/ miércoles 1 de noviembre de 2023

En cartera

Los fideicomisos y las reformas al Poder Judicial


De conformidad al llamado Plan “C” dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador en uno de sus programas de “La Mañanera”, consistente en lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión en las próximas elecciones de 2024 con las dos terceras partes de los legisladores.

Al parecer, consideran que la pelea no es por la Presidencia de la República sino por el Congreso. Se considera que en la Cámara de Diputados son en total 500 legisladores por lo que se requieren 334 votos para lograr la mayoría calificada. En la Cámara de Senadores se requieren 85 de los 128 que la integran, para lograr la mayoría calificada. La mayoría absoluta es el 50% de los integrantes más uno, tal como Morena y sus aliados (PT y PV) la tienen actualmente en el Congreso de la Unión, es decir en las dos Cámaras.

Con la mayoría calificada se pretende llevar a cabo –entre otras- las reformas al Poder Judicial, la reforma constitucional consistente en que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por el pueblo tal como sucede con los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. También se pretende que el titular de la Suprema Corte no sea a la vez presidente del Consejo de la Judicatura Federal. A primera vista es una propuesta atractiva porque se justifica en nombre de la voluntad popular, que es el núcleo de un régimen democrático.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está conformada por 11 ministros. La Constitución de México establece que el presidente forma una terna de candidatos que se someten a la consideración de la Cámara de Senadores. Cada uno de los aspirantes comparece ante el Senado y se elige al designado por voto de dos terceras partes de sus miembros. Inclusive el presidente señaló que se equivocó en dos de los tres elementos que propuso al Senado de la República para que fueran integrantes como ministros de la Suprema Corte, por unirse a los acuerdos de los ministros opositores del Ejecutivo.

A nivel internacional se reconocen cuatro vías para acceder a un puesto en las altas cortes del sistema judicial: ser nombrado por un poder del Estado, participar en un concurso, ser electo por el pueblo o participar en una elección política.

Claudia Sheinbaum Pardo, próxima candidata a la Presidencia de la República por Morena y sus partidos aliados, señaló que ya se reformaron los Poderes Ejecutivo y Legislativo y sólo falta el Judicial y al lograrlo se acabarían los privilegios y la corrupción que impera en ese poder.

La Cámara de Diputados ya aprobó la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial que suman un monto de 15 mil millones de pesos, y se turnó a la Cámara de Senadores que también la aprobó. En el Senado hubo algunos legisladores de Morena y sus aliados que votaron en contra de la extinción, como Olga Sánchez Cordero, Alejandro Rojas Díaz-Durán y Rafael Espino. La pregunta es ¿a dónde se va destinar el monto de esos fideicomisos?

Se espera que se presenten amparos por parte del Frente Amplio, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación a través del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato y los 67 secretarios locales, los exministros jubilados. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), dirigida por el magistrado Froylán Muñoz Alvarado anunció su decisión de presentar una acción de amparo en respuesta a la extinción de 13 de los 14 fideicomisos aprobada por el Senado de la República la tarde del 24 de octubre con 67 votos a favor de la extinción y 47 en contra, ante lo cual ya salieron expresiones de reconocidos abogados constitucionalistas en que los ministros no pueden ser juez y parte.

Los fideicomisos del Poder Judicial se alimentaron de ahorros presupuestales, cuando –por ley- los deberían regresar a la Secretaría de Hacienda. El presidente de la República señaló a los ministros que cometían un “pecado social”. Los trabajadores del Poder Judicial (se estima un número de 55 mil a nivel nacional) han protestado –con marchas, paros, desplegados, manifiestos, declaraciones- por la desaparición de los fideicomisos, argumentando que va contra las prestaciones que reciben

El presidente de la República les contestó a los líderes sindicales del PJF que sus sueldos y prestaciones están garantizadas en el presupuesto anual de egresos 2023, aprobado por los legisladores, e hizo énfasis en que desaparecer los 13 fideicomisos no afectarían al contrato laboral del personal sindicalizado, ellos seguirán teniendo acceso a su sueldo, prestaciones, a la atención médica, pensiones y jubilaciones.

Por lo visto, existe pleito legal para rato. Dos poderes contra uno.

Los fideicomisos y las reformas al Poder Judicial


De conformidad al llamado Plan “C” dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador en uno de sus programas de “La Mañanera”, consistente en lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión en las próximas elecciones de 2024 con las dos terceras partes de los legisladores.

Al parecer, consideran que la pelea no es por la Presidencia de la República sino por el Congreso. Se considera que en la Cámara de Diputados son en total 500 legisladores por lo que se requieren 334 votos para lograr la mayoría calificada. En la Cámara de Senadores se requieren 85 de los 128 que la integran, para lograr la mayoría calificada. La mayoría absoluta es el 50% de los integrantes más uno, tal como Morena y sus aliados (PT y PV) la tienen actualmente en el Congreso de la Unión, es decir en las dos Cámaras.

Con la mayoría calificada se pretende llevar a cabo –entre otras- las reformas al Poder Judicial, la reforma constitucional consistente en que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por el pueblo tal como sucede con los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. También se pretende que el titular de la Suprema Corte no sea a la vez presidente del Consejo de la Judicatura Federal. A primera vista es una propuesta atractiva porque se justifica en nombre de la voluntad popular, que es el núcleo de un régimen democrático.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está conformada por 11 ministros. La Constitución de México establece que el presidente forma una terna de candidatos que se someten a la consideración de la Cámara de Senadores. Cada uno de los aspirantes comparece ante el Senado y se elige al designado por voto de dos terceras partes de sus miembros. Inclusive el presidente señaló que se equivocó en dos de los tres elementos que propuso al Senado de la República para que fueran integrantes como ministros de la Suprema Corte, por unirse a los acuerdos de los ministros opositores del Ejecutivo.

A nivel internacional se reconocen cuatro vías para acceder a un puesto en las altas cortes del sistema judicial: ser nombrado por un poder del Estado, participar en un concurso, ser electo por el pueblo o participar en una elección política.

Claudia Sheinbaum Pardo, próxima candidata a la Presidencia de la República por Morena y sus partidos aliados, señaló que ya se reformaron los Poderes Ejecutivo y Legislativo y sólo falta el Judicial y al lograrlo se acabarían los privilegios y la corrupción que impera en ese poder.

La Cámara de Diputados ya aprobó la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial que suman un monto de 15 mil millones de pesos, y se turnó a la Cámara de Senadores que también la aprobó. En el Senado hubo algunos legisladores de Morena y sus aliados que votaron en contra de la extinción, como Olga Sánchez Cordero, Alejandro Rojas Díaz-Durán y Rafael Espino. La pregunta es ¿a dónde se va destinar el monto de esos fideicomisos?

Se espera que se presenten amparos por parte del Frente Amplio, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación a través del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato y los 67 secretarios locales, los exministros jubilados. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), dirigida por el magistrado Froylán Muñoz Alvarado anunció su decisión de presentar una acción de amparo en respuesta a la extinción de 13 de los 14 fideicomisos aprobada por el Senado de la República la tarde del 24 de octubre con 67 votos a favor de la extinción y 47 en contra, ante lo cual ya salieron expresiones de reconocidos abogados constitucionalistas en que los ministros no pueden ser juez y parte.

Los fideicomisos del Poder Judicial se alimentaron de ahorros presupuestales, cuando –por ley- los deberían regresar a la Secretaría de Hacienda. El presidente de la República señaló a los ministros que cometían un “pecado social”. Los trabajadores del Poder Judicial (se estima un número de 55 mil a nivel nacional) han protestado –con marchas, paros, desplegados, manifiestos, declaraciones- por la desaparición de los fideicomisos, argumentando que va contra las prestaciones que reciben

El presidente de la República les contestó a los líderes sindicales del PJF que sus sueldos y prestaciones están garantizadas en el presupuesto anual de egresos 2023, aprobado por los legisladores, e hizo énfasis en que desaparecer los 13 fideicomisos no afectarían al contrato laboral del personal sindicalizado, ellos seguirán teniendo acceso a su sueldo, prestaciones, a la atención médica, pensiones y jubilaciones.

Por lo visto, existe pleito legal para rato. Dos poderes contra uno.

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