En cartera

Hay que hacer algo para que la percepción de la ciudadanía cambie, porque al parecer, se haga lo que se haga, existe un anticipado hartazgo de la sociedad, porque los funcionarios se van en palabras y palabras y los vicios permanecen.

La conflictividad cotidiana representa más del 90% de los delitos: Que el despido injustificado, que la renta que no me paga, que el choque del vehículo, el robo a casa habitación, que los bienes intestados, que el mal vecino, que la violencia intrafamiliar, que el abuso de autoridad, que el abuso de confianza, que el engaño, que el divorcio y la custodia de hijos y pensión alimentaria que no se cumple, delitos cotidianos que ante las barreras de acceso a la justicia, al juez, se requiere la contratación de un abogado, no hay dinero para hacerlo y las defensorías de oficio no existen o no sirven.

No se han generado los mecanismos de competitividad para atender los problemas cotidianos que afectan a las familias, de ahí la gran desconfianza a las instituciones, la mayoría de los ciudadanos considera como pérdida de tiempo el poner una demanda, porque saben que la corrupción y la impunidad se imponen ante los hechos. Año tras año, siguen los mismos vicios, las malas prácticas, la falta de sensibilización del Ministerio Público. Cansados de identificar fallas pero no a los responsables.

Hay que hacer algo para que la percepción de la ciudadanía cambie, porque al parecer, se haga lo que se haga, existe un anticipado hartazgo de la sociedad, porque los funcionarios se van en palabras y palabras y los vicios permanecen.

Ahí está el examen de confianza a los policías, al parecer, los que están en activo es que ya pasaron el examen, sin embargo, en los hechos no se ven cambios en sus actitudes de abuso y corrupción. Y lo peor, siguen en activo elementos que no aprobaron el examen de confianza. Y los ejemplos sobran: Desde los corruptos retenes hasta le policía que detiene sin razón al obrero, al salir los sábados de su trabajo, de la cantina o del antro para robarles el resto del mísero sueldo que obtuvieron.

Los problemas de justicia no se van a resolver con más leyes, para todo se solicita al poder Legislativo que legisle y legisle, y más y más leyes se emiten, sólo que no se cumplen. Si se cumplieran sería otro México. Por ejemplo, tenemos leyes que exigen transparencia y rendición de cuentas y estamos en el lugar 106 según Transparencia Internacional, España no las tiene y está en el lugar 36. Además, si se aplicaran las leyes no se requerirían organismos descentralizados muy costosos para su aplicación y vigilancia. Simulación tras simulación.

No existe una cultura de la legalidad, porque no existe un difusión clara de cuáles son mis derechos, estamos ante códigos que la gente común no entiende, y nadie se preocupa por difundirlos ni explicarlos. Los jurisconsultos encerrados en sus claustros.

Las escuelas y facultades de Derecho se deben preocupar por preparar una nueva generación de abogados, con un nuevo perfil, con otro tipo de formación, con potencia y creatividad que propongan y establezcan innovaciones que rompan con las viejas, caducas y corruptas prácticas, los egresados actuales son cooptados por la propia cultura política judicial, jueces con la misma formación, sometidos al servicio de la cúpula, con los mismos rituales antiguos que ya no responden a las nuevas demandas.

Se requiere una transición jurídica, desde nuevos criterios de selección, hay que establecer una hoja de ruta que señale el cambio de cultura ciudadana, que se definan los nuevos árbitros con nuevos perfiles, nuevos métodos y procedimientos para la selección, nombramientos, permanencia y movilidad.

El ciudadano común exige se termine con la opacidad, el tráfico de influencias, la impunidad, la corrupción. Exige un sistema integral, transparente, eficiente y eficaz. Ojalá que la reforma llegue a la independencia de los fiscales, que no dependan del Ejecutivo federal o estatal. La autonomía presupuestal también es importante, no es posible que los presidentes de los tribunales “discutan” con los ejecutivos el presupuesto anual.

Simple y sencillamente debe ser un porcentaje del presupuesto total y punto. Autonomía en la designación y en la partida y ejercicio presupuestal.

Hay que afinar la solución de intereses, mediación, conciliación, arbitraje en los juicios orales, para que de lo penal se oferte a las otras ramas del Derecho, y la ciudadanía confíe en esa nueva instancia, de la que desconfía por sobradas razones.

Diversas encuestas y organizaciones demuestran el desprestigio social que padecen las instituciones gubernamentales -que desde hace muchos años se ha venido acumulando- principalmente debido a la corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción, que de manera reciente hizo público Transparencia Mexicana, pone a México en el lugar 106 de 175 países.

México se encuentra estancado en la corrupción. El problema es sincrónico. Ninguna institución sale ilesa. La desconfianza ciudadana y el cáncer de la corrupción los padecen los tres poderes y los tres niveles de gobierno, de manera simultánea.

El momento actual obliga al gobierno federal a poner en marcha acciones profundas y radicales. Algunos intelectuales han sugerido la creación de un auténtico Sistema Nacional Anticorrupción que articule las acciones de prevención, control, rendición de cuentas y fiscalización. El esfuerzo anticorrupción debe ser nacional y no sólo federal. A partir del presente mes de enero de 2019, se discute la creación de la Fiscalía y el nombramiento de su titular.

Los funcionarios deben actuar de manera ejemplar, difundiendo sus declaraciones patrimoniales y las de sus familiares cercanos. Los partidos políticos deben privilegiar la ética de sus militantes sobre el dinero -al elegir candidatos- y tienen que disminuir radicalmente sus gastos excesivos, rendición de cuentas y transparentes.

El investigador Lorenzo Meyer, cuestiona: ¿En qué régimen efectivamente democrático la policía local desaparece a 43 estudiantes sin que se vuelva a saber más de ellos o el Ejército fusila in situ, sin juicio, a un grupo de prisioneros sin que ningún mando superior sea castigado? ¿En qué democracia legítima, con la mitad de su población clasificada como pobre se tiene, a la vez, un instituto electoral que consume un presupuesto anual de más de 18 mil millones de pesos, pero cuya credibilidad entre los ciudadanos es de sólo 34%?

Como Corolario, conviene recordar lo que decía Tácito, el historiador, senador, cónsul y gobernador del Imperio Romano: “cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene”.

El Gobierno de la Cuarta Transformación tiene mucha tarea para enderezar el rumbo de México: al servicio del imperio, de los organismos financieros internacionales, de las trasnacionales, la explotación de nuestros recursos naturales por las compañías extranjeras, la banca extranjera, además que en la mayoría de sus instituciones donde le aplaste sale pus.

Pemex como primer ejemplo, donde los del PRIAN suplican que abran los ductos para seguir con la ordeña de 60 mil millones de pesos anuales. Y debe seguir CFE, y así sucesivamente hasta limpiar la explotación ilegal de nuestros recursos por vendepatrias y extranjeros.