Los países exitosos en el combate a la desigualdad social implementan diversas políticas públicas a fin de mitigar las diferencias sociales con programas en apoyo a los más necesitados, la población que carece de servicios básicos y las oportunidades de empleo y educación a las que deben tener acceso todos sus habitantes.
Mientras mayor sea la desigualdad en una sociedad, más es la importancia del gasto social, a contrario sensu, entre menos desigualdad haya, es menos la necesidad de buscar esquemas asistenciales para los pocos marginados.
Las sociedades que han logrado altos niveles de desarrollo y de igualdad social se basan en promover el empleo y la seguridad social, entienden que, con empleos bien remunerados y buenas prestaciones, la mayoría de la población aumenta su nivel de vida y el número de marginados disminuye.
De todas las recetas experimentadas hasta hoy para combatir la pobreza, las más efectiva es aumentar la inversión productiva para producir altas cantidades de bienes y servicios, generando empleos con salarios altos. Esta es la razón por la que los Estados buscan generar condiciones para atraer inversión extranjera y nacional pública y privada, para lo cual diseñan planes y programas de desarrollo, ejecutados con transparencia y rendición de cuentas, apegados a las leyes, a fin de generar confianza en los inversionistas.
Esto nos lleva a analizar qué se está haciendo hoy en día en México en política económica para cambiar la situación de pobreza que padecen varios millones de seres humanos. Ya vimos que países como Finlandia, Suecia, Holanda, Finlandia, Irlanda, Alemania, Estados unidos, Canadá, entre otros, buscan elevar la inversión, la productividad, el empleo, y con ello mejorar los servicios de educación, vivienda, alimentación, salud, acceso al agua, drenaje, energía eléctrica, vías de comunicación, transporte público de calidad. Mientras tanto aquí el actual gobierno de México pretende, con programas mal diseñados, encontrar soluciones con la entrega directa de cantidades millonarias por parte de la federación a los pobres, situación que evidencia que su propósito es incentivar el clientelismo político y no construir bases sólidas para modificar el rumbo económico y social.
Cerrar las estancias infantiles de Sedesol, los refugios para mujeres víctimas de violencia de género y el seguro popular, es eliminar instituciones con el fin de entregar dinero de manera directa a las personas, creando una atadura malvada y pervertida. El Gobierno también elude con ello la forma de trasparentar y la posibilidad de fiscalizar esas entregas y evaluar la eficacia de dicho gasto público.
El clientelismo político desde las estructuras de gobierno le ha hecho mucho daño al país desde el siglo pasado, la renovación de la forma de hacer política y de operar el gobierno ha pasado por varios episodios que creíamos superadas estas prácticas, pero lo que estamos viendo es un auténtico regreso a las peores prácticas, desaparecer instituciones para entregar de manera directa dinero a la gente distorsiona el sentido de los programas sociales que deben ser útiles para darle instrumentos a los que menos tienen con la intención de que superen su situación y puedan acceder a mejores niveles de bienestar, con educación de calidad, real atención a la salud, servicios básicos y sobre todo con empleos bien pagados, además de apoyarlos para impulsar sus actividades comerciales y de oficios a pequeña escala, para generar riqueza social.
Está comprobado que entregar limosnas compasivas no reduce la pobreza, ni protege a mujeres, niños y personas discapacitadas, ni mejora los servicios de salud y de educación que el Estado debe prestar.
El paternalismo en vez de crear ciudadanos libres, responsables, creativos y triunfadores genera pasividad, improductividad y retroceso. En definitiva, ese no es el camino, así no hay transformación, lo que se engendra es la inmutabilidad.
Así no se construye un México con igualdad y más justo.
