El “desliz administrativo” del alcalde Jorge Salum, por acudir al registro de Minka Hernández, será sancionado por el Congreso del Estado. Si aplica la misma “vara” con que valoró similar o más grave “error” de José Ramón Enríquez, todo quedaría en una multa económica.
Sin embargo, las circunstancias políticas son diferentes, y los legisladores estarían tentados (por motivos político-electorales), de ejercer a cabalidad lo que establece la Ley, aunque ello fuese considerado un exceso, al poder emplear un castigo desproporcionado y hasta inapropiado, que pudiera llegar a la inhabilitación del servidor púbico.
Algunos diputados se han pronunciado por que el edil quede separado de su cargo, por el tiempo que duren las elecciones, mientras que otros piden que sea por un lapso mayor. De aplicarse el mismo criterio que con Enríquez, no tendría que suceder esto.
Hay opiniones encontradas sobre la magnitud del castigo que en esta ocasión se pudiera utilizar en contra del edil, sobre todo alentados por el escenario electoral nacional de polarización y enfrentamiento.
Aunque también está a favor del acusado, el haber admitido que cometió la presunta irregularidad al calor del proceso interno de su partido, bajo el argumento de nunca utilizar recursos públicos, y sólo disponer de su tiempo libre.
En el seno de la Comisión de Responsabilidades de la actual Legislatura, se llevará a cabo el análisis, discusión y dictaminación del acuerdo enviado por el Consejo Municipal Electoral del IEPyC, para que esta instancia determine “el correctivo” vs Jorge Salum, de acuerdo a la falta que cometió, y que unos quieren que se vaya hasta la vía penal.
Los legisladores deberán cumplir con el procedimiento legal, que inicia con el desahogo de pruebas, y la notificación al jefe de la Comuna, para que acuda a presentar sus aclaraciones que por Derecho le corresponden.
Los parlamentarios deberán cuidar no exceder los límites jurídicos en este tipo de casos, de tal manera que lo que decidan, tendrá que estar soportado en las normas establecidas, y tener en cuenta los agravantes.
En sus alegatos, Salum defendería su actuación cuando acompañó a quien fuera su colaboradora, a inscribirse en el PAN como aspirante a candidata. Sus argumentos han sido que no fue en horas de trabajo, y menos utilizó recursos del erario municipal.
En proporción a la gravedad o no del “desacierto”, los diputados deberán dictaminar el alcance de la pena. Y aunque hay voces que se desgarran las vestiduras para que sea un castigo ejemplar, hay otros que incluso señalan que de extralimitarse, podrían convertir a Salum en víctima, lo que atraería a su persona, la simpatía de la mayoría ciudadana.
De inconformarse por la resolución, aún le quedaría interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo cual podría transcurrir buena parte de los tiempos en que se desarrollen las campañas electorales.
