Las responsabilidades legislativas
Se trata de nuevos tiempos en la medida en la que, por primera vez, en la historia política del México moderno, en la instancia legislativa de nuestro país, ha quedado instalada una mayoría representativa, de tendencia declaradamente izquierdista.
Ha llegado el momento para los protagonistas de la nueva transición política de nuestro país, de pasar de las palabras a los hechos, en el cumplimiento de la responsabilidad gubernamental contraída en las urnas por la voluntad electoral, el pasado primero de julio.
Y es que, desde el sexenio de Ernesto Zedillo, no se había vuelto a registrar una situación de mayoría dominante en ambas cámaras del Congreso de la Unión que fuera del mismo partido político que el del titular del Ejecutivo Federal como acontece ahora en que el 61.6% de los integrantes de la Cámara de Diputados, y el 53.9% de los Senadores, pertenece al partido político Morena, o a sus aliados, Partido del Trabajo y Encuentro Social, lo que en números económicos se traduce en un total de 308 de los 500 diputados federales, y 69 de los 128 senadores.
Sí a lo anterior se agrega el dato de que en un número de entidades federativas (incluida la nuestra), que bastará para hacer mayoría a la hora de discutir reformas de tipo constitucional, dominan las bancadas de Morena y sus organismos políticos afines, se entenderá que el frente legislativo con la propuesta ideológica y programática de la “izquierda moderada”, se encuentra frente al compromiso moral y material de llevar a término las reformas (o contra-reformas) esenciales propuestas por la coalición electoral que resultó abrumadoramente triunfadora en los pasados comicios.
Sólo que frente a ese compromiso de cara a los electores, las mayorías políticas de Morena y coaligados en las Cámaras Legislativas, sobre todo las que integran el H. Congreso de la Unión, tienen otra obligación frente a sí: la de instaurar desde la actividad práctica y cotidiana de hacer y discutir las leyes, la ética política y la voluntad democrática que han postulado y han defendido desde las trincheras de la oposición, a lo largo de mucho tiempo, demostrando con ello que además de teoría, en los procesos de las reformas políticas que se propongan, hay formas y estilos de hacer las cosas en política, con convicción democrática y con sentido participativo, de modo que será preciso reconocer y dar su lugar a las corrientes y a las opiniones opositoras y a la opinión pública en general.
Devolver al Poder Legislativo, (el federal y el local), su función y su dignidad orgánica y constitucional de ser una tribuna y una expresión fidedigna y leal de los intereses y de los derechos ciudadanos representados en las responsabilidades parlamentarias, es una tarea que se antoja inaplazable para los diputados y senadores de buena fe. Será preciso entonces, auspiciar un nuevo sentido de civilidad y de convivencia política; de austeridad republicana y de conciencia civil en el servicio público.
Se trata de nuevos tiempos en la medida en la que, por primera vez, en la historia política del México moderno, en la instancia legislativa de nuestro país, ha quedado instalada una mayoría representativa, de tendencia declaradamente izquierdista dentro de nuestro orden constitucional.
De hecho, la situación política actual de nuestro país y el momento histórico nacional, exigen y demandan a los órganos legislativos, que en el cumplimiento de su elevada misión y de su tarea parlamentaria, lleven a término un constante y serio examen de conciencia en cada proyecto de ley que analicen y discutan, pues del sentido de responsabilidad ciudadana y de responsabilidad ética personal de cada quién, dependerá la calidad política y la eficacia de las decisiones que en cada caso deban de ser adoptadas pues la fe en los principios por los que se vive, es la única explicación válida que puede darse a la norma jurídica que se crea.
El Congreso de la Unión y varios Congresos Locales, con sus nuevas mayorías, han entrado y en el ejercicio formal de sus funciones. Su responsabilidad histórica, -aunque es la misma de siempre- es ahora mucho más clara y evidente: hacer de la ley, un instrumento que habiendo sido creado por el ser humano, sirva para cuidar al ser humano.
