/ martes 12 de marzo de 2019

Comentarios constitucionales

Las enseñanzas en torno a la creación de la nueva guardia nacional

Con la aprobación de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, producto de la iniciativa del Grupo Parlamentario de MORENA presentada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 20 de noviembre del año pasado, se crea una nueva institución policial de carácter civil para realizar la función del Estado, una vez que entren en vigor la reformas constitucionales.

Consiste en la seguridad pública cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. La denominación de dicha institución es: “Guardia Nacional”.

Desde el momento que se presentó la iniciativa me llamó poderosamente la atención que se propusiera la denominación: “Guardia Nacional”, habida cuenta que se trataba de una institución que ya estaba consagrada en nuestra Ley Fundamental, que tuvo su origen en mil ochocientos cuarenta y seis y que combatió, en el siglo diecinueve en momentos sumamente difíciles para nuestra patria, primero a las tropas norteamericanas y, después, a las fuerzas invasoras francesas, y que fue consagrada constitucionalmente.

En tal virtud, lo que se hizo fue tomar para la nueva institución policial el nombre ya existente de “Guardia Nacional”, y en lugar de lo que históricamente ésta representaba, se establecen los “cuerpos de reserva”.

A mi juicio, hubiera sido preferible denominarla: “Guardia Civil”, y preservar el nombre de “Guardia Nacional” para la heroica institución que fue producto de nuestra historia, pero sobre todo conservarla en su integridad, aún cuando sabemos que en el pasado hubo momentos en que algunos gobernadores la utilizaron para satisfacer sus propios intereses.

La aprobación de la creación de la nueva Guardia Nacional nos aporta un cúmulo de enseñanzas que debemos aquilatar en toda su extensión. A continuación, mencionaré algunas de ellas que me parece importante comentar.

En primer lugar, las reformas constitucionales fueron aprobadas de forma contundente por el órgano revisor de la Constitución General de la República compuesto por el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, gracias a las negociaciones y a los acuerdos alcanzados por las diversas fuerzas políticas representadas en dichos órganos legislativos, de tal manera que cada una de ellas tuvo que ceder en algo de sus propuestas y aceptar otras de sus contrapartes.

De lo contrario, tal vez se hubiera aprobado, pero con la votación mínima exigida por el artículo ciento treinta y cinco constitucional y no hubiera tenido la misma legitimidad.

En segundo lugar, destacó la participación de organizaciones de la sociedad civil y de especialistas en la materia que mostraron una postura firme a favor del respeto a los derechos humanos, en contra de la militarización del país y para que se fijaran un plazo para el regreso de los militares a sus cuarteles.

Obviamente, que se facilitó que externaran sus opiniones por el parlamento abierto, que me parece un paso adecuado para concretar la participación ciudadana y fortalecer la deliberación.

En tercer lugar, nos pudimos percatar de las capacidades y del temple de personajes que, aunque se consideran parte del grupo en el poder, disintieron, en principio, de la propuesta inicial al estar en juego intereses que van más allá de la seguridad pública, como fue el caso de Tatiana Clouthier, que seguramente le ha de haber generado críticas de gente radical de tal grupo. También destacaron personajes con amplia capacidad negociadora como Ricardo Monreal, algunos gobernadores, líderes de partidos de oposición y ciertos integrantes del gabinete del titular del Poder Ejecutivo de la Unión.

Por último, se puso de manifiesto la fuerza e importancia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al influir en la redacción final los estándares internacionales fijados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, tal como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esencialmente, en las sentencias que ha emitido en contra de México.

Sinceramente, hago votos porque su creación, como parte de una estrategia que debe haber para acabar con la violencia, ayude a resolver el grave problema de seguridad pública que nos aqueja para generar y preservar el orden público y la paz social, aunque estoy consciente que falta aún mucho camino por recorrer, basta mencionar que en el terreno legislativo se deberá expedir la ley que regula a la Guardia Nacional, otra que se refiere a su inserción dentro del sistema nacional de seguridad pública y las referentes al uso de la fuerza y al registro de detenciones; además, lo esencial, ponerla en operación y que obtenga los resultados esperados.

Las enseñanzas en torno a la creación de la nueva guardia nacional

Con la aprobación de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, producto de la iniciativa del Grupo Parlamentario de MORENA presentada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 20 de noviembre del año pasado, se crea una nueva institución policial de carácter civil para realizar la función del Estado, una vez que entren en vigor la reformas constitucionales.

Consiste en la seguridad pública cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. La denominación de dicha institución es: “Guardia Nacional”.

Desde el momento que se presentó la iniciativa me llamó poderosamente la atención que se propusiera la denominación: “Guardia Nacional”, habida cuenta que se trataba de una institución que ya estaba consagrada en nuestra Ley Fundamental, que tuvo su origen en mil ochocientos cuarenta y seis y que combatió, en el siglo diecinueve en momentos sumamente difíciles para nuestra patria, primero a las tropas norteamericanas y, después, a las fuerzas invasoras francesas, y que fue consagrada constitucionalmente.

En tal virtud, lo que se hizo fue tomar para la nueva institución policial el nombre ya existente de “Guardia Nacional”, y en lugar de lo que históricamente ésta representaba, se establecen los “cuerpos de reserva”.

A mi juicio, hubiera sido preferible denominarla: “Guardia Civil”, y preservar el nombre de “Guardia Nacional” para la heroica institución que fue producto de nuestra historia, pero sobre todo conservarla en su integridad, aún cuando sabemos que en el pasado hubo momentos en que algunos gobernadores la utilizaron para satisfacer sus propios intereses.

La aprobación de la creación de la nueva Guardia Nacional nos aporta un cúmulo de enseñanzas que debemos aquilatar en toda su extensión. A continuación, mencionaré algunas de ellas que me parece importante comentar.

En primer lugar, las reformas constitucionales fueron aprobadas de forma contundente por el órgano revisor de la Constitución General de la República compuesto por el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, gracias a las negociaciones y a los acuerdos alcanzados por las diversas fuerzas políticas representadas en dichos órganos legislativos, de tal manera que cada una de ellas tuvo que ceder en algo de sus propuestas y aceptar otras de sus contrapartes.

De lo contrario, tal vez se hubiera aprobado, pero con la votación mínima exigida por el artículo ciento treinta y cinco constitucional y no hubiera tenido la misma legitimidad.

En segundo lugar, destacó la participación de organizaciones de la sociedad civil y de especialistas en la materia que mostraron una postura firme a favor del respeto a los derechos humanos, en contra de la militarización del país y para que se fijaran un plazo para el regreso de los militares a sus cuarteles.

Obviamente, que se facilitó que externaran sus opiniones por el parlamento abierto, que me parece un paso adecuado para concretar la participación ciudadana y fortalecer la deliberación.

En tercer lugar, nos pudimos percatar de las capacidades y del temple de personajes que, aunque se consideran parte del grupo en el poder, disintieron, en principio, de la propuesta inicial al estar en juego intereses que van más allá de la seguridad pública, como fue el caso de Tatiana Clouthier, que seguramente le ha de haber generado críticas de gente radical de tal grupo. También destacaron personajes con amplia capacidad negociadora como Ricardo Monreal, algunos gobernadores, líderes de partidos de oposición y ciertos integrantes del gabinete del titular del Poder Ejecutivo de la Unión.

Por último, se puso de manifiesto la fuerza e importancia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al influir en la redacción final los estándares internacionales fijados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, tal como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esencialmente, en las sentencias que ha emitido en contra de México.

Sinceramente, hago votos porque su creación, como parte de una estrategia que debe haber para acabar con la violencia, ayude a resolver el grave problema de seguridad pública que nos aqueja para generar y preservar el orden público y la paz social, aunque estoy consciente que falta aún mucho camino por recorrer, basta mencionar que en el terreno legislativo se deberá expedir la ley que regula a la Guardia Nacional, otra que se refiere a su inserción dentro del sistema nacional de seguridad pública y las referentes al uso de la fuerza y al registro de detenciones; además, lo esencial, ponerla en operación y que obtenga los resultados esperados.

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