El Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las instituciones más nobles y exitosas del Estado mexicano, con autonomía administrativa y una estructura financiera tripartita (sus recursos son aportados por el Estado, los patrones y los trabajadores), que ha brindado los servicios de salud y seguridad social a decenas de millones de personas afiliadas y derechohabientes del Instituto.
Con más de 75 años de creado, el IMSS es la institución de seguridad social más grande de América Latina. El actual marco jurídico que rige sus atribuciones se modificó en 1995, ahí se detallan su estructura, sus órganos de gobierno, sus procesos operativos y sus finalidades que son: la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo y el otorgamiento de las pensiones de los trabajadores, las que serán garantizadas por el Estado. Son dos los regímenes para incorporarse: el obligatorio que se financia con tres diferentes fuentes de recursos, las contribuciones de los patrones, del Estado y los trabajadores, contando con cinco tipos de seguros: enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales. Aquí están incorporadas todas aquellas personas que se encuentren sujetas a una relación de trabajo.
Mientras que el régimen voluntario se fundamenta en un convenio con el Instituto, aquí tienen lugar los trabajadores en industrias familiares y los independientes, entre quienes están los pequeños comerciantes, profesionistas, artesanos y trabajadores no asalariados, trabajadoras domésticas, ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios.
De ese tamaño e importancia es la cobertura del IMSS, una de las grandes instituciones con las que cuenta el país. Desafortunadamente en las ultimas décadas padece una aguda crisis financiera gracias principalmente a los recortes presupuestales que lo asfixian, así como al pasivo propiciado por el pago de pensiones. La Población Económicamente Activa es la que tiene la carga del pago de las prestaciones a quienes ya no pueden laborar debido a alguna incapacidad, o bien gracias a que ya se encuentran en edad avanzada y ahora gozan de su pensión. Al aumentar la edad de la población mexicana -y ampliarse la expectativa de vida de las personas- son cada vez más las y los pensionados que tienen derecho a esta prestación, mientras que la Población Económicamente Activa (PEA) no crece al ritmo que requiere nuestra economía, estimándose que para elevar la productividad y compensar el desequilibrio demográfico, deben crearse en el país un aproximado de un millón y medio de empleos formales en un periodo sostenido de al menos 10 años, cifras que se encuentran lejanas de la realidad del crecimiento laboral y con expectativas realmente preocupantes para los próximos años.
Durante la presente administración, el IMSS ha sido noticia por dos acontecimientos, la primera fue la renuncia inesperada de su director general Germán Martínez, quien entre diversos motivos para separarse del cargo esgrimió una intromisión inadmisible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la toma de decisiones del Instituto, vulnerando su autonomía y contribuyendo a ahondar la crisis institucional; y la segunda es el estudio que difundió recientemente el propio IMSS denominado “Situación Financiera y Operativa del Instituto” en el que resalta el deterioro financiero y de infraestructura, colocándolo en “terapia intensiva”.
Algunos datos son ilustrativos de lo que sucede en el IMSS, dos de los principales seguros que atiende, el de “Enfermedades y Maternidad” y el “Seguro de Salud para la Familia” presentan un déficit acumulado del 10.2% del PIB, gracias a que los ingresos son inferiores a los gastos: en 2017 ambos seguros tuvieron un ingreso de 4 mil 236 pesos por derechohabiente, mientras que el gasto ascendió a 5 mil 55 pesos por derechohabiente, lo que ha propiciado la generación de un deuda creciente e imparable y un grave deterioro en la prestación del servicio.
En el rubro que más eroga el IMSS es en servicios personales, el 47.2% se destina a pago de salarios y remuneraciones. Cuenta con más de 430 mil trabajadores, de los cuales el 78% son personal en el área medica, esto significa que no puede haber reducciones drásticas de personal porque impactaría de manera inmediata en deteriorar más el servicio médico prestado a la población. Lo más grave es que el incremento de trabajadores afiliados en los últimos años no ha sido proporcional al aumento de personal en el Instituto, de ahí que el número de trabajadores del Seguro por cada mil asegurados permanentes se redujo severamente de 19.96 a 17.57 en solo los últimos cinco años.
Otro tema alarmante, es el número de médicos familiares que por cada mil derechohabientes adscritos al área médico familiar se redujo de 0.43 a 0.35 entre los años 2010 y 2019; mientras que el numero de médicos especialistas por cada mil derechohabientes adscritos a médico familiar paso de 0.57 a 0.51, se advierte que estas cifras inciden de manera directa en la pérdida de calidad en la atención de la salud de un gran segmento de mexicanos.
Hay un dato más digno de subrayar: el porcentaje de ocupación hospitalaria se incrementó del 83% en 2014 hasta llegar a un 90% en el 2019, sobrepasando el 85%, que es el dato considerado un estándar que permite un nivel de atención adecuado para el paciente, y evitar las crisis de saturación.
En conclusión, el IMSS una de las instituciones más apreciadas por la sociedad mexicana requiere de manera urgente de inversión física (hospitales, unidades de medicina familiar y clínicas con equipo adecuado), personal humano médico, apoyo y logística; la compra de materiales y suministros necesarios para hacer frente a las necesidades de los pacientes, porque sin la ejecución de un plan de esta magnitud, el resultado seguro es el deterioro aún mayor de la atención a los usuarios y caminar a un posible quebranto de esta bondadosa institución.
La política de severos recortes, de no autorizar la contratación de más personal, de no realizar compras e insumos y de reducir el gasto a la máxima expresión que aplica la Secretaría de Hacienda no aplican para el IMSS, es probable que estas acciones sean efectivas para las áreas de la administración pública centralizada, pero no para un Instituto de enorme contenido social que atiende a más de 50 millones de personas en asuntos delicados como el cuidado a la salud y el pago de pensiones a quienes ya ofrendaron su vida laboral al país.
Esperemos que los legisladores y los altos funcionarios de la federación lean con calma, de manera cuidadosa y constructiva la carta de renuncia de German Martínez, pero sobre todo de manera madura e institucional para considerar lo que ahí señala, a partir de lo cual se deben tomar las medidas necesarias para darle viabilidad al IMSS, porque eso significa la tranquilidad de cerca de la mitad de las familias del país; de lo contrario, si la soberbia y la zafiedad siguen apoderadas de quienes toman decisiones, caminamos al peor de los mundos.
