/ martes 3 de septiembre de 2019

Comentarios Constitucionales

Disminuir la incidencia delictiva, principal desafío

En el mensaje que dirigió el presidente de la República, antes de la rendición del primer informe por escrito del estado que guarda la administración pública del país que prevé el artículo sesenta y nueve de la Constitución General de la República, reconoció lo siguiente:

“No son buenos los resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva en el país”.

Aunque no abundó en mayores datos al respecto, es importante que reconozca que la violencia, la delincuencia y la impunidad, entre otros problemas, amenazan al tejido social, a la seguridad pública, a los derechos humanos y a la paz social, pues para acabar con esos problemas es indispensable reconocer su existencia y estar consciente de la magnitud del desafío.

Como preámbulo al tema de seguridad pública se refirió a la estrategia que se adoptó desde dos mil seis hasta dos mil dieciocho, y según sus palabras, fue una estrategia centrada en la fuerza, a la que califica como mala, pues produjo violación a los derechos humanos y dañó al tejido social.

Después planteó que durante su gestión se implementó una política integral que tiene como punto de partida mejorar las condiciones de vida de la población y pasa por la creación de la Guardia Nacional que ya se puso en funcionamiento con cincuenta y ocho mil seiscientos elementos en ciento cincuenta coordinaciones territoriales y se pretende llegar a ciento cuarenta mil en doscientos sesenta y seis coordinaciones territoriales.

Lo cierto es que este año, por las cifras de los delitos cometidos, amenaza con ser uno de los más violentos de nuestra historia. Es obvio que la violencia no se desató al tomar posesión el actual titular del Poder Ejecutivo de la Unión, sino que viene desde años atrás, sin embargo, se ha incrementado, por ejemplo, han aumentado los feminicidios, secuestros y homicidios como los perpetrados en el bar “El Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, Veracruz, en el que perdieron la vida treinta personas (esos se han contabilizado hasta el momento de escribirse este artículo), hacen ver al Estado Mexicano sin la capacidad suficiente para prevenir y sancionar este tipo de ilícitos que atentan en contra de uno de los bienes más preciados del ser humano como es su vida, y crean zozobra entre la población.

La solución no consiste en estar señalando las malas estrategias empleadas por los gobernantes pasados, ni culparse entre sí las propias autoridades como sucedió entre el gobernador y el fiscal de aquella entidad federativa, lo cual es deleznable, pues ante la tragedia que aconteció, pareciera que a algunos políticos les interesa más destruir a sus enemigos, que cumplir con sus obligaciones de proporcionar seguridad pública, así como proteger y garantizar los derechos humanos de las personas.

Se han criticado acciones puestas en marcha porque han generado vacíos institucionales que han sido muy bien aprovechados por la delincuencia, por ejemplo, el desmantelamiento de la Policía Federal, pues no obstante que se creó la Guardia Nacional, es momento hasta la rendición del primer informe del presidente de la República, en que aún la población no percibimos su efectividad, obviamente, por tener poco de formada, sin embargo, el crimen organizado no espera, sino que, por el contrario, cubre dichos espacios con la sangre de nuestros compatriotas.

No me cabe la menor duda que dentro de la estrategia debe consagrarse el fortalecimiento de las instituciones, pues se perciben débiles frente a la fuerza del crimen organizado.

Se debe fortalecer la capacidad del Estado para que garantice los derechos humanos, de tal manera que pueda primero evitar la comisión de los delitos, pero una vez cometidos éstos, tenga la capacidad suficiente para investigar, procesar y sancionar a quienes delinquen, y reparar las violaciones a las víctimas.

La población está lacerada y no ha saciado su hambre y sed de justicia.

Disminuir la incidencia delictiva, principal desafío

En el mensaje que dirigió el presidente de la República, antes de la rendición del primer informe por escrito del estado que guarda la administración pública del país que prevé el artículo sesenta y nueve de la Constitución General de la República, reconoció lo siguiente:

“No son buenos los resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva en el país”.

Aunque no abundó en mayores datos al respecto, es importante que reconozca que la violencia, la delincuencia y la impunidad, entre otros problemas, amenazan al tejido social, a la seguridad pública, a los derechos humanos y a la paz social, pues para acabar con esos problemas es indispensable reconocer su existencia y estar consciente de la magnitud del desafío.

Como preámbulo al tema de seguridad pública se refirió a la estrategia que se adoptó desde dos mil seis hasta dos mil dieciocho, y según sus palabras, fue una estrategia centrada en la fuerza, a la que califica como mala, pues produjo violación a los derechos humanos y dañó al tejido social.

Después planteó que durante su gestión se implementó una política integral que tiene como punto de partida mejorar las condiciones de vida de la población y pasa por la creación de la Guardia Nacional que ya se puso en funcionamiento con cincuenta y ocho mil seiscientos elementos en ciento cincuenta coordinaciones territoriales y se pretende llegar a ciento cuarenta mil en doscientos sesenta y seis coordinaciones territoriales.

Lo cierto es que este año, por las cifras de los delitos cometidos, amenaza con ser uno de los más violentos de nuestra historia. Es obvio que la violencia no se desató al tomar posesión el actual titular del Poder Ejecutivo de la Unión, sino que viene desde años atrás, sin embargo, se ha incrementado, por ejemplo, han aumentado los feminicidios, secuestros y homicidios como los perpetrados en el bar “El Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, Veracruz, en el que perdieron la vida treinta personas (esos se han contabilizado hasta el momento de escribirse este artículo), hacen ver al Estado Mexicano sin la capacidad suficiente para prevenir y sancionar este tipo de ilícitos que atentan en contra de uno de los bienes más preciados del ser humano como es su vida, y crean zozobra entre la población.

La solución no consiste en estar señalando las malas estrategias empleadas por los gobernantes pasados, ni culparse entre sí las propias autoridades como sucedió entre el gobernador y el fiscal de aquella entidad federativa, lo cual es deleznable, pues ante la tragedia que aconteció, pareciera que a algunos políticos les interesa más destruir a sus enemigos, que cumplir con sus obligaciones de proporcionar seguridad pública, así como proteger y garantizar los derechos humanos de las personas.

Se han criticado acciones puestas en marcha porque han generado vacíos institucionales que han sido muy bien aprovechados por la delincuencia, por ejemplo, el desmantelamiento de la Policía Federal, pues no obstante que se creó la Guardia Nacional, es momento hasta la rendición del primer informe del presidente de la República, en que aún la población no percibimos su efectividad, obviamente, por tener poco de formada, sin embargo, el crimen organizado no espera, sino que, por el contrario, cubre dichos espacios con la sangre de nuestros compatriotas.

No me cabe la menor duda que dentro de la estrategia debe consagrarse el fortalecimiento de las instituciones, pues se perciben débiles frente a la fuerza del crimen organizado.

Se debe fortalecer la capacidad del Estado para que garantice los derechos humanos, de tal manera que pueda primero evitar la comisión de los delitos, pero una vez cometidos éstos, tenga la capacidad suficiente para investigar, procesar y sancionar a quienes delinquen, y reparar las violaciones a las víctimas.

La población está lacerada y no ha saciado su hambre y sed de justicia.

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