No todo en el tema del matrimonio igualitario es de doble moral, también tiene su alta dosis político-religiosa. Legislaturas van y vienen, pero ninguna agarra el toro por los cuernos. Diría Martín Urieta: “qué de raro tiene”.
Hace unos días, el presidente municipal Jorge Salum Del Palacio se manifestó a favor de los derechos humanos de matrimonio igualitario; recordó que hay una resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia y que el Congreso del Estado debería votar el dictamen que aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. En cambio, el regidor David Payán, figura importante del nuevo PRI, declaró a los medios que por ningún motivo se debe tocar “esa institución que es la sagrada familia”.
Hay que entender al regidor David Payán: Durango fue en su momento la última provincia que firmó la independencia de México. En la guerra cristera, los últimos en rendirse fueron los cristeros de Durango. La influencia en estos hechos históricos, fueron los poderes fácticos religiosos, vigentes hasta la fecha de manera muy visible en el Congreso del Estado.
A raíz del mandato de Segundo Tribunal Colegiado con sede en Culiacán, el Congreso de Sinaloa tuvo que votar a favor del matrimonio igualitario. Derivado de un juicio de amparo, el Poder Judicial les ordenó a los diputados invalidar la sesión del 18 de junio de 2019, en la cual votaron en contra del matrimonio igualitario. En esta ocasión tuvieron que votar a favor del matrimonio igualitario para no incurrir en desacato y en posibles inhabilitaciones por siete años. La organización Sinaloa Incluyente, promovió ese amparo y la justicia federal los amparó.
En consecuencia, se obligó al congreso del Estado de Sinaloa a reformar los artículos 40 y 165 del Código Civil, para casar a personas del mismo sexo. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional donde se decía: “hombre y una mujer” del Código Civil de ese Estado, por considerarlos excluyentes, discriminatorios y contrarios al artículo 1° constitucional, y también violaciones a derechos humanos en materia internacional que obligan al Estado mexicano a no limitar el matrimonio y concubinato a parejas heterosexuales. En pocas palabras, eso pasó en el Congreso del Estado de Sinaloa. Aquí en Durango, en nuestra callada y tranquila ciudad colonial, sede del Poder Legislativo, se han prendido los focos rojos por lo sucedido en el vecino Estado.
La Comisión de Puntos Constitucionales acaba de aprobar un dictamen para subirlo al pleno y votar el matrimonio igualitario. El diputado Iván Gurrola, presidente de la JUCOPO, ya adelantó que no hay consenso para votar ese dictamen. Dice también que se necesitaría convocar a un periodo extraordinario de sesiones y ya no hay tiempo. Si no se vota el matrimonio igualitario, suponemos que tampoco se podrá votar para la gobernatura de dos años o de cinco años tres meses. ¿Habrá dictámenes de primera y de segunda? Si la memoria no nos falla, en la pasada Legislatura se subió al pleno para votar el matrimonio igualitario y, por supuesto, los diputados votaron en contra. Para eso es la llamada democracia del mayoriteo. Lamentamos que en esa ocasión se haya perdido la oportunidad de promover un juicio de amparo en contra de la votación del Congreso.
Nos queda claro: esta legislatura no votará el dictamen aprobado. Por donde se mire, hay una clara violación de derechos humanos a la comunidad LGBT y al artículo 1° constitucional. Pueden más los poderes fácticos y la doble moral que la Constitución y los Tratados Internacionales en esta materia de los que el Estado mexicano forma parte.
Las declaraciones del presidente municipal Jorge Salum deberían ser tomadas en cuenta por el Congreso del Estado. ¿O le harán más caso a las del regidor David Payán?
