Impunidad en el caso Ayotzinapa
Ya son siete años en que se perpetró la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, sin que se logren esclarecer los hechos ni se conozca el paradero de esas personas, salvo de tres, al ser identificados sus restos óseos. Impunidad rampante, esa es la cruda realidad en México.
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 han quedado grabadas en la memoria de la sociedad mexicana como fechas en las que se ejecutaron múltiples delitos en agravio de estudiantes y en las que comenzó el calvario para sus progenitores y demás familiares por su búsqueda y la zozobra en cuanto a lo que les pudo haber ocurrido.
Entre las conductas delictivas que se ejecutaron se encuentran homicidios en agravio de seis personas, uno con señas de tortura, decenas de lesionados y, por supuesto, la desaparición forzada.
Este último delito, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se define de la siguiente manera:
“Es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o aquiescencia del Estado seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”.
Si bien, en principio, la desaparición forzada, tal como se afirma por parte de Naciones Unidas (ONU), fue utilizada en las dictaduras militares, en la actualidad se lleva a cabo en otro tipo de situaciones y su uso se ha generalizado en varios países, al grado tal de ser un problema mundial.
Muchas preguntas aún no tienen respuesta, entre otras, ¿por qué desaparecer y perpetrar delitos en contra de unos jóvenes de una Normal Rural?, ¿quién es el autor intelectual?, ¿por qué no se han esclarecido plenamente los hechos? Ya han fallecido dos padres y una madre de los desaparecidos, sin que supieran de sus hijos y sin conocer la verdad de los hechos.
Hay datos que son claros indicadores de que ha habido irregularidades en la investigación y de que a alguien se quiere encubrir, por ejemplo, del segundo informe del Grupo de Expertos se desprende que había un vídeo que se tomó desde el Palacio de Justicia, en el que seguramente se grabaron parte de los hechos, pero fue destruido.
Ahora, con el gobierno federal actual, hubo un atisbo de querer resolver el caso Ayotzinapa, pues se formó una Unidad Especial dentro de la Fiscalía General de la República y una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, pero ni aún así se ha logrado esclarecer lo que realmente pasó.
Aunado a lo trágico de los hechos y al dolor causado a los familiares de los desparecidos, también se ha producido en la sociedad mexicana la sensación de inseguridad, pues pueden suceder ese tipo de acontecimientos sin que se sepa la verdad. Lo único cierto es que en México sigue prevaleciendo la impunidad.
No basta una disculpa pública en nombre del Estado mexicano, mientras no se conozca la verdad y permanezcan desaparecidos los estudiantes, víctimas de desaparición forzada y al parecer de otros delitos.
Se requiere efectividad en las investigaciones realizadas para dar respuestas a una sociedad sedienta de justicia.
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