/ miércoles 20 de enero de 2021

Comentarios constitucionales

Órganos constitucionales autónomos





La desaparición de los órganos constitucionales autónomos en México sería tirar por la borda el esfuerzo realizado por años para su construcción. Es necesario, antes de tomar una decisión al respecto, evaluar sus resultados y el impacto que tendría sobre la operatividad del Estado y sobre la población.

Hace algunos días el titular del Poder Ejecutivo de la Unión afirmó que los órganos constitucionales autónomos no son necesarios, que son muy costosos y que para eso existe el gobierno y la división de poderes.

En concreto, se refirió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y expuso que se podría anexar a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Al respecto, es necesario recordar que los órganos constitucionales autónomos fueron creados en el orden constitucional y mantienen relaciones de coordinación con los demás órganos del Estado, no están subordinados a ninguno de los poderes, tienen como principal característica ser autónomos, participan en la dirección política y modifican la operatividad del Estado.

En efecto, los órganos constitucionales autónomos están establecidos directamente en nuestra Ley Fundamental en los siguientes artículos: a) 6º, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; b) 26, Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social e Instituto Nacional de Estadística y Geografía; c) 28, Banco de México, Instituto Federal de Telecomunicaciones y Comisión Federal de Competencia Económica; d) 41, Instituto Nacional Electoral, y e) 102, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Fiscalía General de la República.

Como parte del andamiaje institucional, la creación de cada uno de esos órganos obedeció a hechos que justificaron su consagración constitucional, pero también se han legitimado a través de los resultados que han obtenido durante los años en que han estado operando.

Es verdad que gran parte de las funciones que tienen dichos órganos correspondían al Poder Ejecutivo, pero trasladarlas en este momento a las secretarías que componen a la administración pública centralizada federal, sin previa evaluación de sus resultados y tomando en cuenta sólo su costo, sería borrar de un plumazo la historia de cada uno de ellos y las posibilidades que tienen de modificarse, en caso de que sea necesario.

También se afectaría el sistema federal, habida cuenta que las funciones que realizan órganos como el INAI, quien es garante del derecho de acceso a la información pública, no pudieran quedar concentradas en dependencias que no tienen competencia más allá de la administración pública federal; además, con su actuación y los instrumentos jurídicos que lo regulan, contamos con mecanismos que nos han permitido saber con detalle, datos de la actuación de pasados gobernantes, que de otra manera hubieran quedado en la opacidad.

Órganos constitucionales autónomos





La desaparición de los órganos constitucionales autónomos en México sería tirar por la borda el esfuerzo realizado por años para su construcción. Es necesario, antes de tomar una decisión al respecto, evaluar sus resultados y el impacto que tendría sobre la operatividad del Estado y sobre la población.

Hace algunos días el titular del Poder Ejecutivo de la Unión afirmó que los órganos constitucionales autónomos no son necesarios, que son muy costosos y que para eso existe el gobierno y la división de poderes.

En concreto, se refirió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y expuso que se podría anexar a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Al respecto, es necesario recordar que los órganos constitucionales autónomos fueron creados en el orden constitucional y mantienen relaciones de coordinación con los demás órganos del Estado, no están subordinados a ninguno de los poderes, tienen como principal característica ser autónomos, participan en la dirección política y modifican la operatividad del Estado.

En efecto, los órganos constitucionales autónomos están establecidos directamente en nuestra Ley Fundamental en los siguientes artículos: a) 6º, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; b) 26, Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social e Instituto Nacional de Estadística y Geografía; c) 28, Banco de México, Instituto Federal de Telecomunicaciones y Comisión Federal de Competencia Económica; d) 41, Instituto Nacional Electoral, y e) 102, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Fiscalía General de la República.

Como parte del andamiaje institucional, la creación de cada uno de esos órganos obedeció a hechos que justificaron su consagración constitucional, pero también se han legitimado a través de los resultados que han obtenido durante los años en que han estado operando.

Es verdad que gran parte de las funciones que tienen dichos órganos correspondían al Poder Ejecutivo, pero trasladarlas en este momento a las secretarías que componen a la administración pública centralizada federal, sin previa evaluación de sus resultados y tomando en cuenta sólo su costo, sería borrar de un plumazo la historia de cada uno de ellos y las posibilidades que tienen de modificarse, en caso de que sea necesario.

También se afectaría el sistema federal, habida cuenta que las funciones que realizan órganos como el INAI, quien es garante del derecho de acceso a la información pública, no pudieran quedar concentradas en dependencias que no tienen competencia más allá de la administración pública federal; además, con su actuación y los instrumentos jurídicos que lo regulan, contamos con mecanismos que nos han permitido saber con detalle, datos de la actuación de pasados gobernantes, que de otra manera hubieran quedado en la opacidad.