/ miércoles 19 de enero de 2022

Detener el tráfico de armas

Varios son los temas que me han hecho dejar de lado uno que considero de gran interés para su análisis y reflexión: El tráfico de armas, tanto por sus repercusiones sociales como económicas.

El 4 de agosto pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el Senado interpusieron una denuncia contra los fabricantes de armas por el comercio ilegal que realizan en nuestro país, esto es relevante más allá de que a él le haya valido un reconocimiento de carácter público, es fundamental porque la entrada de ese material incide en los niveles de violencia que enfrentamos en nuestro país.

Las empresas denunciadas fabrican dos terceras partes de las 500 mil armas que ingresan anualmente de forma ilegal, mismas que están fabricadas exprofeso para ser empleadas por los carteles del narcotráfico, los cuales han recrudecido su nivel de enfrentamientos en los últimos años.

Con base en datos de la demanda presentada por el canciller en el 2019, 17 mil asesinatos se cometieron con ese tipo de contrabando. Recordemos además, que en 2011 durante el gobierno de Felipe Calderón, mediante la operación Rápido y Furioso se pretendió introducir armas provenientes de Estados Unidos para rastrearlas y determinar qué carteles las usaban, sin embargo (inexplicablemente) se les perdió el rastro y el operativo fracasó.

Esa intromisión fue avalada por el ex mandatario de extracción panista, quien se empeña en negar, a pesar de que el titular de la Fiscalía General de la República tiene pruebas de que el Gobierno Mexicano tuvo conocimiento de dicho operativo y dio su aval para permitirlo.

La diferencia de esa administración presidencial y el actual gobierno federal es que esta vez sí existe una preocupación real por impedir el tráfico indolente e ilegal de esas armas que fomentan la violencia y por ello se ha interpuesto esta denuncia como parte de las acciones destinadas a combatir a esos grupos delincuenciales.

En varios estados del país la violencia va en aumento, entre otras causas porque los grupos del crimen organizado se abastecen de armas cada vez más sofisticadas, y una forma de frenar esas disputas es evitar el contrabando, así podremos también incidir en la disminución de los homicidios.

Confiamos en que la demanda contra empresas armamentistas prospere y que la Organización de las Naciones Unidas haga eco de la posición de México para abatir el tráfico de armas para alcanzar la paz y la seguridad.

Varios son los temas que me han hecho dejar de lado uno que considero de gran interés para su análisis y reflexión: El tráfico de armas, tanto por sus repercusiones sociales como económicas.

El 4 de agosto pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el Senado interpusieron una denuncia contra los fabricantes de armas por el comercio ilegal que realizan en nuestro país, esto es relevante más allá de que a él le haya valido un reconocimiento de carácter público, es fundamental porque la entrada de ese material incide en los niveles de violencia que enfrentamos en nuestro país.

Las empresas denunciadas fabrican dos terceras partes de las 500 mil armas que ingresan anualmente de forma ilegal, mismas que están fabricadas exprofeso para ser empleadas por los carteles del narcotráfico, los cuales han recrudecido su nivel de enfrentamientos en los últimos años.

Con base en datos de la demanda presentada por el canciller en el 2019, 17 mil asesinatos se cometieron con ese tipo de contrabando. Recordemos además, que en 2011 durante el gobierno de Felipe Calderón, mediante la operación Rápido y Furioso se pretendió introducir armas provenientes de Estados Unidos para rastrearlas y determinar qué carteles las usaban, sin embargo (inexplicablemente) se les perdió el rastro y el operativo fracasó.

Esa intromisión fue avalada por el ex mandatario de extracción panista, quien se empeña en negar, a pesar de que el titular de la Fiscalía General de la República tiene pruebas de que el Gobierno Mexicano tuvo conocimiento de dicho operativo y dio su aval para permitirlo.

La diferencia de esa administración presidencial y el actual gobierno federal es que esta vez sí existe una preocupación real por impedir el tráfico indolente e ilegal de esas armas que fomentan la violencia y por ello se ha interpuesto esta denuncia como parte de las acciones destinadas a combatir a esos grupos delincuenciales.

En varios estados del país la violencia va en aumento, entre otras causas porque los grupos del crimen organizado se abastecen de armas cada vez más sofisticadas, y una forma de frenar esas disputas es evitar el contrabando, así podremos también incidir en la disminución de los homicidios.

Confiamos en que la demanda contra empresas armamentistas prospere y que la Organización de las Naciones Unidas haga eco de la posición de México para abatir el tráfico de armas para alcanzar la paz y la seguridad.

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