El sistema representativo como factor de la vida democrática implica que el ciudadano al elegir a sus gobernantes les concede la autorización para ejercer las facultades que la ley le otorga. En el caso del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 89 constitucional establece una serie de facultades y obligaciones que debe cumplir, entre las cuales está las de ejercer el presupuesto anual que aprueba anualmente la cámara de diputados. Con objetivos claros y en base a la planeación económica que fomente el desarrollo del país, el titular del Ejecutivo es quien debe determinar cuáles son los programas y las obras de infraestructura que el país necesita y la manera de financiarlas en base a los recursos disponibles.
Mientras que la consulta popular es un mecanismo de democracia participativa con el fin de fortalecer el sistema representativo, un matiz de democracia directa que tiene por finalidad que una decisión de verdadera trascendencia para el país sea sometida a la opinión de los ciudadanos, quienes, a través de un proceso de votación aprueban o rechazan la decisión que pretende tomar el gobernante, asunto que va a incidir en la vida social e institucional de la Nación.
Esta figura tiene sustento en el artículo 26 constitucional al establecer el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, para lo cual la ley faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática.
El argumento para incluir este tipo de ejercicios de participación de los diferentes sectores es que el Plan Nacional de Desarrollo debe contemplar las aspiraciones y demandas de la sociedad.
La misma Constitución General de la República establece en su artículo 73 en el que se enlistan las facultades del Congreso de la Unión, en su fracción XXIX-Q faculta al Poder Legislativo a regular la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Estas figuras se consideran de avanzada en una sociedad democrática porque otorgan a los ciudadanos la posibilidad de dar o negar su anuencia a una decisión política fundamental que puede modificar la vida institución del país, de ahí que en México la consulta popular debe versar sobre asuntos de trascendencia que impactan en la vida cotidiana de las personas y en el rumbo de las políticas públicas.
La consulta popular con base constitucional en México la debe realizar el Instituto Nacional Electoral, que es un órgano constitucional autónomo que goza de credibilidad y profesionalismo. El tema a consultar se elige entre el Ejecutivo y el Legislativo, las preguntas que se dirigen a los ciudadanos las aprueba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sólo se pueden hacer el día de la elección de los comicios federales intermedios, es decir, cuando se renueva la Cámara de Diputados, para lo cual el INE incorpora una boleta adicional a la de las votaciones y es ahí donde el ciudadano se puede expresar de manera libre, garantizándose así una amplia participación popular sobre el tema, política pública o decisión a consultar.
Construir una nueva refinería, un tren turístico y un nuevo aeropuerto son decisiones políticas de trascendencia, se trata de asuntos de carácter económico, de infraestructura para el desarrollo y la conectividad del país, por tanto, se ubican dentro de las facultades del titular del Ejecutivo y su equipo de gobierno.
La verdadera consulta popular regulada en la Constitución se trata de un proceso político del que la mayoría de la población tiene información suficiente para orientar una decisión, el tema le interesa a la mayoría de los habitantes del país y su opinión es determinante para que el gobierno actúe en un sentido o en otro, porque sus resultados tienen efectos vinculantes, es decir, una vez expresada la voluntad de la sociedad, el gobierno tiene que acatar esa opinión para diseñar y ejecutar sus políticas públicas. La decisión de obras de infraestructura son asuntos de asignación eficiente de recursos, que le dará al país mejores instrumentos para su desarrollo.
El sistema representativo implica que quien es electo en los comicios cuenta con la representatividad suficiente para tomar decisiones del ejercicio del presupuesto y de impulsar los proyectos de infraestructura. El ciudadano ya cumplió con su voto en los comicios, ahora corresponde al Ejecutivo federal decisiones y asumir la responsabilidad de estas. De ser buena la decisión, el pueblo lo reconoce y aumenta la confianza en el gobernante; de equivocarse, el pueblo lo observa y castiga a ese proyecto político en la siguiente elección, esa es una regla constante de la democracia. De eso se trata el verdadero compromiso político, de asumir riesgos, de tomar decisiones y de someterse al juicio ciudadano, no tratar de evadirlo, utilizando figuras con piel de demócratas, pero que son utilizadas con resultados a modo de quien gobierna, distorsionando su verdadero sentido.
