/ martes 10 de octubre de 2023

En Cartera

El presidente López Obrador fue contundente: ya no hay que informar más y se procedió a dar a conocer la narrativa.

Hay quienes afirman que el informe del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en las casuales que presenta son semejantes a las que presentó Jesús Murillo Karam y afirmó: “No tenemos evidencia de que estén vivos”. Tras su desaparición en 2014 sólo se han recuperado restos de tres estudiantes.

Una jornada de movilizaciones se vivió en diversos estados del país con motivo del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, en Iguala, Guerrero, en 2014,uno de los casos de violación de derechos humanos que más ha conmovido al país, en medio de fricciones entre el gobierno mexicano y los familiares de los jóvenes que denunciaron trabas del Ejército en el esclarecimiento del caso.

Los padres de familia de los desaparecidos afirman que la Secretaría de la Defensa Nacional aún tiene información, y la Sedena lo niega rotundamente, lo que ocasionó un momento de ruptura entre los padres de familia y el gobierno federal. El señalamiento de los padres y demás familiares fue rotundo: En 9 años no pueden encontrar los restos. No nos han dicho lo que pasó esa noche, no nos han dicho quién, cómo y dónde los mataron. Las madres y padres de los 43 mantienen un plantón en el Campo Militar N° 1, desde el 21 de septiembre, exigiendo al Ejército que entregue la documentación faltante sobre el caso.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quien presentó su último informe en julio pasado, dejó líneas de investigación que deben ser agotadas. Éstas apuntan a indagar en la participación y los movimientos de los militares durante los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Así como la información que las autoridades tuvieron en conocimiento al momento de los hechos, dado el seguimiento que desde antes se hacía de los estudiantes, además de la información generada por las cámaras de vigilancia local.

Otra línea de investigación apunta a la Policía de la provincia de Guerrero, quien actuó directamente en los ataques contra los estudiantes. Quedó demostrada, según las investigaciones del GIEI, la implicación y responsabilidad de los niveles del Estado en el ataque a los estudiantes. Poco antes culminar sus labores, los expertos denunciaron que el Ejército aportó datos falsos, movió documentación para evitar su rastreo y ocultó evidencia del caso.

Como nuevas aportaciones podemos citar: Se traficaba droga en los autobuses, la participación de los militares, la complicidad de los “Guerreros Unidos” con las autoridades, existen testimonios contradictorios. Mucha niebla en el papel que jugó el Ejército. En un documento con 34 páginas donde revelan las posibles causas de lo sucedido en 2024, que hizo público de la Comisión especial del caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de México reconoció la existencia de vínculos entre altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el grupo criminal Guerreros Unidos.

El texto reconoce que en dos administraciones federales 132 personas se mantienen detenidas por la desaparición de los normalistas y que 14 de estos son militares, entre ellos el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, Guerrero, el capitán José Martínez Crespo y el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 batallón con sede en Teloloapan, Guerrero, así como el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso el año pasado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

Hace 5 años se creó la Comisión de la Verdad y lo nuevo es que el Ejército tiene un expediente de 686 fojas que no ha querido entregar. Esa Comisión –simple y llanamente- no ha rendido frutos. El año que viene es el décimo aniversario de la desaparición de los 49 y coincide con el cambio de poderes, lo que podría ser una situación álgida.

Los padres de familia de los desaparecidos afirman que la Secretaría de la Defensa Nacional aún tiene información, y la Sedena lo niega rotundamente.

El presidente López Obrador fue contundente: ya no hay que informar más y se procedió a dar a conocer la narrativa.

Hay quienes afirman que el informe del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en las casuales que presenta son semejantes a las que presentó Jesús Murillo Karam y afirmó: “No tenemos evidencia de que estén vivos”. Tras su desaparición en 2014 sólo se han recuperado restos de tres estudiantes.

Una jornada de movilizaciones se vivió en diversos estados del país con motivo del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, en Iguala, Guerrero, en 2014,uno de los casos de violación de derechos humanos que más ha conmovido al país, en medio de fricciones entre el gobierno mexicano y los familiares de los jóvenes que denunciaron trabas del Ejército en el esclarecimiento del caso.

Los padres de familia de los desaparecidos afirman que la Secretaría de la Defensa Nacional aún tiene información, y la Sedena lo niega rotundamente, lo que ocasionó un momento de ruptura entre los padres de familia y el gobierno federal. El señalamiento de los padres y demás familiares fue rotundo: En 9 años no pueden encontrar los restos. No nos han dicho lo que pasó esa noche, no nos han dicho quién, cómo y dónde los mataron. Las madres y padres de los 43 mantienen un plantón en el Campo Militar N° 1, desde el 21 de septiembre, exigiendo al Ejército que entregue la documentación faltante sobre el caso.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quien presentó su último informe en julio pasado, dejó líneas de investigación que deben ser agotadas. Éstas apuntan a indagar en la participación y los movimientos de los militares durante los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Así como la información que las autoridades tuvieron en conocimiento al momento de los hechos, dado el seguimiento que desde antes se hacía de los estudiantes, además de la información generada por las cámaras de vigilancia local.

Otra línea de investigación apunta a la Policía de la provincia de Guerrero, quien actuó directamente en los ataques contra los estudiantes. Quedó demostrada, según las investigaciones del GIEI, la implicación y responsabilidad de los niveles del Estado en el ataque a los estudiantes. Poco antes culminar sus labores, los expertos denunciaron que el Ejército aportó datos falsos, movió documentación para evitar su rastreo y ocultó evidencia del caso.

Como nuevas aportaciones podemos citar: Se traficaba droga en los autobuses, la participación de los militares, la complicidad de los “Guerreros Unidos” con las autoridades, existen testimonios contradictorios. Mucha niebla en el papel que jugó el Ejército. En un documento con 34 páginas donde revelan las posibles causas de lo sucedido en 2024, que hizo público de la Comisión especial del caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de México reconoció la existencia de vínculos entre altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el grupo criminal Guerreros Unidos.

El texto reconoce que en dos administraciones federales 132 personas se mantienen detenidas por la desaparición de los normalistas y que 14 de estos son militares, entre ellos el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, Guerrero, el capitán José Martínez Crespo y el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 batallón con sede en Teloloapan, Guerrero, así como el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso el año pasado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

Hace 5 años se creó la Comisión de la Verdad y lo nuevo es que el Ejército tiene un expediente de 686 fojas que no ha querido entregar. Esa Comisión –simple y llanamente- no ha rendido frutos. El año que viene es el décimo aniversario de la desaparición de los 49 y coincide con el cambio de poderes, lo que podría ser una situación álgida.

Los padres de familia de los desaparecidos afirman que la Secretaría de la Defensa Nacional aún tiene información, y la Sedena lo niega rotundamente.

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