La definición de justicia que por lo general es aceptada es la del jurisconsulto romano Ulpiano, quien decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo.
Debemos entender “lo suyo” como la prestación, el derecho, o el castigo que le corresponda a cada quien, según sea el caso. En México, los índices de impunidad fluctúan entre el 95 y el 99%, dependiendo de la fuente que se consulte. Si leemos la cifra en sentido opuesto, encontramos que sólo entre 5 y 1 persona de cada 100 que denuncia un hecho ilícito accede a la justicia.
Dentro de esos pocos privilegiados tenemos al ciudadano Alejandro Gertz Manero, quien en 2015 presentó denuncia en contra de su ex cuñada y la hija de ésta; en 5 años no logró su pretensión, inclusive el expediente estaba archivado. De pronto, el expediente se activó y se giró orden de aprensión en contra de las dos mujeres, siendo ejecutada una de ellas.
Además, de una llamada telefónica que se filtró se desprende que Gertz tuvo la posibilidad de convenir con el presidente de la Corte y de que éste le asegurara el sentido de la sentencia, hasta tuvo acceso al proyecto del ministro Alberto Pérez antes que los demás integrantes del pleno. Justicia para Gertz Manero.
Otro mexicano que entra en el selecto grupo de los privilegiados es Samuel García. Mire, en 2018 presentó una denuncia en contra de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, por delitos electorales, se dice que desvió recursos materiales y humanos del gobierno para su campaña presidencial. Luego de 4 años de letargo, Samuel García obtuvo justicia, el Bronco ha sido detenido.
El privilegio de la justica también le llegó a 2 policías de la alcaldía Cuauhtémoc, en la ciudad de México; éstos denunciaron por abuso de autoridad, lesiones y robo a la alcaldesa Sandra Cuevas (de filiación distinta a Morena) y la Fiscalía, rauda, integró la carpeta y la jueza de control más rápida aún determinó su separación del cargo. Justicia para los policías.
Imagino que en la mente de usted surgen cientos de casos de personas que no han sido detenidas a pesar de que son culpables, o de políticos que desviaron recursos públicos para una campaña electoral, o de funcionarios prepotentes que abusan de su “autoridad” para vejar a sus subordinados.
Entonces, la pregunta surge por reflejo: ¿Es necesario ser fiscal general de la República, gobernador, o acusar a un político de un partido diferente al de quien ostenta el poder para entrar en el selecto grupo de los privilegiados de la justicia? Piense con cuidado la respuesta.
