A un año de distancia
Alrededor de la fecha en la que se cumple un año de ejercicio administrativo del presente régimen federal de gobierno, numerosos sectores de la opinión pública, y desde luego los medios de difusión, de todo tipo.
Se detienen a comentar y a analizar en diversos grados, tonos y extensiones, los alcances, los matices, realizaciones y tendencias de la entidad gobernante, o mejor dicho, de la gestión presidencial de AMLO en particular; quien la protagoniza y representa, en base a la gran insurgencia electoral que lo llevó al poder en forma avasalladora.
No faltan, desde luego, en este concurso de opiniones, -y en este nutrido coro de voces- quienes se pronuncian en forma crítica y áspera en juicios adversos a los efectos que en la vida social y política de nuestra gran Comunidad Nacional se han registrado a causa de la acción gubernamental en éste su primer año de gestión al frente de nuestros destinos colectivos.
Existen también otras expresiones, -sobre todo en los espacios de los profesionales de la comunicación- que se vierten en notas de contenido más moderado y con inflexiones conciliatorias y tolerantes, en la medida en la que se atiende al núcleo mayoritario de la opinión general que estima, -no sin razón-, que la tarea de gobernar no resulta nada fácil, ni regalada, ni cómoda, máxime cuando se trata de dar salida y solución a problemas de fondo que registran una larga y persistente vigencia y actualidad en la composición histórica de nuestra población.
Habrá que incluir en esta galería de opiniones, la novedosa réplica que la parte oficial del debate, pone a contribución en esta desusada movilización de créditos y conceptos ciudadanos relativos a la calificación pública en función de la acción de su Gobierno. Esta novedosa forma de diálogo abierto entre los gobernantes y los gobernados, no deja de ser y de representar un título de legitimidad y transparencia en la relación imprescindible y necesaria que debe existir entre pueblo y gobierno, cuándo se hace alusión y referencia a un Estado democrático.
De este modo, -quiérase que no- se ha venido animando a lo largo de este primer año de gestión gubernativa, el interés ciudadano por la cosa pública y por las virtudes que deben dar fuerza y razón al Estado de Derecho… así como por las debilidades y carencias que en el pasado lo han disminuido y deteriorado. Un debate público animado y responsable resulta siempre útil y provechoso para la democracia, en tanto que la indiferencia general por los destinos del Bien Común, conduce a la esterilidad de los esfuerzos heridos por la incultura y el aislamiento.
Es un hecho que en el agitado y convulso instante político que vivimos, existe una necesidad urgente de claridad en los hechos, y prevalece un imperativo evidente para pensar libremente con sinceridad y rectitud a fin de percibir los problemas en todas sus dimensiones, causas y naturalezas, de modo tal que nuestra institucionalidad pública pueda percibir certeramente la realidad a efecto de asistirla e interpretarla. En consecuencia, el diálogo social se hace indispensable. Pero se precisa honradez en el trato e integridad en la intención del argumento.
Pero sucede que en este mercado de palabras y en esta plaza de controversias que tiene lugar en las principales tribunas públicas de nuestro País, no todos los interlocutores tienen presentes en sus intenciones comunicativas, los mejores intereses de la sociedad.
No son pocos los representantes y portavoces de sectores y de grupos minoritarios muy bien definidos e identificados en el marco de las luchas políticas y económicas de nuestros ámbitos de poder, y que en función de sus propios intereses, -no siempre legítimos-, se pronuncian por una permanente oposición y resistencia al régimen de Gobierno, pretendidamente en actitud de defensa en favor de causas de bienestar general.
Pero lo que es el pueblo, el hombre de a pie, el ciudadano común… tiene muy bien definida y clara su preferencia, su apoyo y simpatía hacia la forma en la que se viene facturando, -desde luego, con avances y retrocesos-, la acción de su gobierno.
La circunstancia anterior debería hacer obligatoria la reflexión de que el régimen gubernamental actual, tiene su origen, ciertamente, en la autenticidad del liderazgo de AMLO y en la dimensión especial de su figura política, pero también, atiende a un gran malestar social que llegó a un punto de no retorno en contra de un sistema empeñado en manejar las funciones de la administración pública como si fueran tema de negocios con beneficio de renta particular y propia, y una autoridad omisa e indiferente hacia las causas tradicionales de la marginación y la desigualdad.
La sistemática cancelación de los derechos sociales; el desamparo de los intereses generales en beneficio de los privilegios de grupo; la corrupción flagrante de no pocos personajes de la escena pública oficial, fueron entre otras, las circunstancias que, -por contraste de vida y obra- abonaron el crecimiento en la personalidad política de quién ahora es, -acaso el Presidente de la República con mayor ámbito de poder y capacidad de maniobra-, en la historia moderna de nuestra República.
Y este capital político, sigue vigente a un año de distancia de la toma de posesión de AMLO, aunque algunos se nieguen a reconocerlo.
Sólo que, -como nos hemos permitido mencionarlo antes, aquí mismo en este generoso espacio que nos concede nuestro “Sol”-, la subscripción popular y la expectativa ciudadana en favor del régimen, tiene fecha de caducidad. También lo hemos afirmado antes: en la medida en la que la acción de las instituciones públicas no se traduzca en efectos positivos, reales y concretos para los hogares y los bolsillos de nuestras grandes mayorías, el respaldo de la opinión popular tendrá giros reversibles y podría bajar, incluso, por la pendiente de la inestabilidad política.
De modo es pues, que para la eficacia del arte de gobernar, los plazos se cierran y las etapas se cumplen. Por eso suele decirse que en política, sólo el presente tiene fuerza sobre el pasado.
