/ jueves 5 de agosto de 2021

Comentarios constitucionales

Una vez que se llevó a cabo la consulta popular, por el número de votantes que acudieron a ejercer su derecho reconocido constitucionalmente, es un hecho que quedó muy lejos el cumplimiento del requisito que se exige para que sea vinculante su resultado, por lo que el primer tema a discusión ha sido sobre la culpa, es decir, en quién recae la responsabilidad del desenlace.

El presidente culpa al INE, pues considera que “finge ser demócrata”, además que no se le vio el “entusiasmo” que tuvo en los procesos electorales pasados, y que si bien esgrimió la falta de presupuesto, “cuando se quiere se puede”, pues pudo haber pedido la colaboración de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, incluso del mismo pueblo.

El partido político en el poder ha secundado la posición del titular del Poder Ejecutivo de la Unión, por lo que el representante de Morena ante el INE dijo que realizará las acciones conducentes para remover a los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Expresamente se refirió a promover juicio político en contra de ellos.

Hay quienes atribuyen la culpa a la Suprema Corte, por la forma en que quedó redactada la pregunta, habida cuenta que no se precisaron cuáles son las acciones pertinentes a llevar a cabo para esclarecer las decisiones políticas del pasado, pero no aclara a qué decisiones políticas se refiere, tampoco a los años que en que ejecutaron, ni a qué víctimas se alude ni al tipo de justicia a aplicar.

También hay quienes consideran que la culpa de no alcanzar el resultado que se exige para que sea vinculatorio, la tiene su propio promotor y su partido político por haberle dado un sesgo partidista, esto es, ir a votar y hacerlo por el “sí”, era apoyar al proyecto de la 4T.

Es obvio que el fincamiento de responsabilidades políticas sobre el resultado de la consulta popular va a depender de quien haga el juicio, o bien las personas que se encuentran en el poder, o bien se haga por parte de sus opositores.

Co independencia de la repartición de culpas que se han hecho en estos primeros días después de la consulta, se deberán realizar acciones en favor de las víctimas y del esclarecimiento de la verdad.

Lo anterior significa que la atribución de culpas -la verdaderamente importante atribución de culpas-, debe ser para fincar responsabilidades a quienes han cometido delitos, en cualquier periodo presidencial, pues, en la realidad, en México, hay personas intocables, pero bastaría aplicar la ley para acabar con ese estado cosas.

Más allá del resultado obtenido en la consulta popular, existen y son reconocidos constitucional y legalmente los derechos de las víctimas: La reparación integral que comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, como especifica la Ley General de Víctimas.

Como parte de los derechos de las víctimas, se encuentra conocer la verdad de lo que ocurrió respecto a los hechos en que fueron violados sus derechos humanos, por lo que es una obligación legal esclarecerlos por parte de las autoridades e informarles sobre los resultados de las investigaciones.

Considero que esa orientación es la que se debió haber dado a la consulta popular y, en este momento, en lugar de continuar por el camino de reparto de culpas por el resultado obtenido, la senda a seguir es el castigo de los verdaderos culpables de las violaciones a derechos humanos, la reparación integral a las víctimas y el conocimiento de la verdad, en conclusión, aplicar la ley.

Una vez que se llevó a cabo la consulta popular, por el número de votantes que acudieron a ejercer su derecho reconocido constitucionalmente, es un hecho que quedó muy lejos el cumplimiento del requisito que se exige para que sea vinculante su resultado, por lo que el primer tema a discusión ha sido sobre la culpa, es decir, en quién recae la responsabilidad del desenlace.

El presidente culpa al INE, pues considera que “finge ser demócrata”, además que no se le vio el “entusiasmo” que tuvo en los procesos electorales pasados, y que si bien esgrimió la falta de presupuesto, “cuando se quiere se puede”, pues pudo haber pedido la colaboración de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, incluso del mismo pueblo.

El partido político en el poder ha secundado la posición del titular del Poder Ejecutivo de la Unión, por lo que el representante de Morena ante el INE dijo que realizará las acciones conducentes para remover a los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Expresamente se refirió a promover juicio político en contra de ellos.

Hay quienes atribuyen la culpa a la Suprema Corte, por la forma en que quedó redactada la pregunta, habida cuenta que no se precisaron cuáles son las acciones pertinentes a llevar a cabo para esclarecer las decisiones políticas del pasado, pero no aclara a qué decisiones políticas se refiere, tampoco a los años que en que ejecutaron, ni a qué víctimas se alude ni al tipo de justicia a aplicar.

También hay quienes consideran que la culpa de no alcanzar el resultado que se exige para que sea vinculatorio, la tiene su propio promotor y su partido político por haberle dado un sesgo partidista, esto es, ir a votar y hacerlo por el “sí”, era apoyar al proyecto de la 4T.

Es obvio que el fincamiento de responsabilidades políticas sobre el resultado de la consulta popular va a depender de quien haga el juicio, o bien las personas que se encuentran en el poder, o bien se haga por parte de sus opositores.

Co independencia de la repartición de culpas que se han hecho en estos primeros días después de la consulta, se deberán realizar acciones en favor de las víctimas y del esclarecimiento de la verdad.

Lo anterior significa que la atribución de culpas -la verdaderamente importante atribución de culpas-, debe ser para fincar responsabilidades a quienes han cometido delitos, en cualquier periodo presidencial, pues, en la realidad, en México, hay personas intocables, pero bastaría aplicar la ley para acabar con ese estado cosas.

Más allá del resultado obtenido en la consulta popular, existen y son reconocidos constitucional y legalmente los derechos de las víctimas: La reparación integral que comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, como especifica la Ley General de Víctimas.

Como parte de los derechos de las víctimas, se encuentra conocer la verdad de lo que ocurrió respecto a los hechos en que fueron violados sus derechos humanos, por lo que es una obligación legal esclarecerlos por parte de las autoridades e informarles sobre los resultados de las investigaciones.

Considero que esa orientación es la que se debió haber dado a la consulta popular y, en este momento, en lugar de continuar por el camino de reparto de culpas por el resultado obtenido, la senda a seguir es el castigo de los verdaderos culpables de las violaciones a derechos humanos, la reparación integral a las víctimas y el conocimiento de la verdad, en conclusión, aplicar la ley.