobierno que muestra mayor apertura; en el factor “Derechos fundamentales”, el estado de Guerrero se coloca en el último lugar, pues sabemos por diversas estadísticas y notas periodísticas que es alto el número de homicidios, por lo que es obvio que allí es más baja la garantía efectiva del derecho a la vida.

En cuanto al estado de Durango, en promedio general, ocupó el noveno lugar, es decir, está mejor evaluado que 23 entidades federativas, sin embargo, se encuentra por debajo de la calificación media en la escala de cero a uno, lo que no es nada gratificante.

Conviene aclarar que los puntajes se obtuvieron con base en las experiencias y percepciones de veinticinco mil seiscientas personas en las treinta y dos entidades federativas. A ese respecto es importante subrayar que la perspectiva ciudadana constituye una herramienta valiosa que invita a emprender acciones que cambien no solamente las percepciones, sino también la realidad que nos toca vivir cada día, la cual percibimos en nuestro actuar diario, así como a través de datos estadísticos y de los medios de comunicación.

El presidente electo, una vez que tome posesión del cargo, tendrá la gran responsabilidad de emprender acciones para fortalecer el Estado de Derecho a partir de cada uno de los factores que lo componen, pero no es el único responsable, pues los gobiernos locales son corresponsables en la esfera de su competencia de conformidad con las atribuciones que les concede el ordenamiento jurídico, y también la sociedad que debe empoderarse para exigir mayor participación en la toma de decisiones, reclamar las violaciones a sus derechos y denunciar los actos de corrupción.

El inicio de un nuevo periodo presidencial constituirá una gran oportunidad para que se fortalezca el Estado de Derecho, no debemos dejar pasar esa coyuntura para hacer cambios estructurales en los temas a que me he referido.

Estado de Derecho en las entidades federativas

Hace apenas algunos días se presentó por parte de World Justice Project, el Índice de Estado de Derecho en México 2018, enfocado a las Perspectivas y experiencias en las 32 entidades federativas, y de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en los ocho factores que fueron evaluados, la gran mayoría de ellas obtuvo puntajes por debajo de la calificación media en una escala de cero a uno (en el que uno es mayor respeto al Estado de Derecho), lo cual será objeto de reflexión y comentarios.

Conviene aclarar que los ocho factores a evaluar son los siguientes: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil y Justicia penal. Cada uno de esos factores se subdivide en subfactores, por ejemplo, en Orden y seguridad hay tres subfactores: ausencia de homicidios, ausencia de crimen y si las personas se sienten seguras.

Los resultados obtenidos no son de extrañar a persona alguna, pues al dar seguimiento al Índice de Estado de Derecho, se puede uno percatar que nuestro país se posicionó, el año pasado, en el lugar noventa y dos de ciento trece, lo que vino a representar que bajó cuatro posiciones, lo cual no es halagüeño para la sociedad y el Estado mexicanos.

Lo novedoso de este año es que la organización independiente y multidisciplinaria antes mencionada decidió realizar la medición del Estado de Derecho en el ámbito de las entidades federativas, lo cual permite conocer lo que acontece en cada una de ellas, cuya realidad es diferente.

En efecto, el contexto y las particularidades que existen en cada una de las entidades federativas hace que el puntaje varíe y que unas salgan mejor evaluadas que otras, por ejemplo, Nuevo León es la que saca el puntaje más alto en el factor “Límites al poder gubernamental”, lo cual es comprensible debido a que el titular del Poder Ejecutivo fue candidato sin partido, y en el Congreso las y los legisladores que triunfaron en la contienda electoral sí fueron postulados por algún partido político, y le han hecho mayor contrapeso; en el factor “Gobierno abierto”, el de más alto puntaje fue la Ciudad de México, en donde existe una ciudadanía muy participativa y un gobierno que muestra mayor apertura; en el factor “Derechos fundamentales”, el estado de Guerrero se coloca en el último lugar, pues sabemos por diversas estadísticas y notas periodísticas que es alto el número de homicidios, por lo que es obvio que allí es más baja la garantía efectiva del derecho a la vida.

En cuanto al estado de Durango, en promedio general, ocupó el noveno lugar, es decir, está mejor evaluado que 23 entidades federativas, sin embargo, se encuentra por debajo de la calificación media en la escala de cero a uno, lo que no es nada gratificante.

Conviene aclarar que los puntajes se obtuvieron con base en las experiencias y percepciones de veinticinco mil seiscientas personas en las treinta y dos entidades federativas. A ese respecto es importante subrayar que la perspectiva ciudadana constituye una herramienta valiosa que invita a emprender acciones que cambien no solamente las percepciones, sino también la realidad que nos toca vivir cada día, la cual percibimos en nuestro actuar diario, así como a través de datos estadísticos y de los medios de comunicación.

El presidente electo, una vez que tome posesión del cargo, tendrá la gran responsabilidad de emprender acciones para fortalecer el Estado de Derecho a partir de cada uno de los factores que lo componen, pero no es el único responsable, pues los gobiernos locales son corresponsables en la esfera de su competencia de conformidad con las atribuciones que les concede el ordenamiento jurídico, y también la sociedad que debe empoderarse para exigir mayor participación en la toma de decisiones, reclamar las violaciones a sus derechos y denunciar los actos de corrupción.

El inicio de un nuevo periodo presidencial constituirá una gran oportunidad para que se fortalezca el Estado de Derecho, no debemos dejar pasar esa coyuntura para hacer cambios estructurales en los temas a que me he referido.

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