Hace algunos días, específicamente el 22 de marzo, se conmemoró el Día Mundial del Agua. Al decir de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ello se celebra “para recordar la relevancia de este líquido esencial.
A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2,200 millones de personas viven sin acceso a agua potable”. La propia ONU asevera que “esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030”.
Dicho objetivo estipula entre sus metas lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, así como a servicios de saneamiento e higiene adecuados; por igual, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos, implementar la gestión integrada de los mismos, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, ampliar la cooperación internacional en la materia y fortalecer la participación de las comunidades locales; esta última meta tiene por estos días una trascendencia particular para el caso de Durango, según se apuntará más adelante.
El agua ya es, desde hace algunos años, materia de un derecho humano de corte social y colectivo, como es precisamente el derecho fundamental al vital líquido. En el caso mexicano, el artículo cuarto constitucional, párrafo sexto, dispone que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Sin embargo, queda claro que la realidad social queda rebasada a pesar de las buenas intenciones de los enunciados constitucionales y provenientes, del mismo modo, de los tratados internacionales. La ONU refiere algunos datos para dimensionar la crisis hídrica de enormes proporciones que estamos viviendo: 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros; que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente; 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes o letrinas; el 70% de las aguas extraídas de ríos, lagos y acuíferos se usan para el riego, entre otras cifras reveladoras.
En el plano local, las alarmas han sido encendidas también de manera reciente, pues nuestro estado es uno de los quince en la república que pueden quedarse sin agua en breve, lo cual se infiere a partir del concepto de “estrés hídrico”. La significación del estrés hídrico es muy sencilla: la demanda de agua suele ser mayor que su disponibilidad, y cuando tal circunstancia se presenta, estamos en verdaderos problemas no nada más hablando de nuestra vida cotidiana sino de los procesos productivos de la agricultura, la ganadería, entre otros.
Recordemos que nuestra entidad federativa ha sufrido sequías en épocas recientes, por lo que la escasez hídrica es una amenaza más que latente. Como en otros aspectos críticos de la contemporaneidad, la responsabilidad social salta a la vista como herramienta indispensable para mejorar el estado de cosas imperante. Y es que como se anotaba al momento de referenciar algunas metas del agua y saneamiento para todos antes de 2030, la participación comunitaria activa no sólo es posible sino indispensable para revertir el calamitoso escenario al que nos enfrentamos.
En el contexto de la pandemia Covid-19, la crisis del agua también se acentúa, pues si la contingencia en general ha profundizado las desigualdades sociales, no podría esperarse otra cosa diferente entratándose del acceso al vital líquido. Por ello es que las leyes, las políticas públicas y los programas de acción deben dejar de ser vistos como discursos y, antes bien, contextualizarse como llamadas efectivas a la acción. De lo contrario, y sin ser catastrofistas sino realistas, nuestro tiempo en el planeta se reducirá considerablemente
