En medio del semáforo rojo decretado por las autoridades estatales, en el pico de contagios, el Fiscal Anticorrupción, Héctor García Rodríguez goza de cabal salud laboral. Su asunto, que debiera haber discutido el Congreso del Estado desde semanas anteriores, fue empolvado por el remolino que causó el cambio de color en el semáforo sanitario.
Legisladoras y legisladores de todos los colores parecen haber ¿olvidado? un asunto de legalidad.
García Rodríguez fue vinculado a proceso a mediados del mes anterior tras una acusación de violación de amparo y, de acuerdo a la Ley Orgánica que rige la vida interna de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango; Artículo 9, Fracción V, el servidor público está imposibilitado legalmente para ejercer su puesto.
Pero todo está en el cajón.
Y es que algunos diputados declararon a medios que el tema sería revisado en la Comisión de Responsabilidades, pero con el revuelo de los récords sucesivos en casos nuevos positivos de Covid-19, la misiva de la Fiscalía General de la República (FGR) girada a diversas entidades como el Gobierno del Estado, el Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción de Durango y el propio Congreso del Estado, simplemente no ha sido considerada hasta el momento.
Desde su arribo a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el camino de Héctor García Rodríguez ha sido tortuoso. Baste recordar que inicialmente no fue nominado por las dos terceras partes de la anterior legislatura; recurrió a instancias superiores y ganó el recurso que lo posibilitaba para ser votado nuevamente en el pleno del Congreso. Finalmente en noviembre de 2019 le fue tomada la protesta de Ley y desde entonces ejerce el cargo.
Pero el tema central, es que luego de su vinculación a proceso, las recomendaciones de la FGR no han sido atendidas. Parece que los ordenamientos legales están sujetos más bien a voluntad política. ¿Contra quién sí y, contra quién no? ¿Por qué sí y, por qué no?, solo los diputados tienen la respuesta.
En los pasillos del propio recinto legislativo, varios de los inquilinos, se hacen saber entre sí su rechazo a García Rodríguez; por el evidente cambio de actitud, terquedad y hasta desdén hacia ellos. Se dice protegido por instancias superiores fuera del estado.
La realidad del asunto, plena de legalidad, no debería tener vuelta de hoja. Políticamente, sí. ¿Quién o quiénes están influyendo y desde dónde, para que el tema no sea revisado como necesariamente debiera hacerse?
El parte de vista que envía la FGR es muy claro para los receptores del mismo: “Lo anterior para que en términos de sus atribuciones y facultades ordene a quien corresponda se inicie el procedimiento administrativo sancionador en contra de dicho servidor público para efectos de que se le sancione por la conducta realizada y de ser el caso se proceda a su remoción”.
Días posteriores en los que se hizo público su vinculación a proceso, Héctor García declaró que “no es conveniente para los intereses de la Fiscalía Anticorrupcíon que me retire del cargo, evidentemente estamos pisando callos con los trabajos que estamos haciendo…”. ¿A cuáles “callos” tan poderosos se refiere capaces de detener un proceso sancionador en su contra?
Con sus amigos, el Fiscal Anticorrupción circuló la versión de que era víctima de un complot. Seguramente por ello su declaración ante los medios. Esa fue su defensa personal; la institucional está en la primera parte de la respuesta y versa sobre la inconveniencia de su retiro del organismo; aunque de suyo es conveniente y necesaria la separación porque puede intervenir en el procedimiento objeto de la denuncia por la cual fue vinculado a proceso. No puede ser juez y parte.
Algunos diputados me dicen que sí va la sanción. Hay que esperar.
Convenientemente, eso sí, García Rodríguez se retiró prácticamente del ruido mediático luego de dar a conocer que su Fiscalía obtuvo orden de aprehensión contra un ex funcionario municipal de Gómez Palacio. Desde entonces no se le ve, lee o escucha en entrevistas concertadas o “de banqueta”.
Al Fiscal Anticorrupción, la ola de contagios, le vino “como anillo al dedo”.
