Una de las tareas centrales que deberá afrontar el gobierno que a partir de septiembre encabezará Esteban Villegas Villarreal es la inherente a la maximización de los derechos humanos de las y los duranguenses, lo cual pudiera sonar como algo automático en el papel.
Sin embargo, la consecución de tal cuestión entrañará todo un abanico de temas, problemas y posibilidades que deberán barajarse, valga la expresión, a partir de la idea de la dignidad humana no sólo en la teoría sino en lo eminentemente práctico. Al final y al cabo, eso es lo que interesa a las personas en su día a día.
Un asunto particularmente relevante será el de los programas sociales, que aunque es una labor que en lo principal está encomendada al Gobierno Federal, lo cierto es que también entra de una u otra forma en la cancha de las autoridades locales. Ya quedó atrás el tiempo de campañas, en donde unos y otros hablaban de que dichos programas llegarían o no a partir de los colores políticos que resultaran victoriosos en la jornada comicial. No debe olvidarse que adquirieron rango constitucional desde la reforma en la materia que tuvo verificativo el 8 de mayo de 2020.
El contenido de dicha reforma pretende accionar algunos esquemas para que grupos vulnerables como las personas con discapacidad, los adultos mayores y los estudiantes puedan desarrollar sus proyectos vitales de una forma armónica; igualmente, extiende el espectro normativo del derecho fundamental a la protección de la salud e inyecta algunas notas relevantes al federalismo sanitario, en aras de construir un Sistema de Salud para el Bienestar que sea acorde con el Estado constitucional, social y democrático de Derecho del siglo XXI.
Derechos sociales, programas sociales y políticas públicas deben constituir un círculo virtuoso para la satisfacción de algunas de las demandas más sentidas de la población, en tiempos donde urge porfiar en una globalización contrahegemónica y desde abajo, que reivindique el lugar de la sociedad civil en la conducción de los asuntos públicos.
Para este cometido, es importante que los gobiernos estatales se introduzcan de lleno en la promoción de planes de acción y programas estratégicos que redunden en mejores condiciones de vida para toda la población.
En las propuestas de campaña del candidato ganador en la pasada elección del 5 de junio sobresalen algunos aspectos que se incrustan con esa política social que va en la línea de lo trazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, la llamada “Tarjeta Madre”, destinada, en concreto, a tópicos como salarios para amas de casa, servicios sanitarios de calidad, estancias infantiles para sus hijos, atención psicológica, entre otro tipo de beneficios.
De aterrizarse en el terreno de la realidad, y siempre y cuando no se utilice para fines electorales en cuanto tales, un programa de este estilo repercutirá de forma positiva en la economía de este amplio sector poblacional, teniendo en cuenta la desaceleración económica generalizada que se vive a causa de la pandemia Covid-19 que todavía estamos experimentando.
Así las cosas, la expectativa es alta y el acompañamiento social al proyecto del gobierno estatal entrante debe ser férreo, pues si le va bien a Esteban Villegas, sin duda le irá bien a Durango. Esperemos que los ejes de su plan gubernamental estén a la altura de las circunstancias, ya que hay mucho por hacer para impulsar la agenda tanto de los derechos humanos como de los programas sociales en nuestra entidad federativa.
