Varios funcionarios del actual Gobierno Municipal que preside Jorge Salum del Palacio fueron actores activos en el convenio que se llevó a cabo en la pasada administración para la instalación del sistema de alumbrado público con lámparas LED, y que ahora se denuncia, registró un sobreprecio de 800 millones de pesos.
Este factor le imbuye morbo al escenario, en que se denuncian las supuestas irregularidades en que incurrió la Presidencia de José Ramón Enríquez al contratar la colocación de las 35 mil 883 lámparas, con el pago de 800 millones de pesos, arriba de lo que registran este tipo de obras en el mercado actual. Se afirma que cuando mucho, en los valores de ahora, representarían una erogación de alrededor de 400 millones de pesos.
No obstante, rescindir el contrato por la instalación de las luminarias con el sistema LED que se llevó a cabo en la administración de Enríquez por un pago de mil 200 millones de pesos, le representaría al Gobierno Municipal actual pagar alrededor de 350 millones de pesos, por lo que además de la denuncia formal por sobreprecio ante la Unidad de Anticorrupción, lo que se buscaría es negociar con la empresa una reestructuración del costo, además de la exigencia para que se subsane el faltante de 394 lámparas y se cumpla con el hasta ahora inexistente ahorro de energía.
El erario municipal carece de los recursos para sufragar la cancelación del convenio que contrajo la anterior administración municipal, y sin embargo, Jorge Salum se aventuró a realizar la denuncia, azuzado por sus responsables de las finanzas, ante la insolvencia para hacer frente a los 7.7 millones de pesos mensuales, por más de 11 años, que le representa cubrir la deuda.
Lo “extraño” del caso que durante la pasada semana se ventiló en los medios de comunicación locales y algunos nacionales, es que varios de los actuales funcionarios municipales fueron parte activa del proceso de contratación del “novedoso” sistema de luminarias LED, que ubicaría a la ciudad de Durango en un plano de progreso equiparable a las grandes urbes, según los considerandos del acuerdo.
De acuerdo a los “opinadores”, con la denuncia, varios funcionarios “escupen para arriba”, ya que fueron parte importante en el proceso legal que autorizó la contratación del sistema de luminarias LED en la ciudad capital del Estado.
Algunos ejemplos de los servidores públicos de antes y ahora que están en medio de la denuncia que presentó Salum son:
Mario Garza Escobosa, es ahora secretario del Ayuntamiento, y fue diputado panista que entró al relevo en la legislatura que aprobó que Gobierno Municipal de Enríquez contratara la instalación de las luminarias LED, e incluso, subió a tribuna a defender la propuesta.
Mynka Hernández era regidora del PAN y miembro del Comité de Adquisiciones cuando el Cabildo autorizó la contratación de la empresa para instalar las luminarias LED, y es ahora secretaria particular del alcalde Jorge Salum.
Un personaje que lo único que demuestra es ineptitud, a pesar de sus entorchados académicos, es la síndica en ambas administraciones, Luz María Garibay, quien solamente ha dado bandazos en sus declaraciones y una total falta de información sobre lo que sucedió, a pesar de que era parte de sus facultades valorar y calificar el convenio.
Un regidor en ambos Ayuntamientos, y por ende juez y parte, es el panista Fernando Rocha, quien no podrá abstraerse por cuestiones políticas, y manifestarse al respecto.
Otra de las funcionarias afectadas con esto de la denuncia es la directora de Educación municipal con Salum, Norma Rodríguez, quien era regidora en la pasada administración municipal. También está Claudia Hernández, antes secretaria del Ayuntamiento y ahora regidora.
Jorge Pérez, director de Servicios Públicos Municipales, quien dirigió el proceso de investigación sobre la colocación de las 35 mil 883 luminarias, aprobó como diputado local (era el suplente de José Antonio Ochoa, quien pidió licencia para coordinar la campaña de Salum), el contrato para instalar el sistema de alumbrado público en la ciudad de Durango, con luminarias LED.
Ojalá que las condiciones de salud del presidente municipal le permitan llevar a cabo hasta “donde tope” la denuncia por la supuesta defraudación al erario municipal, y no se trate de otra querella mediática con fines electorales, que lo único que provoca es confusión y benefician solamente a políticos “saltimbanquis”.
Además de que hay otro factor preponderante: quien firmó el contrato fue el presidente municipal en funciones, Alfredo Herrera, actual secretario del Medio Ambiente estatal.
