/ miércoles 4 de mayo de 2022

Comentarios constitucionales

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas presentó un informe sobre su visita a México, en el que se advierte sobre la dramática situación en que viven miles de familias debido a la desaparición de sus seres queridos, pues hasta al 26 de noviembre de 2021 había 95,121 personas registradas como desaparecidas.

En el informe se establece que “la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México”, pero se hace hincapié en que se cuenta con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de los servidores públicos.

Quienes han sido principalmente afectados por las desapariciones forzadas han sido hombres de entre 15 y 40 años de edad, pero va en aumento notable las desapariciones de niñas y niños que han cumplido los 12 años, así como adolescentes y mujeres, lo cual se agudizó en el contexto de la pandemia, contra lo que se pudiera pensar por la disminución de actividades económicas.

En el informe se abordaron las desapariciones de defensores de derechos humanos, de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, así como de migrantes, además de otros tipos de delitos de que son víctimas estos últimos. También se trata la crisis forense, pues hay 52 mil personas fallecidas no identificadas que se encuentran en fosas comunes.

Se menciona en el informe que una de las causas que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, además de mantener en la incertidumbre por el riesgo que corren los defensores de derechos, es debido a la impunidad que hay en México.

La realidad que se vive en México descrita en el informe del Comité de Desapariciones Forzadas, es de sobra conocida por la sociedad mexicana, diariamente en televisión, en la prensa, en las redes sociales, en las centrales de autobuses, se pide el apoyo de la población para localizar a personas que han desaparecido. Tal vez no todas son víctimas de la comisión de ese delito, pero sí una buena parte.

La situación anterior pone en evidencia que, a pesar de que han llegado a gobernar líderes de diferente filiación partidista, ha fracasado la política de seguridad pública para acabar con ese flagelo que sufre la sociedad mexicana, pues las desapariciones forzadas se han extendido a otro tipo de población, como es las niñas y los niños a partir de los 12 años de edad.

Se han creado instituciones para combatir a la delincuencia, pero son cuestionables sus resultados: a) la Policía Federal fue creada en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1999; b) la Gendarmería, que era uno de los grandes proyectos del presidente Enrique Peña Nieto, se quedó “en el camino”, y c) la Guardia Nacional fue creada durante el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

El Estado mexicano no puede eludir su responsabilidad y tiene que dar resultados a la sociedad, por lo que, lo más recomendable, es acatar las observaciones y recomendaciones que realizó el Comité, entre otras: establecer una estrategia global e integral de búsqueda e investigación de casos de desaparición, el apoyo económico a la Comisión Nacional de Búsqueda, implementar el Banco Nacional de Datos Forenses, asegurar que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense cuente con el presupuesto necesario.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas presentó un informe sobre su visita a México, en el que se advierte sobre la dramática situación en que viven miles de familias debido a la desaparición de sus seres queridos, pues hasta al 26 de noviembre de 2021 había 95,121 personas registradas como desaparecidas.

En el informe se establece que “la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México”, pero se hace hincapié en que se cuenta con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de los servidores públicos.

Quienes han sido principalmente afectados por las desapariciones forzadas han sido hombres de entre 15 y 40 años de edad, pero va en aumento notable las desapariciones de niñas y niños que han cumplido los 12 años, así como adolescentes y mujeres, lo cual se agudizó en el contexto de la pandemia, contra lo que se pudiera pensar por la disminución de actividades económicas.

En el informe se abordaron las desapariciones de defensores de derechos humanos, de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, así como de migrantes, además de otros tipos de delitos de que son víctimas estos últimos. También se trata la crisis forense, pues hay 52 mil personas fallecidas no identificadas que se encuentran en fosas comunes.

Se menciona en el informe que una de las causas que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, además de mantener en la incertidumbre por el riesgo que corren los defensores de derechos, es debido a la impunidad que hay en México.

La realidad que se vive en México descrita en el informe del Comité de Desapariciones Forzadas, es de sobra conocida por la sociedad mexicana, diariamente en televisión, en la prensa, en las redes sociales, en las centrales de autobuses, se pide el apoyo de la población para localizar a personas que han desaparecido. Tal vez no todas son víctimas de la comisión de ese delito, pero sí una buena parte.

La situación anterior pone en evidencia que, a pesar de que han llegado a gobernar líderes de diferente filiación partidista, ha fracasado la política de seguridad pública para acabar con ese flagelo que sufre la sociedad mexicana, pues las desapariciones forzadas se han extendido a otro tipo de población, como es las niñas y los niños a partir de los 12 años de edad.

Se han creado instituciones para combatir a la delincuencia, pero son cuestionables sus resultados: a) la Policía Federal fue creada en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1999; b) la Gendarmería, que era uno de los grandes proyectos del presidente Enrique Peña Nieto, se quedó “en el camino”, y c) la Guardia Nacional fue creada durante el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

El Estado mexicano no puede eludir su responsabilidad y tiene que dar resultados a la sociedad, por lo que, lo más recomendable, es acatar las observaciones y recomendaciones que realizó el Comité, entre otras: establecer una estrategia global e integral de búsqueda e investigación de casos de desaparición, el apoyo económico a la Comisión Nacional de Búsqueda, implementar el Banco Nacional de Datos Forenses, asegurar que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense cuente con el presupuesto necesario.

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