EPÍGRAFE
“Sería suicida que el gobierno de México no investigara al general Cienfuegos”.- Marcelo Ebrard.
Cuando el general Salvador Cienfuegos fue detenido por la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles, California, los más picudos analistas nacionales comentaron que había sido un regalo del presidente López Obrador a su homólogo Donald Trump.
Hoy que el general Cienfuegos está en su casa, comienzan las especulaciones al respecto. Los mismos de siempre ahora dicen que por los posibles delitos por los que lo acusó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que por cierto son muy graves, en México será distinto y el general no será tocado ni por el pétalo de la justicia mexicana. Este es un acuerdo del más alto nivel entre ambos gobiernos para que en su momento Cienfuegos responda por sus presuntas responsabilidades.
Sin lugar a dudas, el caso del general, aparte de histórico, resulta inédito. En cárceles estadounidenses hay varios políticos priistas y panistas acusados de cargos similares a los de Salvador Cienfuegos. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido puesto en la mesa para ser negociados entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República, y mucho menos una intervención diplomática del más alto nivel.
Cuando fue detenido, el gobierno mexicano aceptó que fue “chamaqueado” por la DEA, porque nunca se les informó que el ex jefe de la Defensa Nacional era investigado por sus posibles nexos con el narcotráfico y en especial con el cártel de los Beltrán Leyva.
De acuerdo a filtraciones que se han publicado, ahora sí y en serio el gobierno mexicano se molestó con la DEA. ¿Hasta ahora? ¿Por qué no fue así con el doctor que atendió al agente Enrique Camarena cuando fueron por él hasta Guadalajara? La DEA tiene muchos años operando en México como si fuera territorio de Estados Unidos, ¿pero eso qué de raro tiene? Bien dice el refrán: “Según el sapo es la pedrada”.
No es usual que el Departamento de Justicia en el vecino país, a través de la jueza que juzgaría al general, se desistiera de los cargos en contra de este con el argumento de que debe ser juzgado en México. Entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos existen varios tratados bilaterales, entre ellos el de extradición, que no es el caso del general Cienfuegos.
Ahora nos enteramos que hay un convenio de cooperación entre ambos gobiernos para el intercambio y aprobación de pruebas que serán utilizadas en su momento, de acuerdo a la Fiscalía General de la República, como base de la investigación en contra de Cienfuegos. Al menos así lo hizo saber el Ministerio Público de la Federación cuando el ex jefe militar llegó al aeropuerto de la ciudad de México, al dar inicio la indagatoria con el fin de armar una carpeta de investigación.
El general Cienfuegos a su llegada a México, al ser entregado a las autoridades mexicanas, no tenía orden de aprehensión, y por eso se realizaron los trámites respectivos y se fue en libertad a su casa. Pero esto no significa que también en nuestro país la Fiscalía se desista de una investigación, que ya está en curso, para acabar diciéndole al general: “usted perdone”.
En nuestro sistema penal acusatorio, por lo pronto Salvador Cienfuegos goza de la presunción de la inocencia, y si en su momento se le imputaran supuestos delitos, tiene que ser el Estado mexicano quien demuestre su culpabilidad en un juicio oral a cargo de un juez de control. La Fiscalía General de la República tiene que tener mucho cuidado, si fuera el caso, de no violar el debido proceso. Desde este momento, hipotéticamente el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. El general Cienfuegos tiene derecho a defenderse de las supuestas acusaciones de narcotráfico y de lavado de dinero. Veremos qué pasa.
