La apatía de gobiernos como el de México propician entornos dramáticos en las condiciones por las que atraviesan los migrantes en medio de la pandemia. Varados y hacinados en fronteras lejanas a sus lugares de origen, parece que a nadie preocupa la problemática de estas caravanas por diversas regiones del mundo de personas altamente vulnerables acampando a la deriva y sin mecanismos básicos para protegerse tanto del Covid-19 como del otro germen: la indiferencia de gobiernos que los tratan como ciudadanos de segunda, sin derecho a la salud, al alojamiento, a la educación, a la protección; todo a pesar de su contribución al Desarrollo Sostenible reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su agenda 2030.
La pandemia nos sitúa en condiciones igualitarias a todos los seres humanos; nadie estamos exentos de sufrir los estragos sanitarios y económicos que nos está dejando la inédita coyuntura. Resulta inadmisible la condición de los migrantes quienes están en extrema vulnerabilidad, lejos del acceso al agua potable, a los alimentos nutritivos, menos a las garantías de atención sanitaria en caso de sufrir un contagio. Su situación revela que en materia de derechos humanos los resultados son opacos e insuficientes; no se ejecutan políticas públicas de protección al migrante en los países involucrados con el fenómeno.
Se sabe de casos como en las Autonomías costeras de España, donde migrantes contagiados con el coronavirus -africanos, especialmente marroquíes y argelinos- prefieren huir de los refugios improvisados ante las condiciones de hacinamiento y el descontrol de quienes en teoría mantienen su protección. Tal descuido es sólo uno de los varios apuros por los que los migrantes saben que están a la deriva.
En el caso de México nada informa el Gobierno Federal acerca de los brotes de contagio en los albergues instalados en las fronteras del norte y del sur; también guarda silencio sobre el seguimiento epidemiológico al interior de estos alojamientos. El sistema de salud mexicano se ha enfocado en bombardear de cifras a la opinión pública –en resúmenes diarios con matices políticos- cuidando más el show televisivo que la información profesional, con la seriedad que la situación amerita; reportando cifras y proyecciones sin soporte médico y científico.
De acuerdo con cantidades reveladas por el Banco de México, los migrantes aportaron en el mes de mayo 3,379 millones de dólares con el envío de remesas, pero es de esperarse que sus familias durante el mes de junio y julio ya hayan sufrido la disminución de sus ingresos ante la caída del empleo en los países donde ahora laboran sus dotadores. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la pandemia dejará 83.4 millones de personas adicionales en condición de pobreza extrema en América Latina. Junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha presentado un informe para alertar que la crisis sanitaria puede desembocar también en un drama alimentario.
En México, ante la caída histórica del 18.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre del presente año, superando los registros más bajos desde hace varias décadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha rebelado optimista en el envío de remesas (situación absolutamente fuera de su control), así como en una segunda medición tras “la nueva normalidad”, para tener algo que presumir ante la supuesta recuperación económica que prometió se daría a partir de julio, algo que se perfila inalcanzable ante la abrumadora realidad nacional, con predicciones en cuanto a que aumentará la pobreza extrema con 12 millones de personas más. 10 mil empresas y negocios ya han cerrado y otros miles de emprendedores luchan con sus propios dientes para sobrevivir, aunado a un mal manejo de la pandemia que ha sido ampliamente cuestionado y que nos sitúa entre los países con un crecimiento sin control de contagios en el mundo.
Por si fuera poco, estamos a sólo tres meses de las elecciones de EE.UU, cuyo discurso antiinmigrante del candidato y hoy presidente Donald Trump no cede, por el contrario, ahonda la estigmatización hacia nuestros compatriotas migrantes, por lo que a pesar de la aparente buena y fugaz relación entre los dos mandatarios, confiar en la estabilidad de la relación diplomática así como de los acuerdos económicos y particularmente migratorios que se deriven de ella, sería como confiar en una moneda en el aire que gira en medio de un vendaval.
Las políticas migratorias deben basarse en el respeto a los derechos humanos, con flujos ordenados, con un interés genuino de los países involucrados porque hablamos de problemas comunes a los que es imposible eludir. Se trata, en resumidas cuentas, de pasar del discurso a los hechos, donde la migración no sea el rostro vergonzoso de un país que estigmatiza la movilidad y que, por el contrario, privilegie las razones migratorias, particularmente cuando se sabe bien que las personas se desplazan por razones de seguridad o por hambre.
La agenda 2030 de la ONU reconoce la importancia de la migración internacional para el desarrollo sostenible de las naciones, que facilita sociedades pacíficas e incluyentes, que, mediante la cooperación mutua y el despojo de prejuicios de toda índole, particularmente raciales, podríamos transitarla en mejores circunstancias.
No olvidemos el doble confinamiento de los migrantes: el del coronavirus y el de los muros fronterizos. Como nunca, es tiempo de la participación colectiva activa, es tiempo de extender los brazos hacia las verdaderas causas humanas, aquellas que sólo distinguen los gobiernos y mandatarios que reconocen el valor de la diversidad y de la dignidad.
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