Si en 2018 el PRI y el PAN hubieran impugnando la elección con el fin de anularla, hubieran hecho el ridículo. 30 millones de votos a favor de Andrés Manuel López Obrador, en ningún órgano jurisdiccional electoral habrían tenido éxito. Valga la analogía para comentar lo que está sucediendo en Durango, derivada de la caravana que encabeza Gonzalo Yáñez intentando anular la elección del pasado 5 de junio. Si bien la ley electoral contempla en algunos casos que se puede anular una elección, ésta debe estar motivada y fundamentada, de no ser así Gonzalo Yáñez quedará exhibido una vez más como lo que es: un político que no sabe perder en las urnas, pero gana por otro lado.
La diferencia entre Marina Vitela y Esteban Villegas Villareal es de más de 100 mil votos, hecho histórico electoral nunca antes visto en Durango, y como dijo el clásico, haiga sido como haiga sido se ganó, y en su momento, si fuera el caso, en la sala superior del Tribunal Federal no se podrán revertir esos 100 mil votos de diferencia. Así que si es pasión, que se le borre a Gonzalo.
MORENA en el pecado llevó a la penitencia; escogieron los candidatos equivocados, calcularon mal al pensar que el nombre de Andrés Manuel les daría el triunfo. Al final el tiro le salió por la culata. Se olvidaron de que cada elección es diferente, que no es lo mismo Chana que Feliciana. A quien deben de reclamarle la derrota es a Mario Delgado, quien no respetó la convocatoria y le entregó a la alianza PAN-PRD la gubernatura, las presidencias municipales de Gómez Palacio, Durango y Lerdo.
En este contexto, los partidos se equivocan al designar a sus candidatos, pero quien no puede equivocarse es la sociedad a la hora de elegirlos. Son muchos años, muchas elecciones, donde a la hora de ir a las urnas escogemos la candidata o candidato equivocado.
Esteban Villegas tiene, como ningún otro candidato ganador, la enorme responsabilidad de gobernar con una diferencia de más de 100 mil votos. Estos resultados no sólo le dan legitimidad, también el compromiso de no fallar, de cumplir sus promesas de campaña, de no pagar facturas que le impidan cumplir a quienes votaron por él o en su contra. Debe gobernar para todas y todos, es su obligación política y moral.
Cuando la sociedad se equivoca a la hora de votar, para ello debería de existir la revocación de mandato en nuestro Estado, al menos para gobernadora o gobernador. En la Constitución general de la República y en la del Estado no existe esa figura. Si bien es cierto que sobre ese instrumento el presidente López Obrador ha enviado una iniciativa al Congreso de la Unión, esperemos que pronto sea realidad constitucional de revocar el mandato que se les da en las urnas. Ambas constituciones obligan a que un presidente o un gobernador terminen sus sexenios. Como usted sabe y es testigo, tenemos presidentes y gobernadores que deberían irse antes de cumplir el periodo para que fueran electos.
Con revocación o sin ella, una política o un político cuando ejerce mal el poder, en un acto de congruencia, de ética política y personal, debe irse y no tener que soportar sus malos manejos en temas administrativos, financieros y políticos. Hace seis años, se votó por la alternancia y nos quedamos esperándola. En el fondo, esos 100 mil votos de ventaja avalan el regreso del PRI y eso nos recuerda: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.
