“Actuar es fácil, pensar es difícil; actuar según se piensa es aún más difícil”.- Goethe
En días pasados han tenido verificativo dos importantes celebraciones, separadas únicamente por un día entre ellas: El Día Internacional contra la Corrupción -9 de diciembre- y el Día de los Derechos Humanos -10 de diciembre-.
En ambos casos, la comunidad internacional conmemora los esfuerzos que se han llevado a cabo en torno a un par de asuntos capitales para el proyecto del Estado constitucional y democrático de Derecho del siglo XXI. Lo hacen también los gobiernos y, venturosamente, las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en algunos de los casos se hace tan sólo por el hecho de ser políticamente correctos y sin un trasfondo real de las cosas, en el cual impere la propuesta constructiva y no tanto traer a colación una fecha como si del santoral se tratara.
Por ello es que, como se anuncia desde el título del presente texto, es imperiosamente necesario pasar de la efeméride a la acción en estos dos grandes asuntos de nuestros tiempos, los cuales se potencian en la coyuntura actual, en donde la crisis sanitaria a causa de la pandemia Covid-19 ha traído consigo nuevas necesidades, retos y desafíos para la sociedad. Ello, desde luego, requiere de una participación ciudadana efectiva y del concurso de los distintos intervinientes sociales. Sólo así estaremos en condiciones de afrontar el estado de cosas prevaleciente.
Pensar y actuar entratándose de la corrupción en tiempos del nuevo coronavirus implica tener en consideración que este mal endémico de la vida pública no discrimina entre situaciones críticas y aquellas que no lo son; de hecho, en algunas de las ocasiones puede llegar a subrayarse.
Por otro lado, los derechos humanos también requieren de códigos conductuales activos, dinámicos y solventes que se maximicen en épocas del Covid-19, pues las libertades públicas, la igualdad y el resto de nuestras prerrogativas elementales deben ejercerse a cabalidad. En su conjunto, el combate a la corrupción y la eficacia, efectividad y satisfacción plena de los derechos humanos son cruciales para el desarrollo en todos sus sentidos, pues entre ambos hay nexos indisolubles.
El combate a la corrupción debe asumirse en clave de derechos humanos, a lo cual hay que referirse desde distintos ángulos. Por un lado, observar que la relación entre corrupción y derechos fundamentales es sumamente clara, por el hecho de que la corrupción afecta el pleno ejercicio de los derechos humanos y porque la existencia de corrupción no va en sintonía con un Estado constitucional y democrático de Derecho en el cual se protejan las libertades y se posibilite la igualdad.
En suma, es menester reivindicar el ataque frontal a la corrupción y la salvaguarda de los derechos humanos en todos sus sentidos y vertientes involucrándonos sí en el discurso pero sobre todo en el terreno práctico. Para decirlo de forma concluyente: Hechos, no palabras. Aunque pareciera gratuita la cercanía entre las dos celebraciones aludidas, no debe ser sino una magnífica oportunidad para tender puentes entre los dos en el expediente de la ciudadanía y la sociedad civil.
Por otro lado, es dable reivindicar la idea del combate a la corrupción como materia de un derecho humano en específico de reciente cuño y reconocimiento por parte de la comunidad internacional, esto es, el derecho a un ambiente libre de corrupción, el cual se relaciona de una forma palmaria con el resto de derechos y, además, es susceptible de una justiciabilidad directa, por lo que tendrían que existir mecanismos efectivos para hacerlo valer a través de las políticas públicas y ante los órganos jurisdiccionales propiamente dichos. El Día Internacional contra la Corrupción y el Día de los Derechos Humanos no deben ser simples efemérides sino oportunidades para la autocrítica, el reconocimiento de los errores y el trazado de las estrategias para el futuro en el corto, mediano y largo plazo.
