El Senado de la República aprobó la creación de la Guardia Nacional, una nueva corporación policíaca que operará en todo el territorio nacional, disponiendo de un periodo de cinco años para su conformación, será de carácter enteramente civil y sus integrantes se formaran en la doctrina policial.
La iniciativa para crear este nuevo organismo de seguridad la envió al Congreso el Presidente de la República con una conformación militar, controlado por una Junta de Jefes de Estado Mayor como mando de la corporación. La Cámara de Diputados aprobó la propuesta en los términos que la envió el Ejecutivo, pero al pasar al Senado, organismos de la sociedad civil, académicos, analistas en medios de comunicación y sobre todo Senadores de todos los partidos distintos a Morena se manifestaron en contra de que la nueva Guardia Nacional fuera controlada por los militares,
Después de intensas negociaciones los líderes de la oposición lograron impulsar se quitara el mando militar de la Guardia y se dejara en manos de civiles. En tanto se estructura la nueva corporación, el presidente de la República podrá disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, pero su labor será de carácter extraordinario y en auxilio de las instituciones civiles.
El artículo 21 constitucional aprobado por los Senadores quita todos los aspectos militares aprobados por la Cámara de Diputados. Habrá mando civil y los militares que la integran, regresarán a sus cuarteles en cinco años. Siguiendo el proceso legislativo, ahora la minuta regresa a la Cámara de Diputados donde se espera la aprobación de las modificaciones realizadas por los Senadores, luego pasará a los 32 Congresos Locales para su discusión y aprobación y poder así concretarse la reforma constitucional.
Es la primera vez que la oposición en conjunto le dice al actual Presidente “así no”, señaló después de la votación el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, en alusión a que la división de poderes es un tema fundamental para que funcione la democracia. También las diversas organizaciones de la sociedad civil que se opusieron a la militarización de la seguridad pública celebraron como una victoria propia la decisión de la Cámara de Senadores.
El nuevo organismo de seguridad pública elimina el fuero militar dejando al órgano bajo el fuero civil, la dirección estará adscrita a la Secretaria de Seguridad Publica, su actuación se regirá bajo estándares internacionales, observando los derechos humanos y se regulará el armamento del que dispondrá.
De igual forma se ordena a los estados emprender un programa de fortalecimiento de sus policías estatales y municipales en un plazo de seis años, evaluando los avances el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Habrá plena coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la operación de la Guardia.
A pesar de que el acuerdo alcanzado en el Poder Legislativo (Senado) ha sido aceptado y aplaudido por la opinión pública, el presidente de la República asegura que no cederá en su idea de que las fuerzas armadas estén al frente de las labores de seguridad pública, para hacer combatir el crimen y la violencia.
Todos queremos una sociedad en la que la convivencia pacífica sea posible, donde funcione el Estado de derecho castigando a quienes infringen la ley, que los cuerpos de seguridad pública sean profesionales, debidamente capacitados, con armamento potente para someter a grupos delincuenciales y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero como lo establece la Constitución, las fuerzas armadas tienen la importante misión de salvaguardar la soberanía de la nación sobre su territorio y las corporaciones policiacas de garantizar la seguridad pública de la población.
En todo sistema democrático el poder se divide para su ejercicio, con facultades constitucionales claras para cada uno de los tres poderes. Otro elemento para la democracia es la participación de la sociedad civil organizada en las decisiones públicas relevantes.
Qué bueno que esta semana que concluye México dio una muestra más de que las instituciones están por encima de las personas y que la pluralidad social y política debe ser considerada a la hora de diseñar políticas públicas, una sola visión ya no es posible, se requiere de consensos entre quienes piensan distinto para tomar una decisión importante.
