El presidente de Estados Unidos, Donald Trump emitió una polémica declaratoria de emergencia con la intención de obtener recursos extraordinarios para construir el muro en la frontera con México, alegando que dicha frontera vive una “emergencia de seguridad nacional”. Al flujo migratorio lo llama “invasión” de inmigrantes y drogas.
Desde su campaña en búsqueda de la Presidencia, Trump prometió la construcción de la muralla en la frontera sur, lo que le dio grandes dividendos en los sectores conservadores y reaccionarios de la sociedad norteamericana. En su afán de cumplir con la promesa de inmediato solicitó al Congreso una suma inicial de cinco mil 700 millones de dólares que le han sido negados por la mayoría de legisladores demócratas y también muchos republicanos. Solo se le autorizaron mil 375 millones de dólares, pero ahora señala que le urge una suma adicional de seis mil 500 millones de dólares.
Ante la negativa del Poder Legislativo y de varios sectores políticos optó por la figura de la “declaratoria de emergencia”, figura constitucional que solo se debe utilizar ante una amenaza inminente a la población o a la seguridad nacional que requiere de atención inmediata, como también significan acciones terroristas, pero jamás se había aprovechado este tipo de declaratorias para un tema doméstico y tan polémico como la construcción del muro.
Es evidente que este asunto es de carácter político-electoral ante la intención de Donald Trump de reelegirse, de ahí que busca enviar el mensaje de que hace todo lo posible por cumplir sus promesas y “proteger” al país. Es obvio que no existe una crisis en la frontera, la intención es mantener el tema de inmigración y seguridad fronteriza en el debate político.
Para legisladores, gobernadores, alcaldes y dirigentes políticos de Estados Unidos la crisis es una falacia para apropiarse de recursos que no le compete al Ejecutivo decidir su destino, violando la facultad exclusiva del Congreso para decidir el gasto público. Los Congresistas han reaccionado señalando que defenderán sus facultades constitucionales acudiendo a las Cortes y a la misma Corte Suprema para que resuelvan si el Presidente se está excediendo en una facultad que no le corresponde.
El decreto presidencial puede ser declarado inexistente si el Poder Judicial considera que no existe una crisis urgente. Es claro que Trump pretende gobernar sin contrapesos, usurpando funciones del Legislativo con la pretensión de reasignar partidas presupuestales por seis mil 500 mdd, destinadas por el Congreso al Departamento de Defensa y del Tesoro reasignándolos a la construcción de 380 kilómetros de barda de acero.
Esperamos que la división de poderes opere en Estados Unidos y que se caiga el decreto presidencial para evitar que obtenga recursos adicionales para el “muro de la ignominia” que ha sido la obsesión del Presiente Norteamericano. Si las cortes estatales o la Suprema Corte no anulan el decreto, en el futuro estas declaratorias de “emergencia” podrían utilizarse para lo que le dé la gana al Presidente en turno, arguyendo situaciones ficticias como las de este caso.
De ese tamaño es la importancia de la vigencia del estado de derecho en cualquier país democrático, los contrapesos en el ejercicio del poder son necesarios para evitar se gobierne con los caprichos de los gobernantes en turno.
