No hace mucho, las diputadas y diputados de la actual legislatura dieron a conocer una agenda común con varios ejes temáticos, entre ellos los derechos humanos.
En poco tiempo tendrán que resolver el tema del matrimonio igualitario donde se involucran los derechos humanos de las personas, establecidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. No es la primera vez que esta iniciativa llega al Congreso del Estado.
En legislaturas pasadas, las diputadas y diputados aun con resoluciones de la Corte se lavaron las manos, se echaron la bolita unos a otros y el resultado, postergaron lo inevitable: que se apruebe el matrimonio igualitario como acaba de suceder en Oaxaca.
Si somos el Chiapas del norte, también somos uno de los estados más conservadores del país. Aquí, fuimos los últimos en firmar la Independencia de México y el último reducto de la guerra cristera. Esto es un asunto histórico y cultural, que nos retrata como sociedad conservadora.
Las y los diputados están entre la moral religiosa y el derecho, pero sobre todo, en riesgo de incurrir en una violación a derechos humanos y a una norma Constitucional. Hace unos días, agrupaciones religiosas fueron recibidas por Alicia Gamboa, David Ramos Zepeda y Rigoberto Quiñones.
Los religiosos dejaron en la mesa: “De acuerdo al INEGI, los que estamos aquí representamos el 94% de la población del estado de Durango”. Seguramente el 4% restante son ateos “gracias a Dios”. ¿A usted lo representan estos grupos? A nosotros tampoco.
Estas agrupaciones se hacen llamar Consejo Religioso de Durango. Se dicen respetuosos de los derechos humanos, de las preferencias sexuales de las personas, que personas del mismo sexo puedan vivir juntas pero no pueden contraer matrimonio. Diría Cantinflas: “Ahí está el detalle”, piden estos grupos que en lugar de matrimonio se les llame sociedades de convivencia, juntas pero no revueltas, sociedades anónimas, cualquier cosa pero menos matrimonio.
Pidieron a los diputados que la piensen, sin precipitarse, que les den oportunidad de organizar foros y asambleas a “mano alzada”; si son el 94% de la población del estado como ellos afirman, entonces “¿pero que necesidad, para que tanto problema?”; además les entregaron una iniciativa con la petición de que sea aprobada en comisiones y votada en el pleno. ¡Cómo la ve! Y les lanzaron a los diputados la siguiente advertencia: “si aprueban el matrimonio igualitario, en las próximas elecciones no votaremos por ustedes, que no se les olvide, somos el 94% de la población”.
Atrás de estos grupos religiosos hay otros más fuertes, y los diputados lo saben. Lo que está en juego es la Reforma al Código Civil del Estado que en el artículo 142º dice: “Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges se tendrá por no puesta”. Lo que debería quedar en el Código Civil es que el matrimonio sea entre personas y no sólo entre hombre y mujer.
Las diputadas y los diputados deben interpretar el derecho humano a la no discriminación y el libre desarrollo a la personalidad. Consultar el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 26º “Todas las personas son iguales ante la ley, y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley”. ¿Quieren hacer historia?, esta es su oportunidad.
Voten libremente, sin presiones y sin chantajes. Podrían otra vez posponer el matrimonio igualitario, pero no impedirlo. Existen muchos recursos, amparos o acciones de inconstitucionalidad cuando se viola un derecho humano y una norma constitucional.
