/ miércoles 6 de mayo de 2020

El otro México


Una vez terminada la emergencia sanitaria por Covid-19, la administración federal revisará el sistema de afores en México, sobre todo porque los trabajadores que se comiencen a jubilar a partir de 2024 recibirán menos de lo que ahorraron, debido a las últimas modificaciones que hubo en materia de afores.

Esto representa una visión de otro México, en el que el dinero de los trabajadores, destinado para su retiro, pasaría a la administración del gobierno federal, lo que pone en riesgo la seguridad financiera de su futuro.

En el gobierno de Ernesto Zedillo, se realizó la privatización de las afores, por lo que sería al término de la contingencia buscaría que el Banco del Bienestar se hiciera cargo de este ahorro del retiro, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado en sus conferencias mañaneras, que es obligación del Gobierno Federal rescatar y revisar este rubro, para garantizar un ahorro justo a los trabajadores de México.

El pasado 1 de julio cumplió 20 años de operación el sistema de pensiones de cuentas individuales AFORE, y que el actual sistema de pensiones de contribución definida sustituyó al anterior sistema de beneficio definido mediante una reforma a la Ley del Seguro Social en 1995.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 1930 la esperanza de vida de los mexicanos era solamente de 34 años. En 2015 el 9 por ciento de la población es mayor de 60 años, y la esperanza de vida es casi de 75 años. Para el 2050, el Instituto estima que más de una cuarta parte de la población será mayor de 60 años.

Actualmente, los sistemas de pensiones en México están regidos a nivel federal por una pluralidad de leyes que se desprenden del Artículo 123 Constitucional y que incluyen la Ley del Seguro Social; la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hay que mencionar que también existen las leyes de Pensiones y Jubilaciones de cada entidad federativa, universidades y municipios, entre otros.

Actualmente, las 12 afores privadas y públicas que existen en México, aglomeran más de 4 billones de cuentas de fondos de ahorro y a casi 70 millones de trabajadores, por lo de aprobarse esta iniciativa, desaparecerían las 10 Afores privadas que se crearon a partir del sistema de cuentas individuales de pensión, que funciona desde el 1 de julio de 1997.

Según la Gaceta Parlamentaria del pasado 21 de abril, se indica que la iniciativa busca modificar la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) para cambiar el artículo 3, de tal forma que en lugar de que existan las 10 Afores privadas, se faculte al Banco del Bienestar para administrar los recursos de pensión que actualmente manejan las Afores por más de 3 billones de pesos, en más de 60 millones de cuentas, bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Asimismo, la iniciativa propone cambios al artículo 18 de la sección 1 de la Ley del SAR, para que esa única administradora del Banco del Bienestar sea una entidad a cargo del Estado y se dedique de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de pensión.

Asimismo, propone el establecimiento de asistencia técnica por parte de la banca de fomento para asesorar a los gobiernos estatales y municipales en el fortalecimiento de su capacidad de gestión administrativa y financiera, elaboración de análisis económicos, evaluación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión para fortalecer su infraestructura y servicios públicos, a fin de determinar la viabilidad de la inversión en los proyectos.

Se propone que los financiamientos que se encuentren respaldados por asistencia técnica de organismos internacionales de desarrollo, cuyo objeto sea la promoción del desarrollo económico, estén exceptuados de realizar un proceso competitivo, en el entendido de que la asistencia técnica ofrecida por dichos organismos internacionales permite que los financiamientos obtenidos por la banca de desarrollo nacional se ofrezcan en las mejores condiciones del mercado.

Sin embargo, la propuesta de reforma para que los recursos obtenidos de los Afores sean administrados por la Secretaría del Bienestar, tiene la posibilidad de que estas aportaciones sean usadas a discreción por el gobierno federal y suceda un manejo similar al sexenio de López Portillo, lo que representaría un quebranto para las finanzas nacionales, y sobre todo, del uso indebido del dinero de los trabajadores para su retiro.

Es tiempo de considerar que en materia económica, ya han pasado desde ese sexenio casi cinco décadas, además de que una vez que pase la pandemia, los trabajadores requerirán en un mayor grado, de sus propios recursos para salir adelante con sus familias, estamos viviendo ya en otro México.


Una vez terminada la emergencia sanitaria por Covid-19, la administración federal revisará el sistema de afores en México, sobre todo porque los trabajadores que se comiencen a jubilar a partir de 2024 recibirán menos de lo que ahorraron, debido a las últimas modificaciones que hubo en materia de afores.

Esto representa una visión de otro México, en el que el dinero de los trabajadores, destinado para su retiro, pasaría a la administración del gobierno federal, lo que pone en riesgo la seguridad financiera de su futuro.

En el gobierno de Ernesto Zedillo, se realizó la privatización de las afores, por lo que sería al término de la contingencia buscaría que el Banco del Bienestar se hiciera cargo de este ahorro del retiro, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado en sus conferencias mañaneras, que es obligación del Gobierno Federal rescatar y revisar este rubro, para garantizar un ahorro justo a los trabajadores de México.

El pasado 1 de julio cumplió 20 años de operación el sistema de pensiones de cuentas individuales AFORE, y que el actual sistema de pensiones de contribución definida sustituyó al anterior sistema de beneficio definido mediante una reforma a la Ley del Seguro Social en 1995.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 1930 la esperanza de vida de los mexicanos era solamente de 34 años. En 2015 el 9 por ciento de la población es mayor de 60 años, y la esperanza de vida es casi de 75 años. Para el 2050, el Instituto estima que más de una cuarta parte de la población será mayor de 60 años.

Actualmente, los sistemas de pensiones en México están regidos a nivel federal por una pluralidad de leyes que se desprenden del Artículo 123 Constitucional y que incluyen la Ley del Seguro Social; la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hay que mencionar que también existen las leyes de Pensiones y Jubilaciones de cada entidad federativa, universidades y municipios, entre otros.

Actualmente, las 12 afores privadas y públicas que existen en México, aglomeran más de 4 billones de cuentas de fondos de ahorro y a casi 70 millones de trabajadores, por lo de aprobarse esta iniciativa, desaparecerían las 10 Afores privadas que se crearon a partir del sistema de cuentas individuales de pensión, que funciona desde el 1 de julio de 1997.

Según la Gaceta Parlamentaria del pasado 21 de abril, se indica que la iniciativa busca modificar la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) para cambiar el artículo 3, de tal forma que en lugar de que existan las 10 Afores privadas, se faculte al Banco del Bienestar para administrar los recursos de pensión que actualmente manejan las Afores por más de 3 billones de pesos, en más de 60 millones de cuentas, bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Asimismo, la iniciativa propone cambios al artículo 18 de la sección 1 de la Ley del SAR, para que esa única administradora del Banco del Bienestar sea una entidad a cargo del Estado y se dedique de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de pensión.

Asimismo, propone el establecimiento de asistencia técnica por parte de la banca de fomento para asesorar a los gobiernos estatales y municipales en el fortalecimiento de su capacidad de gestión administrativa y financiera, elaboración de análisis económicos, evaluación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión para fortalecer su infraestructura y servicios públicos, a fin de determinar la viabilidad de la inversión en los proyectos.

Se propone que los financiamientos que se encuentren respaldados por asistencia técnica de organismos internacionales de desarrollo, cuyo objeto sea la promoción del desarrollo económico, estén exceptuados de realizar un proceso competitivo, en el entendido de que la asistencia técnica ofrecida por dichos organismos internacionales permite que los financiamientos obtenidos por la banca de desarrollo nacional se ofrezcan en las mejores condiciones del mercado.

Sin embargo, la propuesta de reforma para que los recursos obtenidos de los Afores sean administrados por la Secretaría del Bienestar, tiene la posibilidad de que estas aportaciones sean usadas a discreción por el gobierno federal y suceda un manejo similar al sexenio de López Portillo, lo que representaría un quebranto para las finanzas nacionales, y sobre todo, del uso indebido del dinero de los trabajadores para su retiro.

Es tiempo de considerar que en materia económica, ya han pasado desde ese sexenio casi cinco décadas, además de que una vez que pase la pandemia, los trabajadores requerirán en un mayor grado, de sus propios recursos para salir adelante con sus familias, estamos viviendo ya en otro México.