En la antigua Roma se administraba justicia en las plazas públicas, llamados también foros o recintos, de ahí deviene el origen de la concepción de “fuero”, que en diversas etapas de la historia se ha utilizado con múltiples acepciones, en algunas ocasiones como una prerrogativa, privilegio o derecho que se otorga a determinadas actividades, principios y virtudes; en otras, en razón de la naturaleza de la actividad que realizan ciertas personas dentro de las estructuras del poder público.
En nuestro orden jurídico es una especie de jurisdicción especial que protege a ciertas personas en razón de su cargo. El fuero sustrae a ciertos funcionarios del sistema ordinario de persecución y castigo de ilícitos.
El fuero es considerado un instrumento de protección en los regímenes democráticos, especialmente para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado. En nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Jurisprudencia, señala que el fuero es un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento en razón de sus posiciones políticas en temas de interés general, requiriéndose de una declaración de procedencia sustanciada en las Cámaras de Diputados y Senadores, antes de poner al acusado en condiciones similares a las de ciudadanos sin cargo público, con el fin de evitar juicios sumarios a través de los cuales se castigue a representantes populares por cuestiones políticas.
Recordemos que en episodios de nuestra historia se han presentado abusos de poder contra el sistema de equilibrios y contrapesos; quien ostenta el mayor poder político encuentra obstáculos para sus fines -regularmente malsanos- en los representantes de los otros poderes, utiliza la persecución política. El caso más ilustrativo es el que originó Victoriano Huerta al mandar encarcelar a 84 diputados, el 10 de octubre de 1913, por oponerse a sus deseos. Ordenó esta acción contra integrantes del Poder Legislativo, descarrilando la vida institucional de la Nación.
En la actualidad, el denominado “fuero” está reservado para los representantes populares, quienes antes de ser juzgados por causa penal, tienen que ser sujetos a un juicio de procedencia. Sin embargo, en México, esta protección ha dado motivo a una serie de abusos por parte de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que mal utilizando el espíritu original del fuero han cometido actos delictivos ocasionando que no se castiguen múltiples ilícitos, abriendo la puerta a la impunidad. La deformación del “fuero” constitucional, ha originado una lluvia de iniciativas para eliminarlo, tanto a nivel federal como en diversos Estados de la República, en razón del descredito que en la práctica padece esta figura.
En días pasados fue aprobada en la Cámara de Senadores con 111 votos a favor, una reforma en materia de fuero constitucional para poder juzgar al Presidente de la República y Legisladores Federales (senadores y diputados) en funciones, por actos de corrupción, violaciones graves a leyes federales y locales, y delitos electorales, reclasificándolos como delitos graves, lo que implica enfrentar la prisión preventiva. Esta situación abre el camino para terminar con privilegios de los que ha gozado y abusado la clase política. Antes al titular del Ejecutivo solo se le podía juzgar por traición a la patria y delitos graves del orden común. Sin especificarse cuáles en la norma, la doctrina especuló señalando como ejemplo homicidios escandalosos, ahora se amplían las causales para imputarlo ante autoridades competentes.
El objetivo de la reforma es contribuir a combatir la corrupción y la impunidad, en virtud de que los servidores públicos tienen la obligación de salvaguardar los intereses de la nación. El objetivo de los cambios es hacer realidad el principio de igualdad ante la ley, es decir, todos los ciudadanos debemos responder por nuestros actos ante un juez, con el fin de atajar la impunidad y que la justicia no encuentre obstáculos en su camino.
Moderar y equilibrar la figura del fuero es lo adecuado, erradicarla sería un error porque abriría el paso al abuso del poder como ya ha quedado evidente en episodios históricos, pero dejarlo como estaba implicaba el riesgo de que funcionarios públicos siguieran cometiendo delitos, en plena impunidad, utilizando recursos públicos, situación que lastima sobremanera a la sociedad.
