/ domingo 12 de enero de 2020

¿Conviene realizar la “Operación mochila”?

En el escenario político, social y mediático, resurgió la demanda para que se ejecute la “Operación mochila”, en las escuelas públicas y privadas de Durango, sobre todo las de nivel básico, con el objetivo de inhibir la entrada de armas y drogas a los salones de clases.

Que cada escuela quede en libertad de convenir con los padres de familia, la aplicación o no de la “operación mochila”, fue la decisión salomónica de las autoridades de la SEED en el pasado, luego de que se han frustrado varios intentos por hacerlo, al aflorar la supuesta violación a los derechos humanos de los alumnos, y luego de quedar el compromiso de que sea en el seno del hogar, donde se las revisarían, de tal manera que se previnieran situaciones irregulares.

Y al menos, en Durango, parece haber dado resultado, hasta ahora, de que en cada escuela se determinen por acuerdo de la comunidad escolar, la forma en que se impida el acceso de instrumentos que sean provocadores de violencia, y hasta drogas que afecten a los alumnos. O no han existido casos que salgan de los entornos particulares de cada institución.

“Muerto el niño, se tapa el pozo”, dice el adagio popular, que sale a colación al socializarse nuevamente el tema de llevar a cabo esta medida, luego de los fatales hechos en que un menor de once años baleó a compañeros y maestros en un colegio privado de Torreón, Coahuila, que dejó como saldo a una docente sin vida, 6 heridos, así como al autor, que se suicidó.

Tan lamentable suceso que consternó a la sociedad coahuilense, y del país en general, despertó el interés de las autoridades, y de los diversos sectores, por llevar a cabo acciones que inhiban situaciones similares, al recordar que un año y meses antes, en Monterrey, se registró una situación igual.

La propuesta surge de nuevo, para que al ingreso a los planteles escolares, se revisen las mochilas de los estudiantes, a fin de inhibir el posible acceso de armas, tanto de fuego como de las llamadas “blancas”, y con ello evitar la violencia.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Educación, a través de su titular, Esteban Moctezuma, se pronunció por la instrumentación de medidas que promuevan la paz, y condenen y rechacen la violencia al interior de las instituciones de enseñanza. Lo cual incluye, evaluar la posibilidad de que se ejecute en todos los planteles escolares del país, públicos y privados, la famosa “operación mochila”.

En Durango ya se ha obstaculizado tal intento, cuando menos en dos ocasiones, luego de la reticencia de sociedades de padres de familia, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bajo la consideración de que podrían darse situaciones de afectar las garantías individuales de los escolapios. Y de que surgieran anomalías con las personas encargadas, que al final pudieran tergiversan el fin original.

No solamente se trataría de impedir el ingreso a las escuelas de pistolas, navajas y cuchillos, sino también de estupefacientes, ante el crecimiento en el consumo que han provocado los narcomenudistas que operan como en su casa, en las calles para comercializar la droga, sin que se les detenga, salvo cuando pertenecen a bandas contrarias a las que regentean la plaza.

Desde la anterior ocasión, se planteó la proposición, para que en sintonía con la Reforma Educativa, que gradualmente dota de autonomía e independencia operativa a las escuelas, se acordara entre directivos, docentes, alumnos y paterfamilias, llevar a cabo o no la operación mochila.

Y a la par, realizar una campaña permanente de concientización y fomento a la paz y la no violencia, (lo que no ha sucedido), o al menos no se ha socializado, a fin de inhibir casos como los Monterrey y Torreón, sobre todo este último que ha generado muchas interrogantes, entre las que sobresalen, quién o quiénes le proporcionaron las dos armas de fuego al niño-adolescente.

Dentro de la polémica, se habla de la necesidad de que se lleve a las escuelas conferencias y pláticas sobre la salud mental, pero también valoraciones de los estudiantes para conocer perfiles con potencial para cometer acciones violentas. Todo ello es positivo, siempre y cuando se refleje en la práctica.

Lo cierto es que ante lo sucedido, habrá quienes salgan a rasgarse las vestiduras y traten de llevar a gua a su molino particular, y crear cortinas de humo que impidan realmente atender de raíz el problema.

Cualesquiera que sean las medidas propuestas, deberán llevar implícito que se tendrían que aplicar, únicamente con el consenso de los integrantes de cada comunidad escolar, de así decidirlo en lo individual para cada plantel, y en lo general para el territorio nacional, el del estado y de los municipios.

En el escenario político, social y mediático, resurgió la demanda para que se ejecute la “Operación mochila”, en las escuelas públicas y privadas de Durango, sobre todo las de nivel básico, con el objetivo de inhibir la entrada de armas y drogas a los salones de clases.

Que cada escuela quede en libertad de convenir con los padres de familia, la aplicación o no de la “operación mochila”, fue la decisión salomónica de las autoridades de la SEED en el pasado, luego de que se han frustrado varios intentos por hacerlo, al aflorar la supuesta violación a los derechos humanos de los alumnos, y luego de quedar el compromiso de que sea en el seno del hogar, donde se las revisarían, de tal manera que se previnieran situaciones irregulares.

Y al menos, en Durango, parece haber dado resultado, hasta ahora, de que en cada escuela se determinen por acuerdo de la comunidad escolar, la forma en que se impida el acceso de instrumentos que sean provocadores de violencia, y hasta drogas que afecten a los alumnos. O no han existido casos que salgan de los entornos particulares de cada institución.

“Muerto el niño, se tapa el pozo”, dice el adagio popular, que sale a colación al socializarse nuevamente el tema de llevar a cabo esta medida, luego de los fatales hechos en que un menor de once años baleó a compañeros y maestros en un colegio privado de Torreón, Coahuila, que dejó como saldo a una docente sin vida, 6 heridos, así como al autor, que se suicidó.

Tan lamentable suceso que consternó a la sociedad coahuilense, y del país en general, despertó el interés de las autoridades, y de los diversos sectores, por llevar a cabo acciones que inhiban situaciones similares, al recordar que un año y meses antes, en Monterrey, se registró una situación igual.

La propuesta surge de nuevo, para que al ingreso a los planteles escolares, se revisen las mochilas de los estudiantes, a fin de inhibir el posible acceso de armas, tanto de fuego como de las llamadas “blancas”, y con ello evitar la violencia.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Educación, a través de su titular, Esteban Moctezuma, se pronunció por la instrumentación de medidas que promuevan la paz, y condenen y rechacen la violencia al interior de las instituciones de enseñanza. Lo cual incluye, evaluar la posibilidad de que se ejecute en todos los planteles escolares del país, públicos y privados, la famosa “operación mochila”.

En Durango ya se ha obstaculizado tal intento, cuando menos en dos ocasiones, luego de la reticencia de sociedades de padres de familia, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bajo la consideración de que podrían darse situaciones de afectar las garantías individuales de los escolapios. Y de que surgieran anomalías con las personas encargadas, que al final pudieran tergiversan el fin original.

No solamente se trataría de impedir el ingreso a las escuelas de pistolas, navajas y cuchillos, sino también de estupefacientes, ante el crecimiento en el consumo que han provocado los narcomenudistas que operan como en su casa, en las calles para comercializar la droga, sin que se les detenga, salvo cuando pertenecen a bandas contrarias a las que regentean la plaza.

Desde la anterior ocasión, se planteó la proposición, para que en sintonía con la Reforma Educativa, que gradualmente dota de autonomía e independencia operativa a las escuelas, se acordara entre directivos, docentes, alumnos y paterfamilias, llevar a cabo o no la operación mochila.

Y a la par, realizar una campaña permanente de concientización y fomento a la paz y la no violencia, (lo que no ha sucedido), o al menos no se ha socializado, a fin de inhibir casos como los Monterrey y Torreón, sobre todo este último que ha generado muchas interrogantes, entre las que sobresalen, quién o quiénes le proporcionaron las dos armas de fuego al niño-adolescente.

Dentro de la polémica, se habla de la necesidad de que se lleve a las escuelas conferencias y pláticas sobre la salud mental, pero también valoraciones de los estudiantes para conocer perfiles con potencial para cometer acciones violentas. Todo ello es positivo, siempre y cuando se refleje en la práctica.

Lo cierto es que ante lo sucedido, habrá quienes salgan a rasgarse las vestiduras y traten de llevar a gua a su molino particular, y crear cortinas de humo que impidan realmente atender de raíz el problema.

Cualesquiera que sean las medidas propuestas, deberán llevar implícito que se tendrían que aplicar, únicamente con el consenso de los integrantes de cada comunidad escolar, de así decidirlo en lo individual para cada plantel, y en lo general para el territorio nacional, el del estado y de los municipios.