/ domingo 24 de mayo de 2020

¿Dónde terminan los derechos de unos e inician los de otros?

Francisco N ingresó a cirugía al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS de esta ciudad el

pasado jueves 21 de mayo. Presentaba una herida producida por arma de fuego en el

húmero de su brazo derecho; pero además, algunos síntomas de Covid-19, a pesar de eso,

no aceptó el estudio correspondiente y se fue con alta voluntaria.

Antes, su hija intentó visitarlo durante su breve estancia hospitalaria. No se lo permitieron,

le dijeron que podrían ponerla en cuarentena si lo hacía.

Ya egresado, Francisco N buscó atención en servicios particulares, concretamente en el

Hospital Santa Catarina. Tenía una saturación de oxigeno del 76 por ciento –en condiciones

sanas saturamos 98-; obvio, le negaron la atención pues sospecharon Covid-19. Los

hospitales privados están refiriendo este tipo de casos a los nosocomios del Sector Salud.

Para el personal médico del HGZ No. 1, el paciente sabía de su posible padecimiento.

Durante el interrogatorio de protocolo en el área de Urgencias, negó tener los síntomas e

ingresó a quirófano para ser atendido por la herida producida por arma de fuego. Más tarde,

ese mismo día, solicitó su alta voluntaria con el argumento que si se quedaba internado

podía morir; eso le dijo al personal médico.

Si Francisco N permite el estudio y se confirma que es portador de Covid-19, será causante

de un potencial riesgo para la salud de muchos.

La referencia anterior, da pie a la reflexión y a la discusión seria y serena sobre los

derechos de unos y otros. La Ley Federal de Datos Personales prevé sanciones a quien viole

la privacidad de todo individuo al revelar su nombre, domicilio y hasta el padecimiento –en

este caso específico- que lo puedan hacer víctima de escarnio, rechazo y hasta de actos

violentos.

Pero, el respeto a sus derechos, ante la hasta hoy irreversible inconciencia social ¿no pone

en riesgo el derecho a la salud de los demás?

Confirmado está que las autoridades en el estado tienen información fidedigna, obtenida

directamente de reporte de vecinos, sobre pacientes Covid-19 que se les ordenó aislamiento

domiciliario y que sin tener alta médica, salen de sus domicilios de manera deliberada y no

precisamente al seguimiento clínico de su caso.

Inconciencia, maldad, irresponsabilidad… coloque usted el adjetivo que merezca tal actitud

pero, ¿creerá que para ellos no existe sanción prevista en ninguna Ley, ni acciones de

coerción que le obliguen a mantener su aislamiento social? En mi concepción, creo que

debieran ser objeto de ellas.

Hace algunos días platicaba con dos profesionales del Derecho ampliamente reconocidos

en Durango en torno a esta situación y ambos coincidían en que legalmente nada puede

hacerse. Puse sobre la mesa un ejemplo: Si un paciente Covid-19, diagnosticado y con

tratamiento terapéutico ordenado para seguirse en su hogar, sale y pasea por estas calles y

contagia a X persona, y éste, producto de ello pierde la vida, ¿puede ser objeto de una

acusación penal?

Su conclusión fue, que si está plenamente demostrado que fue el causante del contagio y

posterior pérdida de vida del contagiado, sí pudiera ser acusado de homicidio. Vale la pena

insistir: Sólo si es demostrable.

Porque real es que se están presentando estos casos de irresponsabilidad, preguntaba

también si el público en general debiera saber quiénes han sido contagiados, por el

elemental derecho a la salud que tenemos todos. La respuesta fue un NO rotundo por la

estricta observancia a la Ley Federal de Datos Personales; sin embargo, insistí, ¿el respeto a

los derechos humanos de ellos, no viola los míos?

Moralmente puede constituir una violación pero legalmente no.

No soy partidario de inobservar tal legislación. Mi choque de conciencia y hasta de

intranquilidad proviene de esa pregunta tan vieja como válida: ¿Donde terminan los

derechos de unos e inician los de otros? En torno a este tema en particular, hasta hoy, no sé.

Mientras que algunos portadores diagnosticados y sintomáticos continúan ejerciendo su

legítimo derecho al libre tránsito sin que ninguna norma se los impida más que su

conciencia, las autoridades estatales ya preparan el lanzamiento de una plataforma digital

que permitirá dar seguimiento vía GPS a cada uno de los confinados en su domicilio. Es

una buena medida de vigilancia, ojalá luego no sea objeto de discusión.

Francisco N ingresó a cirugía al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS de esta ciudad el

pasado jueves 21 de mayo. Presentaba una herida producida por arma de fuego en el

húmero de su brazo derecho; pero además, algunos síntomas de Covid-19, a pesar de eso,

no aceptó el estudio correspondiente y se fue con alta voluntaria.

Antes, su hija intentó visitarlo durante su breve estancia hospitalaria. No se lo permitieron,

le dijeron que podrían ponerla en cuarentena si lo hacía.

Ya egresado, Francisco N buscó atención en servicios particulares, concretamente en el

Hospital Santa Catarina. Tenía una saturación de oxigeno del 76 por ciento –en condiciones

sanas saturamos 98-; obvio, le negaron la atención pues sospecharon Covid-19. Los

hospitales privados están refiriendo este tipo de casos a los nosocomios del Sector Salud.

Para el personal médico del HGZ No. 1, el paciente sabía de su posible padecimiento.

Durante el interrogatorio de protocolo en el área de Urgencias, negó tener los síntomas e

ingresó a quirófano para ser atendido por la herida producida por arma de fuego. Más tarde,

ese mismo día, solicitó su alta voluntaria con el argumento que si se quedaba internado

podía morir; eso le dijo al personal médico.

Si Francisco N permite el estudio y se confirma que es portador de Covid-19, será causante

de un potencial riesgo para la salud de muchos.

La referencia anterior, da pie a la reflexión y a la discusión seria y serena sobre los

derechos de unos y otros. La Ley Federal de Datos Personales prevé sanciones a quien viole

la privacidad de todo individuo al revelar su nombre, domicilio y hasta el padecimiento –en

este caso específico- que lo puedan hacer víctima de escarnio, rechazo y hasta de actos

violentos.

Pero, el respeto a sus derechos, ante la hasta hoy irreversible inconciencia social ¿no pone

en riesgo el derecho a la salud de los demás?

Confirmado está que las autoridades en el estado tienen información fidedigna, obtenida

directamente de reporte de vecinos, sobre pacientes Covid-19 que se les ordenó aislamiento

domiciliario y que sin tener alta médica, salen de sus domicilios de manera deliberada y no

precisamente al seguimiento clínico de su caso.

Inconciencia, maldad, irresponsabilidad… coloque usted el adjetivo que merezca tal actitud

pero, ¿creerá que para ellos no existe sanción prevista en ninguna Ley, ni acciones de

coerción que le obliguen a mantener su aislamiento social? En mi concepción, creo que

debieran ser objeto de ellas.

Hace algunos días platicaba con dos profesionales del Derecho ampliamente reconocidos

en Durango en torno a esta situación y ambos coincidían en que legalmente nada puede

hacerse. Puse sobre la mesa un ejemplo: Si un paciente Covid-19, diagnosticado y con

tratamiento terapéutico ordenado para seguirse en su hogar, sale y pasea por estas calles y

contagia a X persona, y éste, producto de ello pierde la vida, ¿puede ser objeto de una

acusación penal?

Su conclusión fue, que si está plenamente demostrado que fue el causante del contagio y

posterior pérdida de vida del contagiado, sí pudiera ser acusado de homicidio. Vale la pena

insistir: Sólo si es demostrable.

Porque real es que se están presentando estos casos de irresponsabilidad, preguntaba

también si el público en general debiera saber quiénes han sido contagiados, por el

elemental derecho a la salud que tenemos todos. La respuesta fue un NO rotundo por la

estricta observancia a la Ley Federal de Datos Personales; sin embargo, insistí, ¿el respeto a

los derechos humanos de ellos, no viola los míos?

Moralmente puede constituir una violación pero legalmente no.

No soy partidario de inobservar tal legislación. Mi choque de conciencia y hasta de

intranquilidad proviene de esa pregunta tan vieja como válida: ¿Donde terminan los

derechos de unos e inician los de otros? En torno a este tema en particular, hasta hoy, no sé.

Mientras que algunos portadores diagnosticados y sintomáticos continúan ejerciendo su

legítimo derecho al libre tránsito sin que ninguna norma se los impida más que su

conciencia, las autoridades estatales ya preparan el lanzamiento de una plataforma digital

que permitirá dar seguimiento vía GPS a cada uno de los confinados en su domicilio. Es

una buena medida de vigilancia, ojalá luego no sea objeto de discusión.

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