La alianza federalista de gobernadores, en el fondo lo que pretende con su movimiento de rebeldía, es que disminuyan las desigualdades regionales que hay en el país, situación que se aceleró y agrandó a partir del pacto fiscal que inició hace 42 años.
Con motivo del boom petrolero que le significó la llegada de recursos económicos extraordinarios a México, los gobernadores exigieron ser parte de los beneficios, por lo que el Gobierno Federal estableció un régimen fiscal que permitiría el reparto proporcional de las utilidades generadas por la venta del hidrocarburo, con base en la recaudación de cada estado, además de otros parámetros.
Y aunque en teoría hay una fórmula para calcular las participaciones federales a los estados, lo cierto es que los gobiernos federales en turno, siempre los manejaron a discreción, según condiciones político electorales sobre todo, lo que evidentemente generó desarrollos desiguales entre los estados.
Ahora la inquietud de 10 gobernadores se origina por lo disparejo del desarrollo regional, y que según los especialistas, es atribuible a la forma en que se han repartido los recursos públicos. Y lo dispar se refleja en rezagos ancestrales de varios estados, contra el progreso de otros.
El modelo fiscal que exigen revisar los 10 ejecutivos estatales, entre los que se encuentra Durango, conforme a estudios realizados, inhibe el fortalecimiento de los ingresos propios de las entidades y municipios. Y eso le permite al Gobierno Federal, argumentar que las participaciones son en proporción a la recaudación. Es un círculo vicioso que afecta a estados en rezago.
No se trata de que los estados deserten del Pacto Federal, porque precisamente el régimen fiscal les impide tener la capacidad financiera para soportar la independencia y autonomía fiscal. Lo que se demanda es una revisión, que redunde en una Convención Nacional Hacendaria en la que se tomen las decisiones.
Precisamente Durango es uno de los estados con menor capacidad financiera para soportar una autonomía fiscal, y además de las regiones con mayor rezago, producto de que los gobiernos federales han enfocado los recursos hacia otros territorios del país.
El movimiento federalista manifiesta su planteamiento, en el contexto del análisis legislativo para aprobar el Presupuesto Federal 2021, y que según filtraciones previas, castiga duramente los montos que se pretenden asignar a los estados y municipios.
En el caso de Durango, el propio gobernador ha expresado su preocupación por la intención de reducir en más de 2 mil millones de pesos el presupuesto del año próximo, con lo cual se fortalece la idea de que es necesario crear instrumentos legales que impidan los ajustes a la baja.
