Un escándalo de proporciones mayúsculas ha salido a la luz en ocasión de que, como reporta la BBC, centenares de políticos, funcionarios públicos, periodistas, ejecutivos de negocios y activistas de derechos humanos, entre muchas otras personas, han sido víctimas del programa informático Pegasus.
Al decir de la cadena británica mencionada, alrededor de 50,000 números telefónicos fueron filtrados para espiarlos remotamente, a pesar de que los proveedores de servicio y fabricantes han insistido en lo robusto de sus esquemas de seguridad.
Desde un punto de vista técnico, Pegasus es un “spyware” (programa o aplicación espía) que se ejecuta en varios teléfonos con sistemas operativos iOS y Android, el cual fue desarrollado por la firma cibernética NSO Group, con sede en Israel. Es capaz de explotar vulneraciones de seguridad en un alto grado; por ejemplo: Leer mensajes de texto, recopilar passwords, rastrear llamadas y ubicaciones de los dispositivos móviles y almacenar datos de las aplicaciones instaladas en ellos. Tales circunstancias son sin duda preocupantes, pues constatan que la privacidad está bajo amenaza.
En el caso particular de nuestro país, es de llamar la atención que en los dos anteriores sexenios se firmaron contratos con corporaciones vinculadas a NSO Group, según lo ha informado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Con independencia del uso o sesgo político que se le pueda dar a esta investigación, es ineludible llegar hasta las últimas consecuencias de la misma para que se deslinden las responsabilidades correspondientes. En ningún Estado constitucional y democrático de Derecho pueden tener cabida las intromisiones, intrusiones e injerencias indebidas en la vida privada de las personas.
Cuando el CEO (director ejecutivo) de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo como es Apple reconoce que la privacidad digital está en riesgo y que los clientes deberían controlar su información, no estamos hablando de un asunto menor. Si Tim Cook asevera por ejemplo que el cifrado es un ataque contra las libertades civiles en la globalización, hay que tomarle la debida atención, además de que es algo compartido entre usuarios, empresas y gobiernos.
La privacidad parece estar a la venta y al mejor postor. Muchas de las batalles por las libertades públicas se han trasladado a las arenas virtuales, lo cual trae consigo desafíos abundantes. Ya sea para sacar tajada política, económica o de otra índole, o simplemente por perjudicar a un tercero, es posible lucrar con los datos personales a través de empresas cibernéticas cada vez más poderosas, amenazantes y fuertes.
Si se aplica el adagio popular consistente en que “los carniceros de hoy serán las reses del mañana”, se llega a la problemática conclusión de que todos podemos ser víctimas y victimarios ante el acecho de esos poderes salvajes que han migrado desde hace tiempo a las computadoras, teléfonos celulares, tabletas y demás dispositivos. Justo en este momento se perpetran decenas de miles de ataques ante los cuales hay pocas posibilidades de una defensa eficaz.
Una última pregunta que podemos formular es la siguiente: ¿Qué privacidad es necesaria en la actualidad, considerando los múltiples espacios de interacción que tenemos con lo digital, con las redes sociales y con los entornos informáticos, asumiendo además que mucho de lo que hacemos en la actualidad necesariamente pasa por la galaxia internet y las numerosas amenazadas que rodean a la llamada supercarretera de la información?
