Las palabras utilizadas en este título fueron tomadas del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, presentado por cuarta ocasión por el World Justice Project, que comprende los resultados de la medición en las 32 entidades federativas que componen a la Federación mexicana.
Cayeron en el puntaje, a comparación del año pasado, 14 entidades federativas; permanecieron sin cambio 12, y subió en seis, entre las que se encuentra el estado de Durango. No obstante lo anterior, todas se encuentran por debajo de la mitad de la totalidad del puntaje, de tal manera que se inclinan por una adhesión más débil al Estado de Derecho y se encuentran alejadas de la adhesión más fuerte al Estado de Derecho.
Para fijar el índice al que nos referimos, se tomaron en cuenta ocho factores: a) límites al poder gubernamental; b) ausencia de corrupción; c) gobierno abierto; d) derechos fundamentales; e) orden y seguridad; f) cumplimiento regulatorio; g) justicia civil, y h) justicia penal.
La caída en el puntaje del Estado de Derecho se debe a que hubo un debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y un cierre del espacio cívico, también hubo deterioro en los sistemas de justicia penal, además de la falta de avances en materia de corrupción.
En cuanto al debilitamiento de los contrapesos institucionales es porque se continuó debilitando la división de poderes en las entidades federativas, pues algunos titulares del Poder Ejecutivo local, de plano han roto el equilibrio que debe existir entre los órganos depositarios de los poderes con la finalidad de ejercer control sobre ellos.
Lo que pasa es que se reproduce el presidencialismo en el ámbito de las entidades federativas, y al parecer sólo se atenúa en aquellas en donde los partidos políticos diferentes al del gobernador tienen mayoría en el órgano depositario del Poder Legislativo local.
También se menciona como causa del estancamiento e incluso deterioro del Estado de Derecho, que esto último sucedió con los sistemas de justicia penal. En relación con este factor, disminuyeron el puntaje 14 entidades federativas; permanecieron sin cambios diez, y se subió en ocho, entre las que se encuentra el estado de Durango.
Se menciona que los indicadores que cayeron en las entidades federativas fueron: la garantía de los derechos de las víctimas, que bajó en 21 entidades federativas; la adhesión al debido proceso, que cayó en 19, y la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal, que descendió en 18.
El tercer factor que influyó en el estancamiento y deterioro del Estado de Derecho es el propio estancamiento en la lucha contra la corrupción. En los lugares en que se advirtió la caída de los indicadores fue en los sistemas de seguridad y procuración de justicia.
Los datos que proporciona el índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, aunado a las noticias que escuchamos diariamente de desaparecidos, feminicidios y homicidios dolosos, entre otros delitos que se cometen en nuestro país, son realmente preocupantes para todos sus habitantes, pues ello implica que los problemas se han mantenido y en algunos aspectos agudizado.
Vivimos en una sociedad en la que hay inseguridad e incertidumbre, se ha debilitado el tejido social y también las instituciones estatales, el pueblo mexicano una vez más clama por que se haga justicia para calmar el hambre y la sed que se tiene de ella, pero tal pareciera que no se escuchan las voces, se oyen cada vez más lejos hasta perderse en el ruido de los escándalos y de las novedades.
