/ martes 21 de mayo de 2019

¿Derecho o política?

Una de las muchas discusiones inacabadas en el tema del funcionamiento del estado, es el relativo a determinar qué prevalece en las decisiones de los órganos que formal o materialmente resuelven controversias en materia electoral, si el derecho o la política.

Dicho en términos más precisos, el centro de la cuestión es si la litis se resuelve atendiendo los mandatos de la ley o si estos son manipulados para darle una salida política al entuerto de la norma.

Para dilucidar sobre el tema diremos, por principio de cuentas, que la designación de buena parte de los integrantes de estos órganos (jurisdiccionales y administrativos) puede provenir por cualquiera de estas dos vías: 1. El Ejecutivo hace la propuesta de una terna y los integrantes del Senado, vía sufragio, la deciden; y 2. El senado los designa.

Hay un dato que es preciso considerar: el Senado es una entidad eminentemente política, en él están representados los partidos políticos. También es importante considerar otro aspecto para los efectos de la presente reflexión: los órganos de marras son colegiados, esto es, se conforman por más de un miembro y sus decisiones se toman atendiendo al principio de la mayoría, gana quien tiene el mayor número de votos.

En los tiempos en que funcionó en México el sistema partitocrático (la degeneración del sistema democrático de partidos), de 1997 a 2018, ningún partido podía gobernar por sí mismo, necesitaba de los votos de cuando menos otro partido para sacar adelante la agenda congresual, esto le ocurrió a los que gobernaron en ese tiempo, al PAN y al PRI.

A partir de 2018 el sistema imperante es de partido predominante, Morena -y sus aliados-, si bien tiene mayoría, en ciertos casos necesita de los votos de otro partido para alcanzar las dos terceras partes, considerando, desde luego, el número de senadores presentes el día de la votación.

Así pues, bajo los entramados políticos expuestos, hasta antes de 2018, el PRI, el PAN y el PRD, los tres principales partidos políticos del momento, y después de 2018 Morena y sus aliados, se reparten los espacios en estos órganos electorales; es así que encontramos miembros marcados con el color rojo, azul, amarillo o marrón, todo depende de qué partido le haya brindado el apoyo.

Ejemplos de lo expuesto los encontramos en prácticamente todas las designaciones hechas, la más reciente, la de Yasmín Esquivel Mossa, nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a pesar de ser la esposa de uno de los contratistas cercanos al presidente, logró 95 votos a favor, cuando Morena y sus aliados suman sólo 69, por 15 en contra de los panistas.

La tersa marcha en el Congreso y la aprobación de ciertos temas dependen del respeto de estos cotos de poder que se les ceden a los partidos políticos, quienes de alguna manera tienen un representante que equilibra las decisiones que se tomen al seno de estos órganos colegiados.

Si esto ocurre en las entidades que formal y materialmente realizan funciones jurisdiccionales y administrativas de solución de litigios electorales, no podemos esperar algo diferente de las que son eminentemente políticas, como el Congreso o las legislaturas estatales; los contrapesos que juegan los partidos son esenciales para que las resoluciones estén matizadas de derecho pero resueltas políticamente en el fondo.

La decisión del Congreso del Estado de Durango en el tema de José Ramón Enríquez fue política, los timoratos señores diputados optaron por seguir la lógica política de la negación del Estado Constitucional de Derecho, al fin que no pasa nada.

En este país es el pan de todos los días: Odebrecht, el caso Cuauhtémoc Blanco y su candidatura a la Presidencia Municipal de Cuernavaca, la loba de Suchiate, las tarjetas Monex en 2012 y en el Estado de México en 2017 son sólo botones de muestra.

Una de las muchas discusiones inacabadas en el tema del funcionamiento del estado, es el relativo a determinar qué prevalece en las decisiones de los órganos que formal o materialmente resuelven controversias en materia electoral, si el derecho o la política.

Dicho en términos más precisos, el centro de la cuestión es si la litis se resuelve atendiendo los mandatos de la ley o si estos son manipulados para darle una salida política al entuerto de la norma.

Para dilucidar sobre el tema diremos, por principio de cuentas, que la designación de buena parte de los integrantes de estos órganos (jurisdiccionales y administrativos) puede provenir por cualquiera de estas dos vías: 1. El Ejecutivo hace la propuesta de una terna y los integrantes del Senado, vía sufragio, la deciden; y 2. El senado los designa.

Hay un dato que es preciso considerar: el Senado es una entidad eminentemente política, en él están representados los partidos políticos. También es importante considerar otro aspecto para los efectos de la presente reflexión: los órganos de marras son colegiados, esto es, se conforman por más de un miembro y sus decisiones se toman atendiendo al principio de la mayoría, gana quien tiene el mayor número de votos.

En los tiempos en que funcionó en México el sistema partitocrático (la degeneración del sistema democrático de partidos), de 1997 a 2018, ningún partido podía gobernar por sí mismo, necesitaba de los votos de cuando menos otro partido para sacar adelante la agenda congresual, esto le ocurrió a los que gobernaron en ese tiempo, al PAN y al PRI.

A partir de 2018 el sistema imperante es de partido predominante, Morena -y sus aliados-, si bien tiene mayoría, en ciertos casos necesita de los votos de otro partido para alcanzar las dos terceras partes, considerando, desde luego, el número de senadores presentes el día de la votación.

Así pues, bajo los entramados políticos expuestos, hasta antes de 2018, el PRI, el PAN y el PRD, los tres principales partidos políticos del momento, y después de 2018 Morena y sus aliados, se reparten los espacios en estos órganos electorales; es así que encontramos miembros marcados con el color rojo, azul, amarillo o marrón, todo depende de qué partido le haya brindado el apoyo.

Ejemplos de lo expuesto los encontramos en prácticamente todas las designaciones hechas, la más reciente, la de Yasmín Esquivel Mossa, nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a pesar de ser la esposa de uno de los contratistas cercanos al presidente, logró 95 votos a favor, cuando Morena y sus aliados suman sólo 69, por 15 en contra de los panistas.

La tersa marcha en el Congreso y la aprobación de ciertos temas dependen del respeto de estos cotos de poder que se les ceden a los partidos políticos, quienes de alguna manera tienen un representante que equilibra las decisiones que se tomen al seno de estos órganos colegiados.

Si esto ocurre en las entidades que formal y materialmente realizan funciones jurisdiccionales y administrativas de solución de litigios electorales, no podemos esperar algo diferente de las que son eminentemente políticas, como el Congreso o las legislaturas estatales; los contrapesos que juegan los partidos son esenciales para que las resoluciones estén matizadas de derecho pero resueltas políticamente en el fondo.

La decisión del Congreso del Estado de Durango en el tema de José Ramón Enríquez fue política, los timoratos señores diputados optaron por seguir la lógica política de la negación del Estado Constitucional de Derecho, al fin que no pasa nada.

En este país es el pan de todos los días: Odebrecht, el caso Cuauhtémoc Blanco y su candidatura a la Presidencia Municipal de Cuernavaca, la loba de Suchiate, las tarjetas Monex en 2012 y en el Estado de México en 2017 son sólo botones de muestra.

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