/ viernes 27 de septiembre de 2019

EN CARTERA

Corrupción y transparencia internacional

La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que en lo que va de la administración del presidente López Obrador, las denuncias contra funcionarios corruptos aumentaron 40% con respecto al último año del gobierno anterior, reflejado en los datos del Barómetro Global de la Corrupción.

Asimismo, en los primeros diez meses del gobierno de AMLO, la Función Pública ha abierto 18 mil investigaciones y siete mil procedimientos de responsabilidades administrativas.

Sobre los resultados del Barómetro Global de Corrupción dados a conocer el lunes 23 de septiembre próximo pasado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, cabe resaltar que el 61% de los mexicanos valore positivamente la estrategia anticorrupción del gobierno federal. México es una excepción en Latinoamérica, pues en materia de confianza ciudadana se encuentra por encima de países similares como Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Panamá, Costa Rica y Perú. El 57% de la población en los países anteriores califica como negativo el combate a la corrupción, en nuestro país se ha reducido a 36%”.

Transparency International es un movimiento global que comparte una visión: un mundo donde el Gobierno, las empresas, la sociedad civil y la vida cotidiana de las personas se desarrollen libre de corrupción. A través de más de 100 capítulos en todo el mundo y una secretaría internacional en Berlín, lideran la lucha contra la corrupción para convertir esta visión en realidad.

Transparencia Internacional, organización líder en la lucha contra la corrupción a nivel mundial, publica los resultados de la 10.º edición del Barómetro Global de Corrupción para América Latina y El Caribe 2019, encuesta de opinión realizada a la ciudadanía sobre la corrupción y sus experiencias con el soborno. Entre enero y marzo de 2019, se encuestaron más de 17 000 ciudadanos en 18 países de la región.

Los resultados de la última edición del Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe demuestran que los ciudadanos están preocupados por la corrupción pero son optimistas respecto al papel que desempeñan para combatirla. Un promedio del 77% de los ciudadanos piensa que pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción.

Esta energía positiva se puede canalizar empoderando a las personas, la sociedad civil y los medios de comunicación para que denuncien los casos de corrupción y tomen medidas contra ellos.

Que los jueces y magistrados sean percibidos tan negativamente por la población puede ser resultado de la fórmula de la impunidad que hace que la corrupción continúe siendo un “negocio que paga”. Los vencimientos de términos, los beneficios de casa por cárcel a personas involucradas en estos hechos y las bajas sanciones penales han incrementado la demanda ciudadana por lograr mayores castigos a los corruptos.

La corrupción dificulta el crecimiento económico y la prestación de servicios públicos. En algunos casos, la corrupción incluso priva a las personas de sus derechos humanos y dignidad, como cuando se ven obligadas a realizar favores sexuales a cambio de obtener servicios públicos, como aquellos relacionados con la salud y la educación. Esta práctica es conocida como extorsión sexual o “sextorsión”.

A fin de cuentas, las personas tienen el derecho de denunciar los casos de corrupción, exigir a los políticos que actúen con integridad y aprovechar las oportunidades de participar activamente en las decisiones y procesos que afectan sus vidas, familias y comunidades.

En México, el 44% de los encuestados sostienen que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses. El 34% experimentaron extorsión sexual o conocen a alguien que pasó por esta situación. El 20% pagó algún soborno por servicios públicos en los últimos 12 meses. El 50% manifestó que se les ofrecieron sobornos a cambio de votos.

A la pregunta ¿han cambiado los niveles de corrupción en los últimos 12 meses?, los encuestados manifestaron que aumentó el 44% contra el 61% registrado en 2017. Y señalaron que disminuyó la corrupción el 21% contra el 6% registrado en 2017.

En relación al porcentaje de personas que sostienen que la mayoría o todas las personas de estas instituciones son corruptas, los números dicen: la policía el 69%, miembros del congreso 65%, empleados públicos locales 63%, jueces y magistrados 58%, ejecutivos de empresas 47%, banqueros 45%, líderes religiosos 44%, ONGs 44% y periodistas con el 36%.

Los índices de soborno, basados en las personas que utilizaron estos servicios públicos en los últimos 12 meses, nos dicen: Índice general de soborno el 34% (contra el 51% registrado en 2017), policía 52% (contra el 30%), jueces 35% (contra 7%), documentos de identidad 25% (contra 37%), escuelas públicas 19% (contra 33%), clínicas públicas y centros de salud 16% (contra 39%), servicios públicos 30% (contra el 32%).

Ante la interrogante de que ¿el gobierno está actuando bien o mal en la lucha contra la corrupción? Se obtuvieron las cifras siguientes: Bien 61% (contra el 24% registrado en 2017), mal 36% (contra el 61%).

Aún hay más: el director del INEGI el martes 24 del mes en curso dio a conocer la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2018 y señaló que se registraron 33 millones 900 mil delitos del fuero común, lo que equivale a 92 mil 876 delitos por día y 1.07 delitos por segundo. Y las víctimas sumaron 24 millones 700 mil víctimas y en uno de cada tres hogares, una persona lo padeció. Y sólo se denunciaron el 10.6% del total de los delitos y se abrió carpeta de investigación a tan sólo el 6.8% de los casos, es decir, casi 7 delitos se investigan y 93 quedan impunes.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) dio a conocer también sus estadísticas: de enero a agosto de 2019 se cometieron 23 mil 724 homicidios dolosos, lo que equivale a 99 al día, uno cada 15 minutos. Ese es el gran reto de nuestro país, la urgente cuenta pendientes de la 4T: matan a una persona cada 15 minutos y cada segundo se comete un delito.

Las anteriores cifras originan como conclusión para Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y El Caribe 2019 que: es hora de que los dirigentes actúen contra la corrupción, la inseguridad, la impunidad, la violencia con dedicación e integridad. Los países deben cumplir con las obligaciones del Compromiso de Lima firmado en la VIII Cumbre de las Américas, que describe 57 medidas para fortalecer la gobernanza democrática en la lucha contra la corrupción. También es importante recordar que con las leyes no basta. Se necesitan la aplicación y el cumplimiento, en particular, a través de instituciones judiciales fortalecidas.

Corrupción y transparencia internacional

La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que en lo que va de la administración del presidente López Obrador, las denuncias contra funcionarios corruptos aumentaron 40% con respecto al último año del gobierno anterior, reflejado en los datos del Barómetro Global de la Corrupción.

Asimismo, en los primeros diez meses del gobierno de AMLO, la Función Pública ha abierto 18 mil investigaciones y siete mil procedimientos de responsabilidades administrativas.

Sobre los resultados del Barómetro Global de Corrupción dados a conocer el lunes 23 de septiembre próximo pasado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, cabe resaltar que el 61% de los mexicanos valore positivamente la estrategia anticorrupción del gobierno federal. México es una excepción en Latinoamérica, pues en materia de confianza ciudadana se encuentra por encima de países similares como Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Panamá, Costa Rica y Perú. El 57% de la población en los países anteriores califica como negativo el combate a la corrupción, en nuestro país se ha reducido a 36%”.

Transparency International es un movimiento global que comparte una visión: un mundo donde el Gobierno, las empresas, la sociedad civil y la vida cotidiana de las personas se desarrollen libre de corrupción. A través de más de 100 capítulos en todo el mundo y una secretaría internacional en Berlín, lideran la lucha contra la corrupción para convertir esta visión en realidad.

Transparencia Internacional, organización líder en la lucha contra la corrupción a nivel mundial, publica los resultados de la 10.º edición del Barómetro Global de Corrupción para América Latina y El Caribe 2019, encuesta de opinión realizada a la ciudadanía sobre la corrupción y sus experiencias con el soborno. Entre enero y marzo de 2019, se encuestaron más de 17 000 ciudadanos en 18 países de la región.

Los resultados de la última edición del Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe demuestran que los ciudadanos están preocupados por la corrupción pero son optimistas respecto al papel que desempeñan para combatirla. Un promedio del 77% de los ciudadanos piensa que pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción.

Esta energía positiva se puede canalizar empoderando a las personas, la sociedad civil y los medios de comunicación para que denuncien los casos de corrupción y tomen medidas contra ellos.

Que los jueces y magistrados sean percibidos tan negativamente por la población puede ser resultado de la fórmula de la impunidad que hace que la corrupción continúe siendo un “negocio que paga”. Los vencimientos de términos, los beneficios de casa por cárcel a personas involucradas en estos hechos y las bajas sanciones penales han incrementado la demanda ciudadana por lograr mayores castigos a los corruptos.

La corrupción dificulta el crecimiento económico y la prestación de servicios públicos. En algunos casos, la corrupción incluso priva a las personas de sus derechos humanos y dignidad, como cuando se ven obligadas a realizar favores sexuales a cambio de obtener servicios públicos, como aquellos relacionados con la salud y la educación. Esta práctica es conocida como extorsión sexual o “sextorsión”.

A fin de cuentas, las personas tienen el derecho de denunciar los casos de corrupción, exigir a los políticos que actúen con integridad y aprovechar las oportunidades de participar activamente en las decisiones y procesos que afectan sus vidas, familias y comunidades.

En México, el 44% de los encuestados sostienen que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses. El 34% experimentaron extorsión sexual o conocen a alguien que pasó por esta situación. El 20% pagó algún soborno por servicios públicos en los últimos 12 meses. El 50% manifestó que se les ofrecieron sobornos a cambio de votos.

A la pregunta ¿han cambiado los niveles de corrupción en los últimos 12 meses?, los encuestados manifestaron que aumentó el 44% contra el 61% registrado en 2017. Y señalaron que disminuyó la corrupción el 21% contra el 6% registrado en 2017.

En relación al porcentaje de personas que sostienen que la mayoría o todas las personas de estas instituciones son corruptas, los números dicen: la policía el 69%, miembros del congreso 65%, empleados públicos locales 63%, jueces y magistrados 58%, ejecutivos de empresas 47%, banqueros 45%, líderes religiosos 44%, ONGs 44% y periodistas con el 36%.

Los índices de soborno, basados en las personas que utilizaron estos servicios públicos en los últimos 12 meses, nos dicen: Índice general de soborno el 34% (contra el 51% registrado en 2017), policía 52% (contra el 30%), jueces 35% (contra 7%), documentos de identidad 25% (contra 37%), escuelas públicas 19% (contra 33%), clínicas públicas y centros de salud 16% (contra 39%), servicios públicos 30% (contra el 32%).

Ante la interrogante de que ¿el gobierno está actuando bien o mal en la lucha contra la corrupción? Se obtuvieron las cifras siguientes: Bien 61% (contra el 24% registrado en 2017), mal 36% (contra el 61%).

Aún hay más: el director del INEGI el martes 24 del mes en curso dio a conocer la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2018 y señaló que se registraron 33 millones 900 mil delitos del fuero común, lo que equivale a 92 mil 876 delitos por día y 1.07 delitos por segundo. Y las víctimas sumaron 24 millones 700 mil víctimas y en uno de cada tres hogares, una persona lo padeció. Y sólo se denunciaron el 10.6% del total de los delitos y se abrió carpeta de investigación a tan sólo el 6.8% de los casos, es decir, casi 7 delitos se investigan y 93 quedan impunes.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) dio a conocer también sus estadísticas: de enero a agosto de 2019 se cometieron 23 mil 724 homicidios dolosos, lo que equivale a 99 al día, uno cada 15 minutos. Ese es el gran reto de nuestro país, la urgente cuenta pendientes de la 4T: matan a una persona cada 15 minutos y cada segundo se comete un delito.

Las anteriores cifras originan como conclusión para Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y El Caribe 2019 que: es hora de que los dirigentes actúen contra la corrupción, la inseguridad, la impunidad, la violencia con dedicación e integridad. Los países deben cumplir con las obligaciones del Compromiso de Lima firmado en la VIII Cumbre de las Américas, que describe 57 medidas para fortalecer la gobernanza democrática en la lucha contra la corrupción. También es importante recordar que con las leyes no basta. Se necesitan la aplicación y el cumplimiento, en particular, a través de instituciones judiciales fortalecidas.

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